El asesinato de una mujer, el jueves, a manos de su esposo, fue noticia principalmente porque el hecho ocurrió a plena luz del día… y frente a Casa Jalisco. En otras circunstancias, posiblemente el hecho no habría ido más allá de las estadísticas que consignan, por ejemplo, que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Jalisco se registraron mil 134 casos de violencia física contra mujeres en los tres primeros meses del año: en promedio, doce al día. A nivel nacional, hasta el año pasado se tenía un registro promedio de siete asesinatos de mujeres al día; ese promedio, este año, ha subido a diez. En Jalisco, según datos de la Fiscalía del estado, se reciben 31 llamadas diarias, de mujeres, al teléfono de emergencia 911, para solicitar auxilio por violencia, y entre 25 y 30 denuncias formales por violencia intrafamiliar.Más allá de las sutilezas semánticas que pretenden trazar límites entre feminicidios y asesinatos de mujeres, la presión social desatada por el episodio de la semana pasada (la exigencia de un centenar de manifestantes de que el Gobernador y el Fiscal del estado renunciaran, entre otras) generó reacciones del aparato gubernamental: la propuesta de someter a los acusados de violencia contra las mujeres, a “cursos inductivos obligatorios”, o la de aplicar “medidas de seguridad”- además de “darles seguimiento para asegurarse de que se cumplan”-, en beneficio de las denunciantes.Si en el fondo del problema está “la descomposición social”, como apuntó el Gobernador al ser interpelado por las manifestantes, es obvio que las medidas que implemente el aparato gubernamental para reducir esos delitos -como el de los homicidios, que se han multiplicado de manera exponencial en Guadalajara y municipios conurbados-, difícilmente conseguirán, en los hechos, la calificación aprobatoria. Ni hay policías suficientes para custodiar a cada víctima potencial de esos delitos (en Guadalajara, hasta la semana pasada, había 297 “órdenes de protección”, con una vigencia de 30 días cada una), ni hay ninguna garantía de la eficacia del sistema… ni las mismas potenciales víctimas querrían, probablemente, en muchos casos, ese tipo de protección.Lo escandaloso del episodio del jueves pasado movilizó el avispero del aparato burocrático. A medida que los ecos de la protesta social se diluyan, la “operación semanal” de las “mesas de trabajo” se espaciará; la implementación de “seguimientos” y “protocolos” se relajará…, y aquí, señor - ya lo veremos…- no ha pasado nada.
