Fiasco
El fracaso del operativo para capturar al hijo del “Chapo” marca un antes y un después para el Gobierno de López Obrador
Las imágenes parecen arrancadas de una historia de terror. Culiacán, la capital de Sinaloa, convertida en un campo de batalla no tan distinto a Siria o Iraq. Columnas de humo, automovilistas atrapados entre el fuego cruzado, familias escondidas en cafés, niños que quieren saber qué está pasando, militares acechados, policías incapaces y una falta de autoridad inexplicable. El sueño obradorista, aquél que sentenciaba que la guerra había concluido por la mera voluntad presidencial, se desmorona en un instante. Una ciudad tomada, en menos de dos horas, por uno de los cárteles más poderosos del mundo. El Estado rebasado y humillado.
El operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del “Chapo” -sentenciado de por vida en los Estados Unidos-, fue un fracaso monumental. Una mezcla entre irresponsabilidad, ineptitud, falta de diagnóstico y contradicciones. Y no sólo eso, el día siguiente -viernes 18 de octubre-, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la gran oportunidad para asumir una dura autocrítica y la dejó escapar. Una dura autocrítica por autorizar un operativo de captura sin el mínimo análisis necesario, poniendo en peligro la vida de las fuerzas del orden y la seguridad de la población en Culiacán. Y lo peor es que algunos allegados al Gobierno de la Cuarta Transformación dicen que el Presidente “fue responsable al entregar al hijo del “Chapo” para no poner en riesgo a la población”. Qué argumento: el Gobierno Federal provoca el problema y luego debemos aplaudir que intente remediar su desastre.
Por supuesto que es grave volver a constatar que los cárteles del crimen organizado, que han crecido durante décadas por el prohibicionismo y las erradas estrategias de combate a las drogas, pueden poner “patas arriba” a una ciudad en poco tiempo. Y es que no hay soberanía sin control territorial. López Obrador puede hablar mucho del retorno al soberanismo, a un Gobierno que defiende los intereses nacionales, sin embargo en el fiasco de Culiacán está claro que Estados Unidos sigue mandando en la política criminal en México -particularmente aquella que se refiere a las drogas- y que estamos muy lejos de recuperar los territorios que el narcotráfico ha cooptado. La soberanía es preminencia del Estado y la ley, lo contrario a los hechos de Culiacán.
No obstante, lo peor es la credibilidad de un Gobierno que todavía no cumple un año y que está severamente señalado por su inexistente estrategia de combate al crimen organizado. En más de 10 meses, todavía no sabemos qué diferencia hay entre este Gobierno apoyado en los militares y la Guardia Nacional, y la política de seguridad de sexenios anteriores. Es decir, la credibilidad se difumina cuando no hay claridad en la forma en que se piensa combatir a la delincuencia y, peor, la implementación de los operativos deja mucho que desear. El saldo de la intervención en Culiacán fue de ocho muertos, 16 heridos y 51 reos que decidieron aprovechar la anarquía para fugarse. En la misma semana en que policías fueron emboscados y asesinados en Michoacán y que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, banalizó lo que sucede a diario con la violencia en México.
En el mismo sentido, esas frases ocurrentes, tan pegadoras, que son columna vertebral del discurso de López Obrador hoy comienzan a revertírsele. Los “fuchi”, “guacátela”, “hablen con sus hijos, mamás”. Todas ellas son frases que, desde mi punto de vista, se sobredimensionaron en su momento. Muchas veces con el ánimo de hacer una oposición a todo lo que haga o diga López Obrador. No obstante, en esta coyuntura se convierten en palabras frívolas ante la compleja realidad que vivimos. En un país, como se demuestra en Culiacán, en donde el narcotráfico está metido hasta las entrañas del tejido social, entre empresarios, políticos, la narrativa presidencial no puede centrarse, a diario, en intentar convencer a los delincuentes de que dejen de lastimar a la sociedad. El voluntarismo tiene sus límites.
Este Gobierno, que llegó con tanto apoyo popular, corre un grave riesgo: qué sea visto como bien intencionado, pero incapaz. Con el punto de mira bien enfocado, pero con una ineficiencia marcada a la hora de implementar sus decisiones. Peña Nieto que comenzó siendo visto casi como un estadista que le abría las puertas de la modernidad a México con sus reformas estructurales, terminó siendo visto como un corrupto y como un incapaz digno de memes diarios.
En la lógica presidencial, la obradorista, los cómo se pueden obviar. Es una visión moralista que asume que si los fines son los correctos, si el horizonte a dónde se va es el adecuado, la forma de llegar ahí es lo de menos. Parafraseando a Séneca: el viento será favorable para quien sabe a donde va.
En cualquier país, el fiasco del jueves hubiera tenido consecuencias. Alfonso Durazo ha demostrado su incapacidad para transmitir paz a la ciudadanía en estos 10 meses. De entrada, permitió que fuera opacado por el liderazgo de los militares en la política de combate a la violencia. La Secretaría de Seguridad es un ornato, pero el auténtico poder está en SEDENA. Y su gestión de la crisis fue desastrosa: tardía, llena de contradicciones y con vacíos de información inexplicables. Durazo tendría que renunciar, pero como no lo va a hacer, López Obrador debería de dar un golpe de timón y relevar a Durazo con un perfil que resulte confiable en esta coyuntura.
Nadie sensato puede negar que López Obrador se encontró con este problema. El sexenio de Enrique Peña Nieto fue aún más sangriento que el de Felipe Calderón. Y este último debería callarse en lugar de estar politizando una agenda que él mismo pidió despolitizar. Es la pequeñez de nuestra clase política que no es capaz de comportarse congruentemente tanto en el Gobierno como en la oposición. Sin embargo, la historia la conocemos todos. Y López Obrador fue electo para encontrar soluciones no para recordarnos a los culpables. La ciudadanía puede aguantar el bajo crecimiento económico y las turbulencias que genera el combate a la corrupción. Pacificar México es el gran desafío de López Obrador y, hoy por hoy, la realidad nos demuestra que su proyecto no tiene ni idea de cómo llegar a ahí. Culiacán tiene que ser un antes y un después.