Para evitar nuevos fraudes, la SISEMH blindará convocatoria de apoyos “Fuerza Mujeres”
"Estamos registrando muy minuciosamente aquellas áreas de oportunidad y mejora en las reglas de operación para poder hacer toda una reingeniería", dijo secretaria Paola Lazo Corvera
Luego de que se diera a conocer la denuncia por parte de la Contraloría del Estado por el fraude en el programa “Fuerza Mujeres”, ofrecido por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), la titular de esta dependencia, Paola Lazo Corvera, informó que se buscará cambiar las reglas de operación del mismo a fin de evitar que vuelvan a presentarse irregularidades en la entrega del recurso.
Dichas anomalías, dijo, se identificaron desde el año pasado cuando los recursos fueron ofertados en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19 para apoyar la economía de las mujeres jaliscienses, pues la Secretaría recibió reportes sobre funcionarias al interior del Estado que buscaban inscribirse, así como de algunos trabajadores que estaban haciendo uso político del apoyo de cara a las elecciones desarrolladas el 5 de junio pasado.
“En este sentido nosotros hacemos una evaluación interna de cómo vamos desarrollando los programas y su implementación. Estamos registrando muy minuciosamente aquellas áreas de oportunidad y mejora en las reglas de operación para poder hacer toda una reingeniería para la construcción de las reglas del siguiente año, de manera que se puedan poner medidas y candados más seguros. Vivimos en una cultura donde los actos de corrupción están tan normalizados y la gente busca cómo beneficiarse de manera tramposa o queriendo abusar de otros, y tenemos que ser muy cautelosas y cuidadosas para el año próximo”, explicó Lazo Corvera.
De acuerdo con lo informado por la Contraloría el pasado lunes, se detectaron redes que tendrían dos principales esquemas de operación: en el primero se añadía a las beneficiarias del programa, residentes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, a un grupo de WhatsApp refiriéndoles que el recurso era a fondo perdido y por esta “asesoría” se les cobraba la mitad del recurso. A las mujeres se les registró en municipios foráneos donde aún había espacios disponibles falsificando comprobantes de domicilio.
En el segundo caso se reunía en grupos de WhatsApp a beneficiarias que sí residían en sus municipios y se les pedía invitar a otras mujeres a que se inscribieran en el programa, solicitándoles también parte del apoyo económico a cambio de proporcionarles facturas para su comprobación de gastos ante la Secretaría.
“A partir de ahí lo detecta la dirección de desarrollo de capacitación de las mujeres y se lo reporta a la dirección jurídica y empiezan a hacer visitas para poder detectarlo. Al principio se pusieron seis denuncias por parte de la Secretaría y luego ya fue que le derivamos todo al Órgano Interno de Control y ya entró la Contraloría. En este sentido estamos con la preocupación de que el recurso se ejerza de la manera adecuada, transparente, que no engañen a nadie. Tenemos toda la disposición de colaborar con la contraloría para que se pueda detectar y frenar cualquier abuso de los recursos que son públicos”, expresó Lazo Corvera.
Por estos casos, en los cuales se registraron afectaciones a al menos 65 mujeres beneficiarias del programa, la Contraloría presentó cuatro denuncias penales ante la Fiscalía del Estado. Al respecto, Lazo Corvera añadió que, de resultar algún funcionario o funcionaria como responsable de estos hechos, se iniciará también la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
De acuerdo con las estimaciones de la Contraloría, los daños por estos fraudes se estiman en 1.5 millones de pesos, sin embargo, la secretaria detalló que el monto corresponde a una estimación hecha “en caso de que no se hubiera detectado el problema a tiempo”, pero como sí se logró identificarlo, las pérdidas ascienden a 290 mil pesos.
La secretaria añadió que además de garantizar que los recursos sean entregados y utilizados de manera adecuada, se buscará, en caso de que así lo requieran las personas denunciantes, darles las medidas de protección necesarias ante las amenazas que han recibido luego de denunciar las anomalías señaladas. “Nosotros tenemos que garantizar que no se vayan a ver afectadas en su seguridad y su integridad por denunciar. Ese acompañamiento lo estamos haciendo, igual en caso de que requieran algún acompañamiento psicoemocional”, dijo Lazo Corvera.
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