Contraloría detecta anomalías en OPD Salud Jalisco
La contralora, Teresa Brito Serrano, informó que en breve presentarán los resultados completos de 14 revisiones que hicieron
La Contraloría estatal identificó irregularidades en las auditorías que realizó a las áreas de adquisiciones y almacén del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco. La contralora, Teresa Brito Serrano, informó que en breve presentarán los resultados completos de 14 revisiones que hicieron; adelantó que iniciaron tres procedimientos de responsabilidad administrativa y dejó abierta la posibilidad de que presenten denuncias.
"Se puede hablar de observaciones que no fueron solventadas. Los procedimientos continúan, la investigación continúa. Hubo hallazgos particularmente en el manejo de almacenes y en las regiones sanitarias, estos hallazgos nos hablan de un severo descontrol en algunas áreas. Tenemos ya caminados tres procedimientos de responsabilidad administrativa", expuso.
Brito Serrano dijo que su revisión es independiente de la reingeniería en el OPD y la remoción de la titular Consuelo Robles y otros funcionarios, insistió en que esos movimientos no son resultado directo de sus investigaciones, aunque admitió que sí están vinculados. La contralora apuntó que se requiere mayor liderazgo y coordinación entre los titulares del OPD y de la Secretaría de Salud.
La contralora comentó que acompañarán los procesos de entrega recepción con la salida de los catorce funcionarios que fueron removidos, entre los que está el encargado del órgano interno de control del OPD.
"Nuestra auditoría administrativa tiene que relacionar la titularidad tanto en el OPD de Salud como en la secretaría, ellos están consientes de eso, hay una vinculación y a todos nos interesa que en ambos frentes sobre todo haya responsabilidad y una cabal coordinación", añadió.
En el caso de faltas administrativas no graves son sancionadas directamente por la Contraloría y la penalización máxima es la inhabilitación hasta por un año. En caso de determinarse como falta grave corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa revisar los casos y la pena máxima es hasta de 20 años de inhabilitación. Ambos procesos son independientes de posibles denuncias penales si detectan indicios de un posible delito.
LS