Cautivo de sus palabras
El capital político es el margen de maniobra que tiene un gobernante para cambiar las cosas
Dice el proverbio chino: el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice.
En 2012, el bipartidismo murió en Jalisco. El PRI ganó la gubernatura por la inercia federal, pero su declive era inevitable. El PAN agonizaba luego de los escándalos del gobernador Emilio González Márquez y los casos de corrupción que lo sacudieron. Enrique Alfaro fue la alternativa ante la descomposición del turnismo entre ambos partidos —ahora yo, después tú—. Desde 2015, Movimiento Ciudadano es la principal fuerza política de Jalisco. En las últimas elecciones, el alfarismo ganó entre ricos y pobres, conservadores y liberales, urbanitas y habitantes de pequeños poblados. La transversalidad marcó al alfarismo y su capacidad para disputar las guerras culturales en distintas trincheras. La movilidad es un ejemplo claro.
Enrique Alfaro, como alcalde de Tlajomulco, líder de la oposición o primer edil de Guadalajara, se posicionó en contra del proyecto de movilidad del PRI. Criticó las alzas a las tarifas del transporte público. Criticó que la decisión sobre la tarifa se tomara de forma politizada. Propuso, en 2015, subsidiar el transporte público. Dijo que la tarifa no podía tocarse hasta que el cambio en el transporte público fuera una realidad. Es decir, cualquier alternativa menos trasladarle el costo a ese 60% de jaliscienses que se mueve en transporte público. Posiciones así sostuvo el hoy gobernador en agendas polémicas como El Zapotillo o los casos de corrupción en el sexenio anterior. La construcción de Alfaro como opción de Gobierno se hizo siempre desde la lógica de la victoria moral sobre el bipartidismo que agonizaba.
Por ello, activistas con prestigio de la sociedad civil se adhirieron a los gobiernos de Movimientos Ciudadano. Mario Silva, Jesús Carlos Soto Morfín, Libertad Zavala, Carlos López Zaragoza y un larguísimo etcétera pasaron del activismo social a la responsabilidad en gobiernos. Es difícil entender el ascenso de MC sin tomar en cuenta el despertar de la conciencia en torno a la movilidad no motorizada, el medio ambiente, la ciudad incluyente. No voy a sorprender a nadie con esta aseveración: el alfarismo logró hegemonizar el relato sobre el tipo de ciudad que debíamos construir de cara al futuro. Por ello, Guadalajara se tiñó de naranja desde 2012; Aristóteles Sandoval alcanzó Casa Jalisco por la fuerza del PRI en los municipios del interior.
El problema es que una cosa es ser oposición y otra ser gobernador. Desde la oposición, las posturas no tienen costo. Puedes prometer el cielo y las estrellas. Decir que es posible construir El Zapotillo a 80 metros y no poner en riesgo a Temacapulín; decir que es posible abatir el rezago de infraestructura sin solicitar un centavo de deuda; decir que se puede acabar con las inundaciones con voluntad política, y hasta que el incremento en el costo del transporte público es una “cuchillada” al pueblo.
Enrique Alfaro siempre supo que más temprano que tarde debía dar luz verde a los aumentos aprobados en la administración de Aristóteles Sandoval. La tarifa en Jalisco no era sostenible mucho tiempo más. Mantener bajo el costo del transporte público hubiera obligado al Gobierno a inyectar más de tres mil millones de pesos en subsidio. Empero, la terca realidad no quita que el gobernador sea esclavo de sus palabras. Cuando la estrategia es polarizar con los gobiernos anteriores para demostrar que tú nunca harías lo mismo, luego, cuando tomas las mismas decisiones que criticaste ácidamente, el costo político es mayor.
No obstante, la manera de abordar el incremento resulta difícil de explicar. Primero, porque los aumentos estaban “indexados” a la modernización de los camiones y la migración a la ruta empresa. Cumplías los criterios marcados por la Norma Técnica y articulabas una empresa que corría por una ruta, entonces accedías al ajuste tarifario. Enrique Alfaro es un gobernador que no le teme al desgaste. Él quiso dar la cara ante el aumento, no esconderse, pero eso le supone un golpe tremendo en su imagen.
Segundo, se pudo haber construido una red de protección más robusta que redujera el impacto socioeconómico a los más desfavorecidos. No niego la importancia de esa petición de buena voluntad a los empresarios. Ese llamado a que tomen conciencia y otorguen un apoyo de entre 200 y 300 pesos mensuales a sus trabajadores que se mueven en transporte público. No obstante, es mero voluntarismo, no es un derecho o una prestación. La universalización del prepago podría suponer subsidios más fuertes a ese 50% de usuarios del transporte que no pueden pagar los 9.50 pesos. El subsidio generalizado no es la opción, pero sí uno focalizado en ampliar el apoyo a estudiantes, trabajadores empobrecidos, madres solteras. La protección de los trabajadores es una obligación del Estado no una muestra de caridad del empresariado.
Tercero, un gobernador debe traicionarse en múltiples ocasiones para avanzar en su proyecto, pero sin comprometer los principios que lo llevaron a la silla. Es iluso quien crea que es posible una administración en donde todas las políticas públicas respondan a rajatabla a los principios enarbolados en el pasado. El ejercicio del poder supone equilibrios y ceder en muchas ocasiones.
Sin embargo, el gobernador no puede distanciarse en demasía de ese líder político, alguna vez rupturista, que prometía transformar la realidad. El capital político es credibilidad y se finca en los compromisos que el gobernador hizo con los jaliscienses.
Y, cuarto, ¿por qué no explorar vías más arriesgadas? Por ejemplo, comenzar un gradual proceso de estatización del transporte público. El pasado nos ha dejado una aversión a lo público. Creemos, por ideología, que lo privado es superior a lo público. Que el Estado es inepto y los concesionarios son los adalides de la eficiencia. Pues, no. El Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) es público y funciona perfectamente.
Respetar la palabra dada no es atesorar celosamente el capital político como sinónimo de ego o arrogancia. El compromiso y el cumplimiento de un gobernador es el nexo que lo legitima con la ciudadanía. Es un cimiento de la gobernanza. La muerte del bipartidismo en Jalisco vino de la mano de gobiernos que hicieron eso mismo que criticaron desde la oposición. Los nuevos tiempos políticos ya no dan capitales políticos eternos. No se ganan con meros discursos o con dinero para operar las estructuras clientelares. La confianza se pierde y no regresa.