Emite la CEDHJ cinco recomendaciones por desaparición y detenciones ilegales
La CEDHJ informó que su titular, Luz del Carmen Godínez González, presentó cinco Recomendaciones a autoridades municipales y estatales
Este lunes la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) informó que su titular, Luz del Carmen Godínez González, presentó cinco Recomendaciones a autoridades municipales y estatales: tres de ellas por desaparición de personas y dos por detenciones ilegales.
La primera de ellas es la Recomendación es la 33/22 por desaparición de una persona y por la omisión de autoridades estatales en la implementación de acciones suficientes para garantizar y proteger el derecho contra la desaparición forzada y la cometida por particulares.
Los hechos se denunciaron ante la defensoría el 8 de agosto de 2016 por la desaparición de José Luis Arana Aguilar. La defensoría documentó una "deficiente actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito, así como nulas o pocas acciones de búsqueda y localización de la persona desaparecida", por lo que solicitó al Fiscal del Estado y a la Fiscal Especial en Personas Desaparecidas que se inscriba a la víctima directa y a las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que se les otorgue la atención y reparación integral del daño.
Instruyó al agente del Ministerio Público se continue con la integración de la averiguación previa, y genere las medidas eficaces para la búsqueda y localización efectiva de la víctima, y se logre la identificación y detención de los probables responsable, y que se realice una revisión de la averiguación previa del caso para su correcta integración.
La Recomendación 34/22 se emitió por la desaparición de cuatro personas en el municipio de Ocotlán "al evidenciar que autoridades no implementaron acciones suficientes para garantizarles el derecho de todas las personas contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares", tras comprobar que elementos de la Comisaría de Ocotlán, no cumplieron con su obligación de cuidar y proteger, y realizaron dolosamente la detención de las víctimas directas, mismas que no han sido localizadas.
Por ello pidió al Fiscal del Estado, a la Fiscal Especial en Personas Desaparecidas y al Presidente Municipal de Ocotlán que realicen las acciones necesarias para que se inscriba a las víctimas directas, en el Registro Estatal y Nacional de Víctimas, y que instruyan al Ministerio Público para que de manera exhaustiva continúe con la integración y perfeccionamiento y genere las medidas eficaces para la búsqueda y localización efectiva de las víctimas.
Al Presidente Municipal y al Comisario de la Policía Preventiva y Vialidad de Ocotlán les solicitó instruyan a la Dirección de Asuntos Internos para que se inicie, tramite y concluya, procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos involucrados y se agregue en su expediente laboral.
La Recomendación 35/22 se emitió por la desaparición de Óscar Antonio López Enamorado, "derivado de la omisión de las áreas encargadas de la seguridad pública, procuración y acceso a la justicia del Estado para prevenir y, en su caso, evitar su desaparición, ni realizar la búsqueda bajo estándares y protocolos aplicables".
La madre de Óscar Antonio refirió a la Comisión que en enero de 2020 se cumplieron 10 años de la desaparición de su hijo único, y que, a la fecha, la Fiscalía del Estado no le ha compartido información que le garanticen el acceso a la verdad y a la justicia.
"En la investigación realizada por la defensoría se documentó la deficiente actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito, la nula o pocas acciones de búsqueda y localización efectiva", por lo que pidió al Fiscal del Estado y a la Fiscal Especial en Personas Desaparecidas que inscriban a la víctima directa, a su madre y a los familiares en el Registro Estatal y Nacional de Víctimas.
También pidieron que instruyan al Ministerio Público para que genere las medidas eficaces para la búsqueda y localización efectiva de la víctima, mientras que a la dirección General de Visitaduría de la Fiscalía del Estado se le pidió la carpeta de investigación del caso para su correcta integración.
Por último, al Órgano Interno de Control del IJCF que inicie una investigación administrativa en contra de las y los peritos involucrados en el presente caso, en virtud de que el cadáver masculino localizado fue incinerado sin contar con dictamen de ADN.
En la recomendación 36/22 se suscribe una detención ilegal y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra una persona por parte de la Policía de Tlajomulco de Zúñiga, caso denunciado el 25 de abril de 2021.
La queja fue presentada por una defensora pública federal a favor del agraviado "por violaciones graves a sus derechos humanos". El peticionario señaló que se encontraba en su taller cuando observó a un policía en la azotea de su casa, quien le apuntó con un rifle, ingresó por el patio y le colocó aros aprehensores, posteriormente fue trasladado a un módulo de la Comisaría de Tlajomulco de Zúñiga, donde nuevamente fue agredido a golpes en la cabeza con una tabla.
"Se comprobó que los policías responsables falsearon información e incumplieron con el deber al servicio público, por lo que la jueza que conoció la causa penal calificó de ilegal la detención y determinó su libertad", por lo que pidió al alcalde de Tlajomulco que en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, inscriba a la víctima directa en el Registro Estatal de Víctimas, se le brinde atención psicológica y salud mental, y capacitación a los policías involucrados en temas de derechos humanos, además de que se adjunte la recomendación en los expedientes laborales de los elementos.
Pidió se instruya al personal de la Comisaría para que al momento de una detención no los trasladen a módulos o sectores operativos de la Comisaría, sino que se presenten de manera inmediata ante la autoridad competente, y que se contemple la adquisición e instalación de cámaras de videovigilancia en los sectores de la corporación, así como la adquisición de un sistema GPS para las patrullas que no cuentan con uno.
Por último se encuentra la Recomendación 37/22 "por violaciones graves a derechos humanos de una persona, cometidas por elementos de la Comisaría de San Pedro Tlaquepaque, y en la cual el agraviado manifestó que cuando circulaba en su vehículo elementos de la Comisaría lo chocaron con la patrulla y emprendieron una persecución injustificada en su contra.
"En el trayecto, los policías accionaron sus armas para impactar sus neumáticos. Señaló que con violencia lo esposaron, lo privaron de su libertad y fue víctima de amenazas, lesiones, robo y daño en las cosas", dijo la CEDHJ.
En el caso se documentó que los policías cometieron una desaparición forzada y vulneraron sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad, seguridad personal, libertad y al trato digno, por lo que pidió a la alcaldesa de Tlaquepaque que en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se inscriba a la víctima directa en el Registro Estatal de Víctimas, se le brinde atención psicológica y salud mental, y capacitación a los policías involucrados en temas de derechos humanos.
Como medida de compensación, pidió se realice la reparación económica por el daño ocasionado, y que se agregue copia de la recomendación a los expedientes laborales de los policías involucrados.
Por último, pidió que se contemple la implementación de un sistema de GPS en el parque vehicular de la comisaria municipal.
Emiten las recomendaciones bajo estructura especializada
La titular de la CEDHJ, explicó que las citadas recomendaciones se elaboraron bajo la "Estructura para Proyectos de Resolución de Recomendaciones", que comprende los siguientes capítulos: I. Antecedentes y hechos, II. Evidencias, III. Motivación y fundamentación, IV. Reparación del daño, V. Conclusiones y Recomendaciones.
"Buscamos que se emitan Recomendaciones alcanzables, con puntos recomendatorios que sí sean pertinentes para las dependencias, y que puedan buscar la reparación del daño y la restitución de los derechos vulnerados a los ciudadanos".
El objetivo principal, dijo, es la conciliación entre la o las victimas a quienes se les vulneraron sus derechos humanos con las autoridades señaladas. "Cuando se califica esta queja del ciudadano, se pasa a una visitaduría, que es la que atiende y es la que integra la investigación, desahoga todo el proceso para validar si es que hubo una violación a los derechos humanos, buscamos, restituir el derecho humano de manera inmediata, implementar medidas cautelares, y solamente si la autoridad no accede a estas medidas y no hay una conciliación, es que emitimos una Recomendación", señaló la titular.
El dato
La CEHDJ ha emitido mil 968 medidas cautelares, atendido 480 quejas rezagadas y logrado la reparación del daño de varios casos por casi dos millones de pesos.
Además, la CEDHJ destacó que de agosto a noviembre de 2022, la Dirección de Seguimiento logró que las autoridades municipales y estatales cumplieran la reparación integral del daño a través de las siguientes medidas:
Dos medidas de compensación (indemnización), 138 medidas de satisfacción (sanciones) 10 medidas de rehabilitación (atención médica y psicológica) 55 medidas de no repetición (cambios de prácticas administrativas).
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