La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió recomendaciones a agentes del ministerio público, policías investigadores de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco por su actuación en la investigación y localización de 35 personas, así como por la victimización secundaria que han sufrido sus familiares.Las 35 personas, una mujer y 34 hombres, desaparecieron entre 2015 y 2023. Desde entonces sólo seis han sido localizadas, todas sin vida, con lo que aún hay 29 personas sin encontrar.Estas recomendaciones solicitan a las dependencias gubernamentales inscribir a las víctimas directas e indirectas en el Registro Estatal de Víctimas para que se garantice la atención y reparación del daño. En tanto, a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas se le recomienda instruir a sus agentes del ministerio público en los estándares que deben regir las investigaciones de desaparición de personas para que lleven a una búsqueda efectiva. Además, se exhorta a capacitar a su personal en materia de derechos humanos.Al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se le pide agotar las diligencias, protocolos, acciones, pruebas y análisis con el fin de identificar los cuerpos de las personas que son llevadas al lugar de manera inmediata. Por su parte, la CEDHJ hace un llamado a la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco para seguir las labores de búsqueda de las personas que aún están desaparecidas. A la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco se le recomienda seguir brindando apoyo a las víctimas.“En todos los casos documentados se observó una serie de irregularidades que, hasta el momento, han impedido la localización de veintinueve personas, así como el conocer la identidad y el paradero de los responsables de las desapariciones y de la muerte de las seis personas localizadas, por lo que se ha obstaculizado el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño”, se lee en el comunicado de la CEDHJ.La Comisión detalló que el 23 de febrero de 2015 dos hombres desaparecieron en el municipio de Arandas, en un lote de autos usados. Un día después sus familiares levantaron la denuncia por desaparición. Sin embargo, las acciones de búsqueda y localización no fueron inmediatas, oportunas, transparentes, útiles, ni con rigor científico. Tampoco se solicitó investigación a otras entidades federativas o a nivel nacional, así como no se realizaron búsquedas individualizadas.“(Los servidores públicos de estas dependencias) son responsables de la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia y el derecho al acceso a la justicia; a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la verdad y al recurso judicial efectivo, en agravio a las personas desaparecidas y de sus familiares y quien tenga derecho, como víctimas indirectas”, añadió la CEDHJ.El organismo defensor de derechos humanos concluyó que las instituciones involucradas en la búsqueda de personas no cuentan con los recursos humanos y materiales, las medidas, políticas públicas y herramientas necesarias para prevenir y evitar que desaparezcan personas en Jalisco. YC
