Juicio político contra Guillermo Lasso: de qué se le acusa al presidente de Ecuador
La Corte Constitucional de Ecuador admitió la solicitud de la Asamblea Nacional para llevar a juicio político al presidente
El juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, al cual dió luz verde la Corte Constitucional la semana pasada, empieza este martes.
Lasso podría ser destituido si el parlamento, dominado por la oposición, logra una mayoría suficiente de más de dos tercios de la cámara, es decir, al menos 92 del total de 137 asambleístas.
La solicitud de juicio fue presentada ante la Corte Constitucional por una mayoría de la oposición de la Asamblea Nacional, alegando presuntos delitos contra la administración pública y supuesto peculado o malversación de fondos.
Los legisladores de la oposición acusan al mandatario de mantener vigente un contrato con la compañía de transporte petrolero Amazon Tanker Pool Company que presuntamente perjudicaba al Estado ecuatoriano, a pesar de las recomendaciones de distintas instancias para terminar unilateralmente con este acuerdo.
La Corte determinó el miércoles pasado que el delito de peculado sí se enmarca dentro de los presupuestos de admisibilidad.
Pero el organismo decidió no admitir otras dos acusaciones, sobre presunto delito de concusión, que también le imputaba a Lasso la oposición liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
"El pleno resolvió inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado", señala un comunicado publicado por la Corte Constitucional.
El organismo determinó que los cargos presentados por los asambleístas sobre el presunto delito de concusión (delitos contra la administración pública) "no cumplen" con las exigencias que establece la ley.
En un comunicado posterior a la decisión de la corte, el gobierno de Guillermo Lasso rechazó la decisión y dijo que ésta "de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del Presidente".
"El planteamiento de la Asamblea Nacional nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico, ni político alguno", indicó el texto de la presidencia difundido en redes sociales.
Lo que sigue
La Asamblea Nacional tiene un plazo máximo de hasta 45 días para someter al mandatario al proceso de enjuiciamiento.
El proceso deberá seguir la presentación de argumentos y una votación.
Para destituir al mandatario se requiere una mayoría de 92 votos, equivalente a dos terceras partes de la cámara.
La iniciativa de llevar al mandatario a juicio político llegó a la Corte Constitucional después de pasar por varias instancias en la Asamblea.
El presidente ecuatoriano envió a su vez al organismo un documento de 91 páginas de descargo para que el tribunal desechara el pedido de la Asamblea.
Argumentó que no se justificaba ni probaba ninguna acusación y que la petición fue presentada fuera de plazo, así como que el expediente tampoco estaba completo, lo que no tuvo acogida.
Lasso, quien asumió la presidencia en mayo de 2021, niega las acusaciones y afirma que la Asamblea está intentando "desestabilizar" su gobierno.
El presidente ya sobrevivió en junio pasado a un intento de la Asamblea para destituirlo.
El intento se dio en medio de un paro indígena que condujo a protestas violentas durante casi tres semanas exigiendo la reducción del precio de los combustibles.
El proceso de destitución, sin embargo, no alcanzó los 92 votos necesarios para quitar a Lasso de su cargo.
Posibilidades
Ecuador se ha visto sacudido en los últimos años por inestabilidad social y política, con tres presidentes destituidos entre 1997 y 2005.
Con un poderoso movimiento indígena y masivas protestas, ahora vuelve a rondar sobre el país la inestabilidad política.
En meses recientes el gobierno de Lasso ha enfrentado violentas manifestaciones contra el alto costo de vida que dejaron seis muertos.
Si el presidente ahora llegara a ser destituido, le sucedería el vicepresidente Alfredo Borrero.
Pero en la prensa ecuatoriana se especula con la posibilidad de que el presidente invoque el artículo 148 de la Constitución, conocido como "muerte cruzada", con el objetivo de disolver la Asamblea y convocar a elecciones generales.
Para invocar este artículo, el mandatario debe regirse por una de las tres causales que se establecen en la norma y obtener un dictamen favorable de la Corte Constitucional.
Las causales son que la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, o si de forma reiterada e injustificada los legisladores obstruyen la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, y -por último- ante una grave crisis política y conmoción interna.
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JM