Desafían al presidente Ortega tras prohibición de marchas
La Policía reprime con bombas aturdidoras una protesta contra el mandatario nicaragüense
Policías antimotines dispersaron con bombas aturdidoras y a golpes una marcha que la oposición pretendía realizar en la capital para demandar la salida del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a pesar de la advertencia de la Policía Nacional de llevar “ante la justicia” a sus líderes al considerar “ilegales” las protestas.
Antimotines armados y con el rostro cubierto con pasamontañas negros se concentraron temprano en la rotonda Cristo Rey de Managua, desde donde partiría la marcha “Nicaragua en rebeldía”, para impedir que los opositores se reunieran.
Ante el asedio policial, los manifestantes decidieron iniciar su recorrido en un punto cercano, donde también fueron acorralados y perseguidos por varias patrullas repletas de antimotines hasta un barrio cercano llamado El Riguero. “Los policías comenzaron a tirar bombas, es un abuso, (pero) haga lo que haga (el presidente) va a tener que salir del Gobierno”, dijo un manifestante.
La marcha fue bloqueada un día después de que la Policía Nacional declaró las manifestaciones opositoras “ilegales” y advirtió que acusará a las personas y organismos que las convoquen de “intentar promover acciones delictivas, destructivas y criminales”.
Organismos defensores de los derechos humanos acusaron a la Policía de cometer “abuso de poder”, ya que la legislación de Nicaragua establece que las protestas son legales.
Ortega acusa a los manifestantes de “terroristas” y “golpistas”, mientras que la oposición afirma que el presidente y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han instaurado “una dictadura” marcada por la corrupción.
Crisis Social
Muertos y presos políticos
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de al menos 322 muertos y más de 300 presos políticos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos. La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha responsabilizado al Gobierno de Daniel Ortega por “más de 300 fallecidos”.