Un OIC para limpiar el Poder Judicial
Fructífera y ejemplar como ha sido su trayectoria de más de 45 años en los que ha ejercido una labor periodística intachable y crítica a los abusos del poder y las corruptelas, el intento de intimidar el ejercicio profesional de Pedro Mellado que vino del juez y los magistrados “mordaza” (Manuel Edgardo Servín Orozco, titular del Juzgado Cuarto de lo Civil, quien fue el primero en dar la razón a la acusación del ex diputado Enrique Aubry por daño moral, en un claro atentado a la Libertad de Prensa, y los magistrados locales Luis Enrique Villanueva, José de Jesús Covarrubias y Héctor Delfino León, quienes ratificaron este injusto fallo, hasta que la Justicia laboral exhibió su comportamiento faccioso y bajo consigna al invalidar sus sentencias) bien podría convertirse en la semilla, junto con el seguimiento que ha dado a su caso el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), para el nacimiento de un Órgano Interno de Control (OIC) del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) para inaugurar un nuevo camino en la búsqueda de cumplir el anhelo social de limpiar el Poder Judicial en Jalisco.
Como lo consigné ayer aquí, esta fue la contrapropuesta del CPS al titular del STJ y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Suro, cuando les argumentó el 23 de enero pasado, 9 meses después de que le hicieron la petición, que este último órgano colegiado no podía investigar los fallos y deslindar responsabilidades del toca de apelación 164/2018, es decir el Caso Mellado, bajo el argumento “que la creación del Consejo de la Judicatura del Estado deviene de los artículos 56 y 64 de la Constitución Local, confiriéndole atribuciones administrativas, de vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (…). Ante dicha circunstancia, en lo que a materia de responsabilidad administrativa se refiere, cada institución en su caso, se encarga de substanciar los procedimientos y resolver los asuntos de sus propios servidores públicos”.
Partiendo de esta justificación legal, y a partir del desprestigio y falta de credibilidad de una Judicatura secuestrada por intereses político-partidistas (por lo ocurrido el mes pasado cuando la Legislatura LXII la atracó al imponer en un desaseado proceso a dos consejeras y un consejero; y hace unos días con la liberación exprés de Horacio Servín Martínez, acusado por uno de sus hermanos de un fraude millonario en una empresa familiar de sulfatos, tras un sospechoso cambio de la jueza Gabriela de León y poner en su lugar al juez Melchor Augusto Gómez Cordoba, lo que implicó la imposible tarea de revisar en apenas unas horas un expediente de cuatro tomos) es claro que es el momento de construir y articular un OIC, que como lo propone el CPS, esté integrado por los magistrados y jueces sin quejas y otros funcionarios del STJ, para que empiece a realizar la tarea que en teoría tenía la Judicatura cuando nació hace casi treinta años: la de limpiar el Poder Judicial, y que lejos de cumplir, contribuyó a ensuciar más.
Es claro que al interior la mayoría de magistrados y magistradas buscarán posponer y retardar lo más que puedan este debate, que se deberá urgir, como siempre, desde fuera del Poder Judicial, haciendo alianza con los buenos juzgadores que están ya dentro.
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