Siguen Calderón y Peña Nieto
La detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda por agentes de la DEA en Los Ángeles, bajo cargos relacionados con delitos de narcotráfico y lavado de dinero, es una noticia de la mayor relevancia, no sólo porque se trata del militar de más alto rango detenido bajo esas acusaciones, sino porque, como ocurre también con la detención de Genero García Luna, pone en el banquillo de los acusados al gobierno mexicano y confirma lo que muchas veces se ha afirmado: la existencia de un narco-Estado en México.
Como se sabe, Genaro García Luna fue detenido en Miami el 10 de diciembre de 2019 y posteriormente trasladado a una prisión en Nueva York para ser juzgado en la misma corte y por el mismo juez encargado de sentenciar a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Ahora tras la detención de Salvador Cienfuegos se informa que su captura forma parte de investigaciones relacionadas con revelaciones que se hicieron durante el juicio del Chapo Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa.
Un punto que llama la atención en relación al actual gobierno y el secretario de Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es que en el país no hay ninguna investigación en curso y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no fue informado de las indagatorias contra Cienfuegos, a pesar de que la orden de aprehensión en su contra está radicada desde agosto del año pasado.
La DEA acusa al ex titular de la Sedena de “tres delitos para conspirar en la exportación a Estados Unidos de heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana, y otro cargo tiene que ver con el lavado de dinero procedente de la venta de drogas”.
El narcotráfico funciona en México por la protección del Estado y la política mexicana funciona gracias al dinero que le sirven los cárteles de la droga
Según datos aportados por el fiscal que está tratando de condenar a Salvador Cienfuegos, existen “miles” de mensajes de texto que muestran cómo, a cambio de sobornos, el general ayudó al cártel H-2 a “operar con impunidad en México” y a “traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos, incluyendo Nueva York” (Proceso, 16 octubre).
Con la detención de Salvador Cienfuegos son ya tres los integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto que están siendo juzgados por diversos delitos. Los otros dos son Rosario Robles y Emilio Lozoya Austin.
Peña Nieto debe tener motivos de sobra para preocuparse, pues así como es poco creíble que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa no supiera de las relaciones que su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, tenía vínculos con capos del cártel de Sinaloa, al igual es difícil pensar que el ex presidente priista no fuera enterado de las actividades ilícitas de su ex jefe del Ejército.
Dije al principio que las detenciones y juicios contra García Luna y Salvador Cienfuegos también ponen en el banquillo de los acusados al gobierno mexicano. Y no puede ser de otra manera, pues estas acusaciones son una constatación de que los más altos funcionarios de seguridad y del Ejército en los dos sexenios anteriores, estuvieran implicados en la protección a cárteles de la droga y otros negocios del capitalismo ilegal mexicano.
Como se sabe, estos dos ex secretarios de los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto no son los únicos que han sido acusados y detenidos por estas mismas razones. Varios ex gobernadores de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y otros estados también han sido acusados de trabajar o proteger a los cárteles de la droga. Y en Estados Unidos también está siendo juzgado el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, no sólo de trabajar, sino de formar parte del cártel Jalisco Nueva Generación.
Estas detenciones son la constatación, que repetidas veces se han escrito en estas páginas, de que los grandes negocios ilegales del tráfico de drogas, armas y personas no podrían funcionar sin la complicidad y protección del aparato de Estado mexicano: desde los gobernantes federales o estatales, hasta soldados, marinos y policías de todos los niveles, pasando por jueces o encargados de las aduanas del país.
El narcotráfico funciona en México por la protección del Estado y la política mexicana funciona gracias al dinero que le sirven los cárteles de la droga. Y probablemente se sepan más detalles de esta relación en los juicios contra Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos. Por lo pronto, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deberían ir preparando a sus abogados. Es probable que ellos sean los siguientes en la lista.
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