Robo y despojo en Pensiones del Estado
En lo que podría ser el principal caso de combate a la corrupción de la actual administración, el Gobierno de Jalisco anunció ayer la presentación de una denuncia por fraude, uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio indebido del servicio público en contra de quien resulte responsable, por presunto desfalco de más de dos mil millones de pesos del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal). La denuncia fue presentada el 21 de diciembre de 2021 ante la fiscalía Anticorrupción.
Se trata de una amplia investigación sobre las inversiones que los entonces directivos del Ipejal y los integrantes de su consejo de administración quienes decidieron utilizar recursos de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado y los municipios de Jalisco, en inversiones de alto riesgo y que incluso violaron las propias normas y límites establecidos por el propio organismo.
La denuncia refiere que se pretende la devolución del capital del Ipejal invertido en la empresa constructora española Abengoa por un monto de 344 millones de pesos (MDP) en 2015, así como la inversión irregular en la empresa Transporte Marítimo Mexicano (TMM) por mil 626 MDP en los años 2011, 2012 y 2016.
El anuncio fue encabezado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez; el director del Ipejal Héctor Pizano Ramos; la controlara del Estado, Teresa Brito Serrano; y el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tovar.
En el caso de la inversión en TMM, la contralora del estado detalló, entre las irregularidades de invertir en esta empresa que “no contaba con el respaldo de ninguna de las tres agencias calificadoras autorizadas y bajo este contexto se aprobó invertir de acuerdo con información proporcionada por el Ipejal, lo anterior a pesar de todos los riesgos implicados como los procesos judiciales que enfrentaba la empresa”. No fueron las únicas anomalías.
En la rueda de prensa donde se informó de las denuncias que intentan recuperar más de dos mil MDP de las empresas Abengoa y TMM se aclaró que faltan por concluir otras 24 auditorías a igual número de empresas donde el Ipejal también llevó a cabo inversiones posiblemente irregulares. En estas auditorías se habla de la posible recuperación de hasta 700 millones de pesos.
En el anuncio dado a conocer ayer en Casa Jalisco el gobernador Enrique Alfaro sostuvo que “Esta historia de corrupción que lastimó el fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del estado no puede quedar como una historia más de impunidad tenemos que hacer un ejercicio a fondo para deslindar responsabilidades”. Según el gobernador, se hará lo necesario para “para que se castigue a los culpables de este desfalco que sufrió pensiones del estado” y que “es una de esas muestras de cómo se usa el dinero, en este caso de los trabajadores al servicio del estado para hacer negocios y para lucrar de manera verdaderamente inmoral”, dijo.
Ojalá esta declaración no quede solo en palabras y realmente se llegue al fondo de esta investigación y se recuperen los fondos que pertenecen a más de 120 mil trabajadores al servicio del gobierno del estado y sus municipios.
Desde hace más de diez años, dirigentes sindicales no oficialistas habían denunciado las inversiones irregulares que se llevaron a cabo en Ipejal desde que el entonces gobernador panista Emilio González Márquez propuso una cambio a la ley que rige el Ipejal, para impulsar inversiones de alto riesgo.
Lo más grave es que varias de estas inversiones están asociadas a procesos de despojos de tierras ejidales, como se ha denunciado desde hace varios años por las autoridades del ejido José María Morelos en Tomatlán, que se ven afectados por el megaproyecto turístico conocido inicialmente como Nuevo Cancún o Chalacatepec, en las costas de ese municipio. En este caso, Ipejal invirtió en la empresa Rasaland dinero de los trabajadores al servicio del estado.
Otro caso de inversiones de Ipejal asociado a procesos de despojo de tierras ocurre en el ejido de Santa Cruz de la Soledad, municipio de Chapala donde las autoridades no sólo han denunciado la invasión de sus tierras, sino la actuación amañada de funcionarios estatales que incluso han amenazado y encarcelado a las autoridades ejidales, para impulsar un proyecto inmobiliario y turístico.
El actual gobierno debe incluir en las auditorías e investigaciones en curso al menos estos otros dos casos donde la inversión de dinero de Ipejal está asociada a casos de despojos de tierras. Si no lo ha hecho hasta ahora, los titulares de Ipejal y de la Contraloría del Estado deberían escuchar a las autoridades ejidales que han padecido la invasión de sus territorios detonados en buena medida por la inversión de dinero que pertenece a los trabajadores del estado. Además de poner fin al robo del dinero de los trabajadores, debe cesar los despojos de tierras asociadas a estas inversiones.
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