La voluntad de los jaliscienses, a tribunales
Declarado gobernador electo por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), Pablo Lemus ha exigido que se respete la voluntad ciudadana, que se reconozca el voto cruzado de los jaliscienses, y que los morenistas y sus aliados admitan su derrota por 186 mil 780 votos de diferencia.
Ayer, reapareció su adversaria de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, para demandar lo mismo: que se respete la voluntad de los jaliscienses al asegurar que las presuntas irregularidades cometidas en el proceso constituyen “un atropello a la democracia y a la voluntad del pueblo de Jalisco”.
Empezó, pues, la larga ruta de la judicialización de la elección de Jalisco, como no pasaba desde hace más de dos décadas, cuando en el proceso electoral 2000-2001, el priista Jorge Arana impugnó la elección de gobernador, donde finalmente los tribunales ratificaron el triunfo del panista Francisco Ramírez Acuña, quien ganó la elección para segunda fórmula al Senado el pasado domingo 2 de junio.
Como pasa siempre con los denunciantes, dicen estar convencidos que en su impugnación (en este caso de 549 hojas presentada el sábado 15 de junio pasado), el juzgador encontrará las pruebas y argumentos suficientes para demostrar anomalías en los 20 Distritos que ganaron en su mayoría pero en los que “inexplicablemente” perdieron la gubernatura; que no se contaron 300 mil votos de 350 paquetes electorales; la existencia de 86 mil votos nulos posiblemente inflados; y de la presunta complicidad de la titular del IEPC, Paula Ramírez, para favorecer al gobierno de Movimiento Ciudadano (MC) y su candidato a la gubernatura. Con todo ello, confían, lograrán que en los tribunales se anule la elección y se convoque a un nuevo proceso extraordinario.
Como igual siempre sucede, los acusados descalifican las acusaciones. De entrada, cuestionan que ayer no hubiera acompañado a Delgadillo la plana mayor del morenismo como ocurrió en la semana de los cómputos. Eso es señal, aseguran, que ya ni la dirigencia nacional cree que la impugnación prospere. Lemus incluso me negó que hubiera buscado una llamada telefónica con la Presidenta electa Claudia Sheinbaum, con la que me dijo, negocia un encuentro personal en el mes de julio.
El equipo de Lemus da por hecho que a los juzgadores les serán insuficientes los 11 videos que circularon en redes sociales y que sus adversarios presentan como pruebas técnicas de las “irregularidades sistemáticas”; consideran débil el argumento de la inequidad en la cobertura mediática y la denuncia de violencia política de género que, afirman, ya desechó hasta la sala superior del Tribunal Electoral; así como insustancial que denuncien la presencia de funcionarios en los conteos distritales porque no detallan las presuntas faltas que cometieron; y minimizan la tardanza del PREP, del conteo rápido y las discrepancias de votos con la elección federal, porque, dicen, se pueden explicar con los votos de las casillas especiales.
Así, pues, quedará en manos de los tribunales definir de qué lado está la voluntad de los jaliscienses y validar o invalidar las graves acusaciones al árbitro electoral.