El negocio migrante en Guadalajara
Una amiga me contó que a principios de noviembre, al pasar junto a la Nueva Central Camionera, en Tlaquepaque, observó a “decenas de haitianos” en la esquina de Avenida las Torres y la Calle 1, a unas cuadras de la terminal de autobuses.
Mi amiga acudió un lunes a enviar un paquete. En ese punto, por fuera de la central, hay varias empresas de autobuses y paquetería. Transcribo su relato: “Había más de 50 personas como de origen haitiano, hablaban francés o un dialecto raro; el empleado del negocio me explicó que todos esperaban autobuses que los llevarían a la frontera norte. Los vi agotados, con ropa humilde, varios descalzos”.
Días más tarde, testimonios de locatarios de la zona recogidos por el periodista Édgar Flores refirieron que se trataba de indocumentados, principalmente de origen africano, que intentaban llegar a Estados Unidos.
Narraron que a menudo había centroamericanos y orientales, incluidos niños y niñas, reunidos por algún “coyote” para rentar autobuses con destino al norte. Naturalmente no les exigen identificación a los pasajeros.
Los “coyotes” les cobran el boleto del viaje más dos a tres mil pesos para el pago de retenes del crimen organizado en ciudades fronterizas. Todavía ayer, según locatarios consultados, se veían inmigrantes, aunque en menor cantidad que hace dos meses.
Este fenómeno en el Área Metropolitana de Guadalajara adquiere otras dimensiones a la luz del reciente plagio y liberación de 32 migrantes en Tamaulipas. Como han consignado diversos medios, el secuestro de indocumentados obedece a un patrón criminal en ciudades fronterizas durante los últimos tres sexenios.
Según versiones de medios locales, había agentes estatales cuando detuvieron el camión en el que viajaban los 32 inmigrantes de Tamaulipas. Tras su secuestro, se ignoraba su identidad porque la empresa de transporte jamás les solicitó una identificación.
En mi columna de ayer, titulada “32 migrantes: viaje al crimen autorizado”, señalé que históricamente los grupos criminales secuestran y asesinan migrantes para evitar que los reclute el cártel enemigo o para forzarlos a integrarse a sus filas. A este supuesto hay que añadir las represalias por el impago de derechos de paso y la extorsión.
Finalmente, todo apunta a una colusión del crimen organizado, policías estatales y municipales, coyotes y empresas de autobuses. Lo más extraño del caso es que los migrantes desaparecieron y aparecieron sin intervención oficial de la autoridad. Un Estado criminal y coludido se los llevó y un Estado criminal y coludido los regresó. El negocio migrante termina en la frontera, pero comienza en cualquier parte del país. Incluida el Área Metropolitana de Guadalajara.
jonathan.lomeli@informador.com.mx