El Leviatán de la reforma judicial
Todos hablan del monstruoso Leviatán que asoma con la reforma judicial federal. Pero casi nadie habla de uno de sus tentáculos escondidos: los poderes judiciales locales, auténticos pantanos de corrupción e injusticias.
Durante los foros nacionales para analizar la reforma judicial, especialistas alertaron que la iniciativa presidencial excluyó una propuesta detallada para reformar los tribunales y las fiscalías locales.
El debate se ha centrado en la justicia federal, como si sólo existieran los ministros de la Corte, sin distinguirla de la justicia local.
Esta última es el ámbito más próximo para el ciudadano promedio. Los delitos y disputas más frecuentes se dirimen en un tribunal estatal: robos, violencia familiar, abuso sexual, fraudes, extorsión, feminicidio, homicidio, pensiones alimenticias...
Por otro lado, las fiscalías locales son el eslabón perdido en donde la ineficacia, la saturación y la corrupción impactan en todo el proceso de impartición de justicia hasta que el caso llega a un tribunal.
La fabricación de pruebas, las indagatorias fraudulentas o con fines políticos, la falta de autonomía –una fiscalía que sólo sirve al gobernador en turno como en Jalisco–, todo eso, ¿se termina con jueces legitimados por el voto popular?
¿Un poder judicial profesional e independiente garantiza justicia si una fiscalía parcial y politizada integra las carpetas de investigación?
En el proyecto de dictamen dado a conocer la semana pasada ni siquiera se menciona a las fiscalías.
En lo que respecta al sistema judicial en las entidades federativas, sólo menciona que deberán adecuarse conforme a las bases que establezca la Carta Magna para el Poder Judicial de la Federación.
Esa responsabilidad recae en el congreso local que tiene un máximo de 180 días naturales (medio año) a partir de publicada la reforma federal para hacer las adecuaciones normativas. También fija como plazo máximo hasta la elección del 2027 para renovar todos los cargos del poder judicial local.
Los controles políticos para la designación de jueces y magistrados son más susceptibles ante poderes fácticos locales.
La justicia federal es mejorable, pero la estatal es inaceptable.
La reforma judicial local será armonizada con la federal, pero la letra chiquita quedará en manos de las mismas inercias: los partidos y grupos políticos en el poder que dominan en cada Entidad.