Con Ayotzinapa hemos topado
Con Ayotzinapa hemos topado. El Gobierno de López Obrador está en el lugar en que jamás se imaginó: enfrentado con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos por la falta de credibilidad en la investigación de lo que pasó la noche de Iguala hace nueve años. En otras palabras, está exactamente donde mismo que el Gobierno de Peña Nieto al final de su Gobierno. Con una diferencia: hoy no hay en la oposición un López Obrador capaz de canalizar electoralmente la indignación.
Las conclusiones del Gobierno de Morena presentadas a los padres de familia tras cinco años en el poder no son distintas a las que se habían publicado ya en diferentes investigaciones periodísticas. Las hipótesis sobre por qué fueron atacados los jóvenes son tres: 1) Infiltración del crimen organizado entre los estudiantes, 2) Reacción del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de los Guerreros Unidos por los destrozos de los estudiantes en días previos y, 3) Presencia de droga en uno de los camiones que se llevaron los normalistas. La primera criminaliza a los estudiantes. La segunda resulta irrisoria, pues fue este Gobierno el que liberó a Abarca. A la tercera le falta un elemento: quién protegía dicho cargamento y cuál fue el papel de la cadena de mando de políticos, policías y del mismo Ejército.
Tampoco ha habido avance alguno en la localización de los cuerpos. El gran reclamo social a la verdad histórica fue que se había manipulado la información para construir una historia falsa que justificaba por qué no había cuerpos: el famoso incendio del basurero de Cocula. Por ese motivo está en la cárcel el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. La actual Fiscalía y la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración han sido incapaces de avanzar un ápice en la localización, entre otras cosas porque tampoco han avanzado en la investigación.
El gran desencuentro entre los padres de los normalistas y López Obrador tiene que ver con el papel de las Fuerzas Armadas. Para el Presidente los que estuvieron involucrados son algunos miembros con nombre y apellido. Y en eso tiene razón: los delitos los cometen personas, no instituciones. El problema es que detuvieron órdenes de aprensión y fue el Ejército el que escogió a quién procesar y cómo. Lo que dicen los padres es que más allá de las personas, el Ejército como corporación supo y sabe más de lo que dice, tuvo un papel encubridor y existió una cadena de mando en las decisiones de lo que hicieron y lo que dejaron de hacer los militares.
El choque parece no tener regreso. Ni el Presidente va a entregar la imagen de las Fuerzas Armadas, su gran aliado, aceptando que tuvieron mucho más que ver con lo que sucedió hace nueve años en Iguala, ni los padres quedarán contentos con un informe que no concluye. Sí, será una de las grandes promesas incumplidas de este Gobierno, pero con un costo muy bajo.
diego.petersen@informador.com.mx