Derechos laborales y empresariales
Hace más de 25 años, cuando me desempeñaba como reportera de la sección Local de esta casa editorial y cubría la fuente de la Iniciativa Privada, la famosa IP, uno de los temas recurrentes en la agenda de la Cámara de Comercio era el comercio informal y la necesidad de combatirlo por la competencia desleal que implica, por los impuestos que evaden y porque, entre otras razones, no garantiza el respeto a los derechos laborales, en todo caso, los trabajadores o empleados en ese tipo de negocios, no tienen ninguna seguridad.
El comercio informal y, en general, la economía subterránea como también se le conoce, nos afectan a todos y traigo esto a cuento por la información que se generó esta semana con datos ya de ejecución y no sólo de planes o proyectos; tiene que ver, justamente, con ir “limpiando” y poniendo las cosas en orden en bien de todos: me refiero a las medidas para combatir la subcontratación (conocida más con su término en inglés outsourcing) ilegal.
Este esquema, que se empezó a usar hace ya algunos lustros, se introdujo con buenas intenciones, con el ánimo de ahorrar costos, aumentar la productividad y restar precariedad a los empleos, sin que se pusiera en tela de duda nunca, el pago de prestaciones de ley y todo lo que forma parte de los derechos laborales.
Sin embargo, poco a poco, como sucede en ambientes que propician la corrupción, estas buenas razones fueron dejadas de lado por muchas empresas e inició la tergiversación y perversión lenta y sigilosa del uso de los negocios de subcontratación sin que nadie dijera nada porque, en una valoración equivocada de las cosas, se pensaba que a todos convenía.
Pues no era así, no es así, al contrario, se empezó a reproducir un esquema similar al del comercio informal y entonces las afectaciones eran (son) absolutamente para todos: para los empresarios que cumplen con todo y hasta de más, para los empleados y para el sector público por la reducción en los ingresos destinados, sobre todo, a la seguridad social, las pensiones y la vivienda para los trabajadores.
Las centrales obreras, como siempre, ausentes de estos procesos, no movieron un dedo para impedir que la bola de nieve siguiera creciendo y hoy se tienen datos, recientes, de niveles de evasión fiscal que llegan a 21 mil millones de pesos anuales por el recurso de estos esquemas ilegales de contratación. Es grave.
En este orden de ideas me llama poderosamente la atención que organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, rechace las nuevas medidas. Sus afiliados, todos en orden apegados a derecho, no se pueden oponer a un nuevo marco legal que combate a la economía informal, asegura mejores condiciones para las actividades productivas y el respeto y cumplimiento de los derechos laborales. En realidad, también se trata de proteger derechos empresariales. Las cuestiones que reclama la Coparmex, según el reportaje que se publicó en estas páginas el jueves 16 de enero y que recomiendo ampliamente, siguen protegidas por la ley... están en la mira las prácticas ilegales, únicamente. El outsourcing está permitido siempre y cuando se trate de la subcontratación de un servicio especializado que permita a la empresa dedicarse a su actividad principal y no distraerse de actividades que no le son propias. El Artículo 15 y sus incisos A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo regulan esa parte.
En cuanto al Consejo Coordinador Empresarial, calificó la acción de unilateral, sin embargo, esto se maneja desde el año pasado, con la participación de instituciones en cuyos consejos siempre hay un representante de la IP, es el caso de IMSS y del Infonavit, aparte de que con relación a reformas pendientes en esta misma materia, se abrirá el mecanismo de Parlamento Abierto que ya aprobó el Senado de la República, es cuestión de estar atentos, entrar a la página del Senado y participar. Esto, según se dijo y se garantizó (hasta ahora se ha hecho) más el diálogo con empresarios, trabajadores, expertos e incluso sindicatos.
La evasión fiscal de la que se habla (21 mil millones de pesos) resulta del cálculo de lo que no pagan por lo menos seis mil empresas, que además no son pequeñas, en todo el país. Están ubicadas por ejercer una “subcontratación abusiva”, evidentemente fuera de la ley en una práctica que es perseguida, está catalogada ya como “delincuencia organizada” y puede ser castigada hasta con 20 años de prisión preventiva.
Hay que cambiar las perspectivas desde las que tradicionalmente se han abordado estos asuntos. Es mejor legalidad, transparencia, seguridad para todos, adiós a hacerse de la vista gorda, es hora de no seguir acumulando secretos a voces.
(lauracastro05@gmail.com)