¿Amenaza a la prensa?
Hace casi un año -24 de febrero- Dario Ramirez, Director de comunicación, contenidos multimedia y asuntos internacionales de Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad, escribió en la página de la organización un artículo que llevaba por título ‘Por qué AMLO ataca a la prensa en el contexto de mayor violencia contra la prensa?’. En el contenido señalaba que “El presidente utiliza —de manera continua— la tribuna presidencial para atacar, denostar, mofarse o calumniar a periodistas y medios de comunicación que no son aplaudidores profesionales. La narrativa polarizante de López Obrador ha colocado en el centro de la discusión pública el papel del periodismo en México. Los ataques presidenciales van solapados de feroces ataques de sus seguidores; y, por el otro lado, los actores anti-gobierno pregonan constantes insultos del mismo calibre. Lo preocupante es que hoy vivimos en un país partido a la mitad y sin puentes de diálogo o debate sano entre las partes. Una turbulencia que al final no ayuda a nadie en el país”. Y establece que “El presidente López Obrador se equivoca en su cálculo cuando decide atacar a los medios de comunicación y periodistas. Él siendo tan buen y hábil comunicólogo, no necesitaría referirse peyorativamente a periodistas, quienes —guste o no guste— tienen todo el derecho de hacer periodismo conforme su línea editorial”. Y yo agregaría, además con todo el derecho que nos permite la libertad de expresión.
Bueno, pues lo que el martes sucedió en el seno de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, que aprobó una reforma a la Ley de Delitos sobre Delitos de Imprenta, modificando el monto de la multa -de $518.70 pesos a 1,149.60 pesos- a quien insulte al presidente de la República, es un mensaje subliminal para amenazar a todos aquellos que desde diferentes plataformas del periodismo escrito hacen comentarios u observaciones sobre la figura presidencial y sus prácticas gubernamentales.
La iniciativa, que también multará -con diferentes montos- a quienes agravian a secretarios del gabinete, Fiscal General de la República, gobernadores, titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, ministros de la Suprema Corte de la Nación, magistrados de Circuito, jueces, integrantes del Congreso de la Unión, legisladores locales, generales y coroneles en el desempeño de sus funciones -en fin, a cualquier funcionario público de alto rango- se trata de un mensaje subliminal y muy conciente para todos los aquellos que en el quehacer diario nos dedicamos a interpretar, reflexionar, comentar, opinar y criticar las acciones o planteamientos que se hacen en la política cotidiana del país.
La iniciativa de la diputada -por supuesto- de MORENA, Bonnelly Jocabeth Hernandez, que fue aprobada en comisiones y que ahora deberá pasar al pleno de la Cámara para su aprobación, se envía para ‘hacer ruido’ y llamar la atención, haciendo del conocimiento público sobre las sanciones que se harían acreedores aquellas personas que insulten a algún funcionario público, especialmente el presidente de la República. Lo preocupante -con la ambigüedad de la ley- es saber quién va a definir o interpretar y bajo qué criterio, cuando una opinión, una crítica, una interpretación, un planteamiento o una reflexión, es eso y no insulto a la autoridad.
El argumento de quien propone la iniciativa, de que en la actualidad las multas son “irrisorias” o “demasiado laxas” y por ello se requiere la reforma a la ley, es poco creíble.
Y ayer en la mañanera, el presidente López Obrador dijo: “Está -la iniciativa- como que me sorprendió…yo no se quién hizo eso”. Entonces, parafraseando al mismo mandatario, dónde queda aquello de que “el presidente se entera de todo”. Y luego agregó, “No necesito eso, yo no lo promoví”. En MORENA no se da un paso en el legislativo -y sobre todo tratándose en asuntos relacionados con los medios de comunicación- sin la aprobación directa del inquilino de Palacio Nacional. Es una trama bien argumentada y muy bien dirigida, donde uno propone, el otro se ve sorprendido, pero el mensaje ya fue enviado al destinatario.
Es una amenaza ‘velada’, tratándose de adelantarse a los tiempos para amortiguar la andanada de controversias que seguramente se provocarán en los medios impresos en un país que está polarizado y en el preámbulo de un delicado proceso preelectoral por la presidencia. Como quien dice ‘sobre advertencia, no hay engaño’. ¿Usted, qué opina?
daniel.rodriguez@dbhub.net