El sector empresarial pide se revise a detalle Miscelánea Fiscal 2022
El Parlamento Abierto dejó ver preocupaciones en las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, el Régimen Simplificado de Confianza y las sanciones de prisión para contadores públicos auditores
RFC no es una padrón poblacional: Coparmex
La confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a través de su integrante de la comisión fiscal Patricia López Padilla, reveló que es importante revisar la modificación al Código Fiscal de la Federación (CFF) en donde se plantea que el RFC deberá ser obligatorio para jóvenes de 18 años.
“(El RFC) no es un padrón poblacional (...) la obligación de formar parte del RFC es que se generen ingresos o que se lleven a cabo actividades económicas. Si van a concluir que los jóvenes de 18 años se den de alta en el RFC, lo que pediríamos (desde Coparmex) es que no se les obligue a expedir declaraciones provisionales o informativas y que no fueran sancionados por este tipo de omisiones porque no llevan a cabo actividades económicas”, comentó López Padilla.
Previo al encuentro público, la confederación reveló un comunicado en donde explican que el RFC obligatorio, aún cuando no tengan ingresos, hace creer que la medida sólo buscará que el gobierno federal tenga mayor control hacia los contribuyentes.
De igual manera, Ricardo Cervantes, representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) comentó que se debe de aclarar que los mayores de 18 años inscritos al RFC no deban de presentar declaración anual o informativas en tanto no generen ingresos.
La semana pasada, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), comentó ante la Comisión de Hacienda que esta modificación al artículo 27 del CFF es una medida preventiva contra las factureras, ya que roban la identidad de jóvenes de 18 años para la creación de empresas y para meterlos a nóminas fantasmas.
También, la titular de la entidad fiscalizadora, negó que esta reforma al CFF sea terrorismo fiscal; además, de que en caso de que se apruebe por el Congreso de la Unión, existirá una etapa de transición para la familiarización de la norma.
Asimismo, en caso de ser aprobado este punto, el gobierno federal ha pensado en trabajar conjuntamente con universidades públicas para que los jóvenes despejen dudas.
Nuevo régimen afectará al sector primario: Concamin
El régimen Simplificado de Confianza es la apuesta del gobierno federal para ampliar la base de contribuyentes hasta en 30%, así como para incluir al sector informal laboral a la formalidad.
Ante ello, Alejandro Malagón, secretario general de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), comentó que la simplificación fiscal es muy relevante para el pago de impuestos y por lo tanto es positiva la implementación del nuevo régimen.
Sin embargo, el Régimen Simplificado de Confianza absorberá al régimen del sector primario para las personas físicas con actividad empresarial, entonces los que quieran migrar desde este nuevo régimen se encontrarán con impedimentos. Por ejemplo, si es socio de una productora rural o de una unión de crédito.
En esta sintonía, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recordó a los diputados que como está escrita la propuesta del nuevo régimen, se excluye a las personas físicas adscritas a una asociación civil sin fines de lucro y que son consideradas personas morales.
“No hay que perder de vista que existen personas físicas que integran personas morales de las cuáles no reciben ingresos (como asociaciones de clubes, de condóminos o de padres de familia) que quedarían excluidos, si no se hace la exclusión respectiva”, dijo Luis Alberto Placencia, subprocurador de asesoría y defensa del contribuyente de la Prodecon.
Paralelamente, la Coparmex, a través de su comisionada fiscal, pidió una aclaración en dicho punto para que se excluya a las personas morales de carácter civil o mercantil del régimen de confianza y no así a las que están en asociaciones sin fines de lucro.
Para la creación del régimen de confianza se seleccionaron cuatro regímenes: Personas Físicas con Actividad Empresarial, el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Pesqueras y Silvícolas (Agapes) y el Régimen de Arrendamiento.
Preocupan sanciones a contadores públicos
Desde que se reveló que los contadores públicos auditores podrían ser penalizados hasta con seis años de cárcel por no informar a la autoridad fiscal de irregularidades en el proceso de auditorías, el gremio ha hecho un llamado para que se analice y discuta lo suficiente la reforma al artículo 52 del Código Fiscal de la Federación (CFF).
“En materia de dictamen fiscal es un contrasentido que la facultad que ahora tiene la autoridad para pedirle a la Procuraduría Fiscal que inicie una querella contra un contribuyente, (con la reforma) se trasladará la responsabilidad al auditor”, comentó Arturo Pérez Robles, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.
Esta vigilancia y control, le compete a la SHCP, particularmente al Procurador Fiscal, y por último un juez quien determina la acción penal.
Los contadores públicos auditores dictaminan bajo el principio de razonabilidad y no bajo el concepto de exactitud, pues es imposible revisar cada una de las operaciones que una empresa realiza.
"(Esta reforma) puede afectar mucho la normatividad que nos rige a los contadores que somos auditores (...) Con esta propuesta se busca que el dictamen fiscal sea obligatorio; sin embargo esto nos compromete ya que los contadores somos auditores o somos asesores”, argumentó Diamantina Perales, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Por su parte, José Rodrigo Torres, representante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa dijo que no se puede criminalizar a los contadores públicos, ya que al momento de realizar una auditoría sólo analizan parcialmente la información que se les proporciona.
Raquel Buenrostro Sánchez, cabeza del SAT, ha dicho que con este cambio al CFF el gobierno federal no irá por los contadores de públicos que se equivoquen, si no por los grandes despachos contables que se corrompen y abusan para que sus clientes no paguen impuestos.