Violencia no cesa; alistan mayor militarización
Mientras Jalisco encabeza la estadística de más atrocidades, AMLO prepara reformas para fortalecer a la Guardia y la Marina
Se cumplen dos años de la operación de la Guardia Nacional, pero la violencia no cesa en México. Los dos primeros años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tienen los mayores registros de asesinatos, con más de 34 mil ejecutados en cada anualidad. Y en el primer semestre de este año ya suman 16 mil 937 víctimas, de las cuales 11 mil 647 fueron asesinadas con armas de fuego, principalmente en Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán y Chihuahua.
“Contrario al Artículo 21 constitucional, ahora la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejercerá el control operativo de la Guardia Nacional. Por lo tanto, es una corporación militar”, advierte la organización Causa en Común, que está encabezada por María Elena Morera.
Mientras los gobernadores se deslindan y responsabilizan al crimen organizado de la violencia, López Obrador planea dos proyectos para el siguiente periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, en septiembre. El primero: que la Guardia Nacional pase al mando de la Sedena, quitándole esa responsabilidad a la Secretaría de Seguridad federal. El segundo: turnará al Senado una iniciativa para darle más atribuciones a la Marina para que colabore en el combate del crimen organizado (pretende que ejerza actividades de guardia costera, con nuevas funciones de vigilancia, verificación e inspección).
En Jalisco, la violencia está incontrolable en el Área Metropolitana de Guadalajara y, recientemente, en la zona limítrofe con Zacatecas. Por eso se pretende reforzar esa zona, tras el reciente acuerdo entre los Gobiernos federal y estatal.
Para Causa en Común, Jalisco lidera las atrocidades en México, en donde se incluyen las fosas clandestinas, los descuartizamientos y la destrucción de cadáveres, masacres y calcinamientos, entre otros delitos.
A pesar del discurso de paz, empeora violencia en el país
Mayo es el más violento del presente año y de los peores registros mensuales en la administración de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ese mes se documentaron tres mil 096 víctimas del feminicidio y homicidios dolosos.
Los asesinatos registraron un aumento, al pasar de dos mil 864 víctimas en abril a dos mil 997 en mayo pasados (sin contar los feminicidios), con base en las Fiscalías estatales que nutren la estadística difundida cada mes por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque siempre existe un subregistro porque algunos Ministerios Públicos no revelan todos los homicidios dolosos en las Entidades federativas.
Los Estados que documentaron el mayor número de estos crímenes y que son los más violentos son: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Michoacán y Jalisco.
Pese a las críticas contra los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, México registra los dos años más violentos de su historia en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con 34 mil 682 víctimas de asesinatos en el año 2019 y otros 34 mil 554 en 2020.
Y todo indica que en el presente año seguirá la tendencia porque suman 16 mil 937 ejecuciones en el primer semestre, principalmente con armas de fuego.
La Secretaría de Seguridad del Gobierno federal argumenta que tan sólo seis Estados concentran la mitad de los homicidios dolosos en la presente administración. También suman 15 municipios de atención prioritaria, que acumulan 27% de los asesinatos a nivel nacional.
Para dimensionar la crisis de la violencia en México, cada día asesinan a 100 personas en promedio.
La implementación de la Guardia Nacional es insuficiente para controlar los crímenes, mientras los gobernadores se deslindan del tema y argumentan que la delincuencia organizada, que es un delito del fuero federal, es la principal responsable de los asesinatos.
Por otra parte, el feminicidio registra un incremento en México, al sumar 99 casos durante mayo, en comparación con abril, cuando fueron 78.
La Entidad con más casos en mayo fue Jalisco (con 13), seguido del Estado de México (12), Chiapas (nueve), Sonora (siete), mientras que Guanajuato y Nuevo León registraron seis feminicidios cada uno.
Entre enero y junio del presente año, las víctimas del feminicidio suman 508 casos en el país, lo que contradice el discurso del Gobierno federal de que estos ilícitos han bajado en la presente gestión.
MÉXICO
| Mes | Asesinatos |
| Marzo de 2020 | 3,041 |
| Mayo de 2021 | 2,997 |
| Enero de 2020 | 2,996 |
| Julio de 2020 | 2,993 |
| Mes | Asesinatos |
| Enero | 2,839 |
| Febrero | 2,633 |
| Marzo | 2,947 |
| Abril | 2,861 |
| Mayo | 2,997 |
| Junio | 2,660 |
| Año | Asesinatos |
| 2015 | 17,886 |
| 2016 | 22,542 |
| 2017 | 28,870 |
| 2018 | 33,740 |
| 2019 | 34,682 |
| 2020 | 34,554 |
| 2021 (enero-junio) | 16,937 |
| Mes | Feminicidios |
| Enero | 74 |
| Febrero | 76 |
| Marzo | 99 |
| Abril | 78 |
| Mayo | 99 |
| Junio | 82 |
Auditoría exhibe las deficiencias
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en febrero pasado deficiencias en la implementación de la Guardia Nacional, que podrían ser claves para determinar por qué no baja la violencia en México.
Subrayó que, ante la carencia de una corporación nacional de policía profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia, se creó la Guardia Nacional y se extinguió a la Policía Federal, cuyos recursos humanos, financieros y materiales se transfirieron de manera gradual, así como la transferencia de recursos de las Fuerzas Armadas.
En total, la Secretaría de la Defensa Nacional asignó a 33 mil 971 militares para conformar la Guardia Nacional en el primer año de operaciones, mientras la Marina pasó a nueve 415 agentes navales y la Policía Federal transfirió a sus 21 mil 854 elementos.
Sin embargo, la Auditoría identificó que existieron agentes asignados que no cumplieron con la totalidad de los requisitos de ingreso ni con la Formación Inicial Policial. Además, se observó que el despliegue operativo no se realizó en función de la incidencia delictiva en las 32 Entidades, como lo prevé la planeación en el mediano plazo.
Advierte que si el Gobierno no corrige las deficiencias, se corre el riesgo de que los elementos no cuenten con una formación policial civil y que el despliegue no baje la incidencia delictiva.
GUÍA
Las propuestas
La organización Causa en Común plantea las siguientes propuestas ante la incontrolable violencia en México:
Se requieren políticas nacionales que permitan homologar capacidades y procedimientos policiales y ministeriales, pero igualmente son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques policiales, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.
“Es evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional”.
Los puntos anteriores implican que el dolor que estas atrocidades provocan en familias y comunidades debe tener una traducción social e institucional.
“Cada ciudadano y cada comunidad tienen la responsabilidad de exigir a los Gobiernos locales y federal la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas. También reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan las insuficiencias, como los bajos sueldos, las prestaciones incompletas y la capacitación deficiente. Y equipos e infraestructuras insuficientes”.
Reflexiones
Organizaciones civiles en México coinciden en una serie de reflexiones sobre la operación de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, ante los planes de López Obrador.
Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no podrán resolver los problemas de seguridad pública del país porque no es su vocación y no están ahí sus fortalezas.
Atender los graves problemas de seguridad no requieren de despliegues militares, sino de policías con atribuciones y capacidades de investigación, con una clara definición de vinculación ciudadana, apoyados en una auténtica política de prevención.
No existe un esfuerzo real para rescatar y fortalecer a las Policías del país.
En lo político, se están alterando los equilibrios entre las esferas civil y militar, lo cual resulta preocupante a la luz de otras circunstancias que hoy debilitan a la democracia.
La reforma
Impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde el Congreso de la Unión se aprobó a la Guardia Nacional como la principal apuesta contra la violencia en México; sin embargo, ya cumplió dos años sin reducir la violencia y a la sombra de masacres, principalmente en Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Chihuahua y Michoacán.
Con una impunidad que supera el 90% de los casos, los asesinatos promedian las tres mil carpetas de investigación cada mes en el país.
Por su parte, la Guardia Nacional cuenta este año con un presupuesto de 35 mil 671 millones de pesos y con una fuerza operativa de 99 mil 946 elementos (la mayoría militares). Y para este año se tienen programados 14 mil 400 agentes más. También dispone de 214 coordinaciones regionales, de las 248 programadas en los primeros tres años del gobierno federal.
Mientras la violencia no baja, pese las promesas del Presidente, López Obrador tiene más planes para la Guardia Nacional y enviará una nueva reforma constitucional para eliminar por completo el mando civil que en 2019 se uso para legitimar a la corporación militar en tareas de seguridad pública. De avalarse después de septiembre próximo en el Congreso de la Unión, la Guardia pasaría a formar parte en su totalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así se mantendrán las fuerzas armadas en las calles y perpetuaría lo que las organizaciones civiles y especialistas criticaron desde 2019, por los riesgos de la militarización de la seguridad pública.
El otro proyecto del Presidente es que turnará otra iniciativa al Senado de la República para darle más atribuciones a la Marina Armada de México. Pretende que colabore en el combate del crimen organizado, por lo que se pretende que ejerza funciones de guardia costera para mantener el Estado de derecho en las zonas marinas, costas y recintos portuarios, además de la seguridad y protección marítima. Se trata de nuevas funciones, con acciones de vigilancia, verificación, visita e inspección, entre otras.
De cara a la segunda parte de su sexenio, López Obrador adelantó que se reunirá con los 32 gobernadores y gobernadoras para reforzar las estrategias para pacificar al país. Por lo pronto, mayo pasado fue el mes más violento del año, con dos mil 963 asesinatos en México, para un acumulado 14 mil 243 homicidios dolosos en los primeros cinco meses de 2021.
La Guardia Nacional
Presupuesto anual: 35 mil 671 millones de pesos.
Fuerza operativa: 99 mil 946 elementos.
Coordinaciones regionales: 214.
Jalisco, líder nacional en atrocidades
En el primer semestre de 2021 se documentaron dos mil 644 atrocidades en México, con un saldo de tres mil 296 víctimas, reporta la organización Causa en Común, de acuerdo con el estudio “Galería del horror: Atrocidades registradas en medios periodísticos”.
Los Estados con más víctimas de atrocidades registradas fueron Jalisco (445 eventos), Guanajuato (422), Michoacán (188), Chihuahua (187) y Zacatecas (172).
En Jalisco consternó el asesinato en mayo pasado de los hermanos González Moreno: Ana Karen, Luis Ángel y Jorge Alberto.
Las principales atrocidades registradas fueron los hallazgos de cuerpos en las fosas clandestinas, especialmente en Jalisco (se registraron al menos 424 eventos durante ese semestre, destacando la conclusión de los trabajos forenses en un terreno en Juanacatlán en junio, con al menos 88 víctimas); tortura, especialmente en Guanajuato, Chihuahua y Jalisco (donde se registraron al menos 47, 39 y 39 víctimas, respectivamente); descuartizamiento y destrucción de cadáveres, sobre todo en Guanajuato y Jalisco (con al menos 64 y 36 casos, respectivamente); calcinamiento, particularmente en Guanajuato (con al menos 26 víctimas). Y las masacres, también en Guanajuato (con 48 casos).
Uno de los principales problemas en Jalisco es que los asesinatos de alto impacto permanecen sin sentencias o detenciones de los responsables directos, a pesar de que la Fiscalía del Estado prometió avances en las investigaciones. Por ejemplo, el homicidio del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, en diciembre pasado, continúa impune. Aunque se arrestaron a 13 empleados del bar por el presunto encubrimiento, pagaron una multa y quedaron en libertad (fue asesinado en un bar en Puerto Vallarta).
Aún está detenido un hombre acusado de cohecho porque el día del crimen intentó irse del lugar sobornando a las autoridades, pero no hay rastro de los autores intelectuales y materiales.
La organización civil Causa en Común también lamenta que en el periodo de enero a junio se reportaron, al menos, 201 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en Guanajuato (22 víctimas). Al respecto, desde el año pasado se alcanzaron cifras históricas de asesinatos de mujeres y niños (desde que hay registros).
Por el contrario, las Entidades federativas con el menor número de víctimas de atrocidades registradas fueron Coahuila (seis eventos), Yucatán (seis) y Baja California Sur (seis).
| Atrocidades en México | Total |
| Torturas | 428 |
| Fosas clandestinas | 424 |
| Descuartizamientos y destrucción de cadáveres | 339 |
| Masacres | 257 |
| Calcinamientos | 240 |
| Asesinato de mujeres con crueldad extrema | 219 |
| Asesinatos de niñas, niños y adolescentes | 201 |
| Intentos de linchamientos | 159 |
| Asesinatos de funcionarios | 69 |
| Violencia contra migrantes | 68 |
| Mutilaciones | 63 |
CAUSA EN COMÚN
| Estados | Atrocidades |
| Jalisco | 445 |
| Guanajuato | 422 |
| Michoacán | 188 |
| Chihuahua | 187 |
| Zacatecas | 172 |
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