La red política y criminal que asesinó a una periodista en Veracruz
Una investigación de ALIANZA DE MEDIOS MX ofrece, por primera vez, la trama que grupos políticos poderosos en el norte de Veracruz diseñaron y en el que estarían involucrados más de una decena de personas para cometer el crimen de una de las más importantes periodistas de la región, porque sus revelaciones hacían peligrar intereses
El 21 de marzo de 2018 a las dos de la tarde, la periodista María Elena Ferral recibió una llamada de su colega Leobardo Vázquez Atzin, dueño del portal Enlace Informativo Regional. La voz al otro lado le dijo, casi sin respirar, que había recibido un mensaje por computadora que decía: “Te va a cargar la verga, marrano”.
Ferral le pidió unas horas a su amigo para juntar dos mil pesos y llevarlo desde el municipio de Gutiérrez Zamora hasta Xalapa, capital de Veracruz, para denunciar las amenazas y solicitar medidas cautelares para él.
Pero no le dio tiempo. Seis horas después, a las ocho de la noche, Elena lo llamó para decirle que saldrían temprano al día siguiente; sin embargo, quien contestó fue su esposa. Ivonne atravesaba una crisis nerviosa: “Lo acaban de venir a matar”, gritó.
Segundos antes de esa llamada, Leobardo, de 48 años, fue asesinado frente a su familia mientras sazonaba cebollas en el patio de su vivienda, donde por las noches vendía tacos para ayudarse con los gastos familiares.
“Me lo ganaron”, le dijo Ferral a otro compañero del gremio. A partir de ese momento emprendió una búsqueda con contactos de todo tipo, hasta que entregó a las autoridades nombres y apodos de los presuntos responsables. Sin miedo, señaló a cuatro hombres ligados al cártel de Los Zetas. Dos de ellos, (Abraham “N” y Wenceslao “N”), fueron detenidos e imputados por el crimen de Leobardo Vázquez entre 2018 y 2019. Otro fue asesinado y el cuarto permanece prófugo.
La periodista simplemente resolvió el caso. Si algo había acumulado en 30 años de carrera, eran las mejores fuentes en todo el norte de Veracruz. Ferral conocía los abismos del poder en un territorio que abarca cuatro mil 300 kilómetros cuadrados y 20 municipios que, por su ubicación, concentran una compleja red de poder político y económico en la región Totonaca y parte de la Huasteca. Así ella se convirtió en objetivo para ser asesinada.
Revelaciones
El periodista Leobardo Vázquez no fue el único que buscó a María Elena cuando la muerte lo acechó. También lo hicieron políticos y líderes taxistas, quienes recurrieron a ella para contarle sobre las amenazas que habían recibido y los temores que enfrentaban ante la disputa por el poder. Todos los que la buscaron fueron asesinados.
Es por eso que sus columnas fueron documentando la violenta lucha por los intereses en juego en un territorio en el que por décadas caciques han concentrado y heredado cargos públicos a familiares, de acuerdo a la red de vínculos que, por primera vez, esta investigación de la ALIANZA DE MEDIOS MX pone en evidencia.
Pero el poder político no fue lo único que Ferral exhibió. En esta zona de Veracruz, por la costa, atraviesa la carretera federal 180 que recorre seis estados del país y llega hasta la frontera con Estados Unidos. Conecta el tránsito de insumos esenciales para el comercio, pero también es una ruta indispensable para la migración, trata de personas, tráfico de drogas y combustible robado, de acuerdo con informes oficiales.
El 12 de marzo de 2020, una columna que podría parecer como tantas otras, no lo fue, decidió su vida. En su sitio web Quinto Poder de Veracruz, bajo el título “Polaca Totonaca”, Elena advirtió que la lucha por el poder, esta vez, sería “encarnizada”. Y así fue, su crimen formó parte de esa disputa.
ALIANZA DE MEDIOS MX investigó, en el último año, las posibles causas que provocaron el asesinato de Ferral, y una de las más fuertes hipótesis es que los grupos de poder de la región consideraban necesaria su muerte.
En un hecho inédito, medios de todo el país se unen para dar a conocer el entramado de este caso que hasta ahora involucra directamente a por lo menos 11 personas, que integran una red en el norte de Veracruz, una parte de ellas de alto perfil político-económico, en el que al parecer están involucrados policías y reporteros como parte de la logística del crimen.
A la fecha, seis personas fueron detenidas por el asesinato de Ferral, señalados como presuntos autores materiales. El resto —considerados autores intelectuales y cómplices—, están prófugos.
Sin embargo, las pesquisas y el cumplimento de las órdenes de captura se detuvieron. Una explicación podría encontrarse en que la responsable de investigar el crimen de Ferral, Marcela Aguilera Landeta (Fiscal de investigaciones ministeriales), tuvo una relación política estrecha con el presunto artífice de todo: Camerino Basilio Picazo Pérez. Ambos son políticos emanados del sector campesino del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y demostraron su cercanía en eventos públicos documentados en este reportaje.
Así, las predicciones de Ferral se cumplieron. Nueve políticos posiblemente ligados con el crimen, al frenarse las pesquisas, lograron competir en las pasadas elecciones del 6 de junio. Unos fueron derrotados en las urnas; pero otros, en cambio, se sumaron al proyecto de Morena a través de sus familiares y tomaron posesión como diputados locales y alcaldes, añejando cuatro años más el poder
El asesinato de la periodista, ocurrido el 30 de marzo de 2020 (antes de las elecciones en Veracruz), fue el número 24 de los 25 que se han cometido contra periodistas en Veracruz en los últimos diez años, en la entidad que es considerada la más peligrosa para la prensa en América Latina, según informe de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras.
En este reportaje, para el que fueron entrevistados familiares de la columnista, investigadores del caso, abogados; se revisaron distintos documentos judiciales y se consultaron posturas de personas ligadas a la red de vínculos, se muestran los entresijos de un crimen que desafió al primer gobierno de izquierda en Veracruz, el de Cuitláhuac García Jiménez, quien prometió acabar con la impunidad en los crímenes contra reporteros en el estado.
El interés oculto
El norte de Veracruz es una de las zonas más codiciadas en la entidad por sus riquezas, especialmente las del subsuelo. En Tuxpan (uno de los tres puertos en el estado), inicia la trayectoria del poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) Tuxpan-Azcapotzalco, uno de los más saqueados por huachicoleros en el país, según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El poliducto de Pemex abarca cinco municipios del norte: Tuxpan, Cazones de Herrera, Tihuatlán, Coatzintla y Poza Rica, donde el huachicol y otros delitos como los robos de vehículos, ganado, madera, secuestros y asesinatos, han permitido el asentamiento de por lo menos cuatro grupos de la delincuencia identificados por autoridades: Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel del Golfo, 35-Z y Grupo Sombra.
Pero la ruta de hidrocarburo en el norte también pasa por otros municipios donde este ilícito es altamente practicado: Papantla, Espinal, Coxquihui y Coyutla, ciudades que conforman una importante región: La Totonaca, que se prolonga en su parte sur hasta Gutiérrez Zamora.
En esa región Totonaca, Papantla despierta el mayor interés político y económico, por ser el municipio más grande del norte veracruzano, con 160 comunidades. Es reconocida por su alta producción de naranjas, limones, vainilla, café, tabaco y ganado de engorda. Pero también es una muestra de que el poder se hereda. Dos integrantes de una misma familia, Los Romero, gobernaron Papantla los últimos seis años (2014-2021). El perredista Mariano Romero González, sucedió en 2018 a su tío, Marcos Romero Sánchez.
Marcos Romero es un personaje clave ligado al grupo político denominado Totonacapan, organización a la que Elena Ferral siguió la pista hasta su muerte, y acusó de cometer una serie de asesinatos en el municipio vecino de Gutiérrez Zamora (donde ella nació) para ampliar sus dominios en ese feudo veracruzano.
El líder del Grupo Totonacapan, expuso Ferral en sus columnas, es Basilio Picazo, exdiputado de Papantla, exalcalde de Coyutla y desde 2019 prófugo de la justicia, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de la periodista. Se trata de un personaje que ha ostentado el poder en los últimos 15 años, quien de acuerdo a testimonios expresó su repudio hacia Ferral, y mantiene una influencia política sobre quienes ahora lo investigan.
El Grupo Totonacapan
Elena Ferral se refería en sus columnas al Grupo Totonacapan como los dueños del poder en Papantla y sus alrededores durante las últimas dos décadas. Y no mentía. Dos hombres figuran como pilares de esta organización: Basilio Picazo y Rómulo Salazar Macías (fallecido en octubre de 2021).
Picazo fue 2 veces presidente de la Asociación Ganadera de Coyutla, la última hasta antes de que se fugara. También fue alcalde de ese municipio de 2001 a 2004; funcionario en el gobierno del priista Javier Duarte, y diputado por Papantla entre 2016 y 2018.
Los señalamientos de corrupción y abuso de poder contra Basilio se dieron desde los primeros meses de su administración como alcalde de Coyutla.
En 2004, el entonces síndico Miguel Alonso Vázquez y la regidora Hortensia Escudero, acusaron a Picazo por desvíos de recursos ante el Congreso de Veracruz y el Órgano de Fiscalización estatal. Ambos solicitaron la desaparición de poderes en Coyutla; sin embargo, no pasó nada y concluyó su cuatrienio, heredándoselo a su hermano Benito Picazo, otro integrante del Grupo Totonacapan.
El 24 de abril de 2005, Miguel Alonso Vázquez ratificó su denuncia por corrupción contra Picazo. Trece días después, el exsíndico fue asesinado frente a su hijo de nueve años en la comunidad de San Andresito, Coyutla. Días antes del atentado, el político buscó a Elena Ferral para revelarle un dato: Había recibido amenazas de Picazo. “A mi mamá el síndico le declaró (en entrevista) que Basilio con un arma le dijo que lo iba a matar. A los pocos días lo matan”, contó Fernanda Ferral, hija de la periodista.
Por el crimen del exsíndico Vázquez fueron detenidos en julio de 2005 dos autores materiales: Vicente Rodríguez Lazcano y Rodolfo Carballo Rivera. Uno de ellos declaró haber recibido 70 mil pesos de Picazo, según consta en la causa penal 116/2005. La autoridad giró la orden de aprehensión 116-2205 contra el exalcalde por su probable autoría intelectual pero nunca fue detenido.
Ferral entregó la grabación de su entrevista con Alonso Vázquez a las autoridades que investigaban el crimen. Días después, hombres desconocidos dispararon contra ella afuera de su casa, hiriéndola en una pierna. “Por miedo no denunció”, aseguró su hija.
Dos exprocuradores de justicia de Veracruz -el hoy notario Emeterio López Márquez y Salvador Mikel Rivera (fallecido en 2015)- no lograron capturar a Basilio. Pero, además, en febrero de 2009, Salvador Mikel solicitó a un juez de Papantla la revocación de la orden de aprehensión girada contra Picazo y dio por concluidas las pesquisas. Fue el exgobernador, Fidel Herrera Beltrán, quien declaró que el crimen del exsíndico había sido esclarecido.
El entonces diputado y presidente de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local, Sergio Vaca Betancourt, pidió la renuncia del procurador Mikel Rivera y advirtió “intereses oscuros y políticos en favor del cacique de Coyutla". ALIANZA DE MEDIOS MX solicitó una postura al exprocurador Emeterio López, sobre la razón que impidió la detención de Basilio, sin embargo no hubo respuesta.
En cuanto a Rómulo Salazar, considerado otro de los líderes del Grupo Totonacapan, fue candidato a alcalde de Papantla por el PRI y diputado federal. Y también fue señalado por Ferral de un ataque en su contra en 2012. Aquella ocasión, hombres dispararon contra ella y su familia en una carretera de Papantla; la periodista impactó su carro contra un tráiler y sufrió diversas lesiones. Sus agresores, dijo entonces, huyeron.
Impunes, Rómulo Salazar y Basilio Picazo continuaron acumulando poder en la región Totonaca. Aunque no aparecían en boletas electorales o cargos públicos, sí lo hicieron sus hijos, sobrinas y hermanos. En 2015, por ejemplo, impusieron a dos mujeres como candidatas a la diputación federal por Papantla: Por el PRI, María Luisa Picazo (hermana de Basilio y Benito Picazo), compartió fórmula con Erika Romero Copca, y por el PRD Heidi Salazar (hija de Rómulo Salazar).
La Fiscal Amiga
En 2016, María Elena Ferral denunció penalmente a Basilio Picazo, entonces candidato a la diputación local por Papantla, a propuesta de la Confederación Nacional Campesina (CNC), entonces una agrupación muy poderosa en Veracruz. La periodista lo señaló de sostener frente a reporteros que a ella “le quedaban pocos días de vida” y eso empañaba su campaña.
Así que funcionarios del gobierno de Duarte presionaron por teléfono a la periodista para que desistiera de sus acusaciones, relató su hija Fernanda Ferral; aunque ella dejó de hacerlo públicamente, no retiró su querella. Basilio, no obstante, ganó en las urnas.
Picazo coincidió y mantuvo amistad con la hoy fiscal Marcela Aguilera, quien fungió durante años como secretaria de la CNC de Veracruz, cargo ubicado sólo por debajo del entonces presidente, Juan Carlos Molina, asesinado en 2019. Aguilera fue también diputada por
Cosamaloapan, una región del sur de Veracruz, entre 2014 y 2016, y al igual que Picazo, su candidatura fue propuesta por la CNC.
El 16 de marzo de 2016, en el último año como legisladora, Aguilera acompañó a Basilio a inscribirse por la diputación de Papantla. Ambos fueron retratados en las instalaciones del PRI estatal, en Xalapa. Ella vestía una camisa roja y levantaba el pulgar en señal de victoria, mientras Basilio la sujetaba del hombro. A ese evento también asistió la esposa de Picazo, Dolores Gutiérrez.
Cuatro años después, Aguilera fue designada fiscal de investigaciones ministeriales por la Fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, quien ha reconocido públicamente su amistad con ella. Aguilera es la responsable directa de investigar y capturar a Picazo por el crimen contra Ferral. ALIANZA DE MEDIOS MX solicitó una entrevista con la funcionaria para que aclarara su cercanía con Picazo, pero no hubo respuesta.
El canje de camisetas
Después de una hegemonía de 70 años del PRI en Veracruz, en 2016 llegó el PAN al poder con el triunfo del expriista, Miguel Ángel Yunes Linares. Bastaron unos meses para que Picazo renunciara al grupo parlamentario del PRI y se adhirió al PAN, pero, no obstante, mantuvo su estrecha relación con el priismo, prueba de ello fue que consiguió una nueva candidatura por la alcaldía de Coyutla, que quedó en manos de su sobrino, Antonio Picazo Gutiérrez, quien ganó.
Dos años después, en 2018, otro integrante de esa familia buscó un nuevo cargo: Benito Picazo -padre del exalcalde de Coyutla entre 2018 y 2021-. Benito compartió fórmula para la diputación plurinominal federal por Papantla, como suplente de Marcos Romero. Sin embargo, los bajos números del PRD no permitieron que esa dupla alcanzara una curul.
La historia de Marcos Romero es similar a la de sus aliados del Totonacapan. En 2018 impulsó la campaña de su sobrino, Mariano Romero, quien obtuvo el triunfo por la coalición PAN-PRD.
Dos episodios muy importantes, que dibujan la posible relación entre política y crimen, ocurrieron en 2016. Durante el gobierno de Marcos Romero, el 19 de marzo tres jóvenes fueron privados de la libertad por policías de Papantla y entregados a Los Zetas. Las víctimas fueron: Luis Humberto Morales, Alberto Uriel Pérez y Jesús Alan Ticante, de 18, 19 y 24 años, respectivamente. Fueron detenidos ocho policías y el gobierno de Papantla debió ofrecer una disculpa pública aceptando la responsabilidad de sus elementos
Con base en la averiguación previa, los jóvenes fueron asesinados por Mario Ángeles Sosa, alias “El Bolas”, presunto jefe de Los Zetas en Papantla, y por otro hombre apodado “Paco El Lavador’”, ambos fallecidos en un aparente enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP), el 9 de abril de 2017.
Sin embargo, Mario Ángeles Sosa fue beneficiado en 2016 por Marcos Romero con la enajenación de dos terrenos de 120 metros cuadrados, uno a favor de él y el otro de su hermano, Timoteo Ángeles Sosa. A petición del cabildo de Papantla, “El Bolas” pagó 3 mil 960 pesos por el predio ubicado en la colonia Unidad y Trabajo.
“El Bolas”, Timoteo y el padre de ambos, Gabino Ángeles García, prestaron sus servicios en la policía de Papantla.
El segundo de estos episodios se dio cuando Marcos Romero figuró en un video difundido en redes el 4 de octubre de 2017, en el que presuntos integrantes de Los Zetas advirtieron que regresaban a Papantla para tomar el control, y lo señalaron de haber tenido “línea de trabajo” con “El 512”.
“Nosotros limpiaremos el mugrero. No habrá tolerancia (…) Manténganse pendiente a la línea de teléfono que nos proporcionó, a la brevedad nos comunicaremos con usted. Me despido recordándole que Papantla es territorio Zeta”, se dirigió al entonces edil, un sujeto apodado “Comandante Sierra”.
ALIANZA DE MEDIOS MX buscó una postura de Marcos Romero sobre la enajenación de los terrenos en favor de los hermanos Ángeles Sosa y los señalamientos de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, pero no hubo respuesta.
Esto no pasó desapercibido por el nuevo gobierno panista. La familia Romero fue investigada por presuntos nexos con la delincuencia en la administración de Miguel Ángel Yunes. Por ejemplo, documentos de la SSP ubicaron a Ricardo Romero, hermano de Marcos, como prestanombre de Crisanto García, quien fue subjefe de Logística del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Crisanto García fue denunciado ante la extinta PGR, por recibir un soborno de la empresa Bizjet International Sales and Support, por 2 mil millones de pesos, para así ganar contratos en México y Panamá entre 2004 y 2010. En diciembre de 2014, el entonces diputado federal Ricardo Monreal solicitó la separación de García de su cargo, mediante la presentación de un punto de acuerdo y advirtió sobre un lazo familiar con los Romero:
“La influencia del general Crisanto García ha permitido que familiares suyos se encumbren en otros cargos, incluso de elección popular. Se sabe que su familiar Marcos Romero conquistó la presidencia municipal de Papantla, mediante la presión a diversos grupos, a quienes les sugerían votar por él, ya que contaba con el respaldo del Ejército”.
Con estos antecedentes de Marcos Romero, Rómulo Salazar y Basilio Picazo, Elena Ferral advirtió que sus ambiciones políticas no se detendrían y para 2021 planeaban extender su poder, escribió en su columna. No se equivocó. Y es que, en esa elección, en Veracruz se renovaron 212 alcaldías, 30 diputaciones locales y 30 federales.
Consolidación del poder
Esta vez el Grupo Totonacapan no sólo pelearía por Papantla, sino que se extendería desde la costa hasta la sierra Totonaca. En Papantla, expuso Ferral en sus columnas, Basilio Picazo apoyaría la candidatura de Octavio Tremari Gaya, quien incluiría en su planilla como síndica a su esposa, María Dolores Gutiérrez. En Tecolutla, Marcos Romero realizaba eventos políticos, debido a que buscaría la candidatura por la alcaldía, relató la periodista.
Pero había un municipio donde el Grupo Totonacapan no poseía el dominio absoluto: Gutiérrez Zamora. Allí, la lucha por el poder mutó en una pugna sanguinaria que vivió sus peores momentos durante 52 días. Entre enero y mayo de 2020 sólo ocurrieron tres asesinatos en este poblado de 25 mil habitantes. Las tres víctimas eran políticos o líderes regionales que hicieron públicas sus aspiraciones por la alcaldía de Gutiérrez Zamora o que respaldarían algún proyecto político opuesto al del Totonacapan, con todo el peso de sus agremiados.
En ese municipio el contrapeso del Grupo Totonacapan era visible y liderado por el exalcalde Wilman Monje, junto a él se hizo ver Elena Ferral en mítines y sostuvo convenios publicitarios para destacar las acciones de su gobierno (2018-2021)
Este grupo también tenía un contrapeso en el resto de la región Totonaca, integrado por políticos de Morena y el Partido Verde Ecologista. Este contrapeso era liderado por el exdiputado local morenista de Papantla, Eric Domínguez Vázquez, cercano al actual secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. El diputado suplente de Domínguez era Daniel Pérez Pacheco, quien lideró la organización llamada “Hermandad de la Sierra”, con presencia en la Sierra del Totonacapan, principalmente en el municipio de Coxquihui. Pérez Pacheco era el segundo al mando de esa hermandad, bajo las órdenes de otro personaje rival del Grupo Totonacapan, Reveriano Pérez Pacheco, cacique y exalcalde de Coxquihui.
Reveriano Pérez, a quien se le conoce como “El Pelón”, fue encarcelado por varios delitos del fuero común el 10 de mayo de 2019. Su aprehensión fue impulsada por el exfiscal general Jorge Winckler, ligado al grupo político de Yunes Linares, y quien hoy es prófugo de la justicia.
El 15 de julio de 2018, el gobierno de Yunes ofreció una recompensa de 1 millón de pesos por Reveriano Pérez, a quien refirió como jefe de la banda “Los Pelones”, dedicada al robo de combustible. La recompensa por Reveriano fue anunciada a 18 días de que el PAN fuera derrotado en Veracruz, donde el candidato a la gubernatura por la coalición PAN-PRD fue Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del entonces gobernador.
Antes del anuncio de la recompensa, Reveriano ya era buscado con una orden de aprehensión en la sierra del Totonacapan. Ello, al mismo tiempo que figuraba en eventos públicos para pedir a sus agremiados el voto por Morena y sus aliados en las elecciones del 1 de julio de 2018.
Si bien, Reveriano fue detenido el 10 de mayo de 2019, apenas duró siete días en prisión, luego de que un juez sorpresivamente decidiera no vincularlo a proceso por los delitos que le imputó la Fiscalía de Jorge Winckler. Esto, ya cuando Morena gobernaba Veracruz.
Reveriano fue amigo de Ferral y lo acompañó cuando fue liberado del penal de Papantla. Además, la periodista reconoció que colaboró con su organización como vocera.