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La casta de los gobernadores
El caso de Andrés Granier Melo, quien enfrenta un proceso judicial por peculado y desvío de fondos durante su administración, no es aislado
Esta casta de gobernadores tuvo condiciones para fortalecer su liderazgo tanto al interior de sus agrupaciones políticas como en el juego institucional de la alternancia. Por ejemplo, para ilustrar la creciente importancia de los gobernadores: en dos décadas (1990-2010), el dinero federal que va a los estados pasó de 20 mil millones de pesos a más de 437 mil millones de pesos. De pobres viejos, los estados se convirtieron en ricos nuevos. Si el Presidente fue el “sol” del sistema político durante los años de la “dictadura perfecta”, la alternancia permitió que los gobernadores formaran a base de nóminas abultadas y discrecionalidad absoluta, su propia constelación de lealtades políticas. Si a esta inyección de recursos, le agregamos la reticencia de los gobernadores para avanzar en materia de transparencia, nos encontramos con un cóctel de impunidad.
Este es el escenario de Andrés Granier Melo. Un personaje forjado y entendido en el contexto de la transición política mexicana. Cuidando acentos y matices, Granier Melo se explica en el espejo de mandatarios estatales como Humberto Moreira, Fidel Herrera o el propio Miguel Ángel Osorio. Gobernadores de incomparable poder que son capaces de doblegar o domar a una estructura de poder local carente de pesos y contrapesos. Auditoría Estatal, Congreso, Instituto Electoral, todos los poderes u órganos “autónomos” giran invariablemente en la órbita de hegemonía política del gobernador. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en los tiempos del PRI incontestable, ahora los gobernadores aspiran (y lo logran) a quedarse detrás del trono, con los hilos del poder bien amarrados. A menos que exista alternancia en el poder, la continuidad de las siglas partidistas representa la perpetuación del gobernador.
Granier Melo nunca ha sido parte de las “familias” que dirigen al PRI. No forma parte de la clase partidista ni de la casta de consentidos presidenciales. Aunque comenzó a trabajar en administraciones municipales priistas en su natal Tabasco desde los setenta, su afiliación al tricolor no excede las tres décadas. A sus 65 años de edad, Granier Melo pasó prácticamente 16 años de su vida productiva en puestos técnicos de segundo nivel tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como en instituciones gubernamentales estatales y municipales. Su campo de desarrollo es la salud, por lo menos hasta la década de los ochenta cuando ingresa a puestos medios de la administración pública.
Granier Melo no tuvo un ascenso meteórico, ni mucho menos. Su natal Tabasco es la tierra de dos políticos con peso e influencia propia: Roberto Madrazo (gobernador del Estado en los noventa y candidato presidencial en 2006) y Andrés Manuel López Obrador (priista hasta los noventa, jefe de Gobierno del DF y dos veces candidato presidencial). Granier Melo no es de las simpatías ni de uno ni del otro. Del primero, desde que se desató la polémica de su presunto desvío de fondos públicos, Madrazo ha pedido no sólo que se actúe en su contra, sino que también sea expulsado del partido. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, aunque el conflicto no alcanzó niveles comparables al diferendo con Madrazo Pintado, se metió con la administración de Granier Melo hace algunos días. “Fíjense que no hubo inundaciones el año pasado, porque todavía gobernaba Granier, y hasta el agua se robaban”. Ahora, el PRD gobierna Tabasco con Arturo Núñez, un ex priista que fue cercano a López Obrador durante algunos años.
El ex gobernador Granier Melo enfrenta acusaciones por desvío de fondos y enriquecimiento ilícito por la astronómica cantidad de cerca de dos mil millones de pesos. El juicio está por comenzar, sin embargo la opinión pública ya emitió su veredicto: es culpable. Granier Melo volvió a México, vive en Miami, y se entregó a la justicia, sin ni siquiera recurrir al recurso del amparo. El tabasqueño declaró que es inocente y que está por probarlo. Hasta el día de hoy, la prueba más socializada en contra del ex gobernador es una grabación donde presume de un estilo de vida que difícilmente se puede dar un gobernador que percibe un salario de 94 mil pesos mensuales. En esa grabación habla de su “guardarropa” (que incluso fue trending topic en Twitter cuando las grabaciones salieron a la luz pública): mil camisas, 300 trajes y 400 pares de zapatos. José Manuel Saíz Pineda, quien fungió como tesorero de Granier Melo durante todo el sexenio, ya se encuentra detenido y podría purgar una pena de hasta 14 años en la cárcel.
Los otros
Más que un caso aislado, los escándalos administrativos de ex gobernadores comienzan a ser cotidianos. En un diseño institucional que articula una serie de incentivos para la concentración de poder y la corrupción, los desvíos de fondos se convierten en la regla más que la excepción. Los casos de Humberto Moreira y su lujosa vida en Barcelona, las sospechas que salpicaron en algún momento a Arturo Montiel o al ex gobernador de Michoacán Leonel Godoy, se convierten en materia de investigación permanente de los medios de comunicación. Hace tres días también comenzó un proceso judicial contra el ex gobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat, también por malversación de fondos. Sin embargo, un elemento que incluso agrava la indignación en este caso en particular, es el cinismo que se desprende de escuchar el audio donde Andrés Granier Melo habla extensamente de su guardarropa y sus posesiones personales. El gobernante se siente intocable, más allá del brazo largo de la justicia y dueño de la impunidad. No es exagerado sostener que la corrupción y la desviación de fondos es un cáncer que invade al ejercicio de los recursos públicos en México, sin embargo los incipientes contrapesos en materia de transparencia, una prensa más activa y crítica, así como la tecnología, son elementos que impiden que escándalos de este calibre se queden en la secrecía y en el anonimato. La conjunción de estos factores provoca que sea factible conocer las dos caras de los escándalos: el abuso de poder y el cinismo.
En octubre de 2011, la revista Nexos tituló su publicación mensual como: “El feuderalismo imperfecto”, la unión entre federalismo y feudalismo como definición del arreglo territorial del México del siglo XXI. La receta de Enrique Peña Nieto para paliar los efectos nocivos de estos cacicazgos estatales ha sido la centralización, la vuelta a la Presidencia todo poderosa. Centralizar como antídoto de las perversiones del sistema federal. Sin embargo, esta fórmula puede corregir algunos excesos, pero no va al fondo del problema: la falta de instituciones confiables, competentes e imparciales en los Estados. Es cierto, la lógica con la que ha actuado Enrique Peña Nieto en este tema nos llevaría a una conclusión que bien podría ser tomada de una frase de Woody Allen: en un Estado centralista no habría problemas en los Estados. Hay que voltear a ver la iniciativa que se cocina para desaparecer los institutos electorales locales, el sesgo centralista de la reforma educativa o la intención de dictar desde Gobernación la política de seguridad de todas las entidades federativas. Tras años de federalismo maltrecho, una dosis de centralismo bien entendido puede funcionar, pero no es fácil saber dónde poner la línea.
Hacia el interior del partido, Peña Nieto identificó dos ame nazas a la materialización de su hegemonía: los sindicatos y los gobernadores. Los primeros han tenido que “cuadrarse” a la Presidencia tras el letal golpe al más importante de sus íconos: Elba Esther Gordillo. Para los segundos, las pistas son muchas y Granier Melo es un ejemplo claro. El Presidente sabe que los gobernadores pueden ser un “dolor de cabeza para du administración. La discrecionalidad y libertad con la que operan pone en riesgo el discurso presidencial del combate frontal contra la impunidad. Es cierto, los golpes legales son de “forma”, sin embargo una reforma al federalismo significaría entrarle de fondo. ¿Irá tan lejos Peña Nieto?
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