Hasta ahora ha sido sólo un rumor. Se ha dicho en varias ocasiones, y se ha negado otras tantas, que desde el Congreso del Estado se prepara un movimiento para ofrecer finiquitos a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEyPC), creado a raíz de las reformas constitucionales en la materia, para que éstos cedan sus lugares y los diputados puedan elegir a los nuevos integrantes de este organismo ciudadano.
Las cosas parecen simples, pero sus implicaciones son de gran trascendencia para los jaliscienses, porque pegan justo en uno de los derechos fundamentales que todos debemos ejercer: el de votar y ser votados.
En el tiempo en que los legisladores estaban enfrascados en la faena de sacar adelante la reforma electoral, supuestamente para estar a tono con las modificaciones que se hicieron a nivel federal, no se le brindó la importancia suficiente al hecho de que los actuales consejeros fueron electos para desempeñar sus cargos hasta el año 2010, esto es, una vez concluido cabalmente el proceso electoral de julio de 2009.
Cuando vieron que la reforma iba a pasar, cuatro de los siete miembros del entonces Instituto Electoral del Estado de Jalisco recurrieron a la justicia, cada uno por separado, para que se les concedieran amparos contra su posible remoción. Esos recursos están vigentes, pero como la reforma lo ordenaba, se constituyó el IEyPC, con los mismos consejeros.
Ha estado en suspenso, desde que los jueces ordenaron dejar las cosas como estaban antes de las modificaciones legales, la posibilidad de que los diputados se anoten una más de sus decisiones en que ponen por delante el reparto de cuotas y dejando a un lado los auténticos intereses ciudadanos.
Conforme pasa el tiempo se acerca más el arranque formal del proceso electoral del próximo año, en el que los jaliscienses deberán elegir, para el caso del Estado, diputados y regidores. Esto significa que, si se produce finalmente el relevo de los consejeros electorales, quienes lleguen tendrán muy poco tiempo para adentrarse en sus funciones y entregar buenas cuentas en los comicios venideros. Por desgracia, eso parece importar poco.
Las cosas parecen simples, pero sus implicaciones son de gran trascendencia para los jaliscienses, porque pegan justo en uno de los derechos fundamentales que todos debemos ejercer: el de votar y ser votados.
En el tiempo en que los legisladores estaban enfrascados en la faena de sacar adelante la reforma electoral, supuestamente para estar a tono con las modificaciones que se hicieron a nivel federal, no se le brindó la importancia suficiente al hecho de que los actuales consejeros fueron electos para desempeñar sus cargos hasta el año 2010, esto es, una vez concluido cabalmente el proceso electoral de julio de 2009.
Cuando vieron que la reforma iba a pasar, cuatro de los siete miembros del entonces Instituto Electoral del Estado de Jalisco recurrieron a la justicia, cada uno por separado, para que se les concedieran amparos contra su posible remoción. Esos recursos están vigentes, pero como la reforma lo ordenaba, se constituyó el IEyPC, con los mismos consejeros.
Ha estado en suspenso, desde que los jueces ordenaron dejar las cosas como estaban antes de las modificaciones legales, la posibilidad de que los diputados se anoten una más de sus decisiones en que ponen por delante el reparto de cuotas y dejando a un lado los auténticos intereses ciudadanos.
Conforme pasa el tiempo se acerca más el arranque formal del proceso electoral del próximo año, en el que los jaliscienses deberán elegir, para el caso del Estado, diputados y regidores. Esto significa que, si se produce finalmente el relevo de los consejeros electorales, quienes lleguen tendrán muy poco tiempo para adentrarse en sus funciones y entregar buenas cuentas en los comicios venideros. Por desgracia, eso parece importar poco.
Síguenos en