El Poder Legislativo del Estado, en su actual composición en donde el Partido Acción Nacional (PAN) cuenta con la mitad de los diputados, ha venido gestando iniciativas que terminarán por incidir en algunos de los pilares del andamiaje institucional de nuestro sistema democrático, en lo que diversos observadores y actores sociales consideran un retroceso.
Se trata de la renovación de instituciones que han cobrado carta de naturalización en Jalisco, y que han contribuido a ensanchar los espacios en los que los ciudadanos tienen participación. La elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), la renovación del Tribunal Electoral de Estado de Jalisco (TEEJ) y las inminentes modificaciones a las estructuras del Instituto Electoral del Estado de Jalisco (IEEJ) y del Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei) han dado pie para que se asome en las negociaciones entre los grupos parlamentarios una intencionada determinación de influir en las designaciones de quienes conducirán los destinos de esas instancias.
En el caso del IEEJ, el órgano encargado de organizar, vigilar y sancionar los procesos electorales locales, han trascendido ya una serie de propuestas de cambios que, en una parte, se presentan como la necesaria adecuación del marco legal del Estado a los cambios realizados por el Congreso de la Unión a nivel federal, que transformó algunas de las atribuciones y la composición misma del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).
Pero las reformas locales van más allá, y entre ellas se habla de la modificación del actual IEEJ a un Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en el que podría integrarse un consejo totalmente diferente al que actualmente está en funciones, por mandato de ley, y que cesaría en su vigencia hasta el año 2010.
En algunos de estos cambios que se discuten en el Congreso del Estado, varios protagonistas de la vida pública de la Entidad, entre ellos analistas y académicos, han visto una indebida intromisión del Legislativo, con el aparente propósito de integrar un instituto que responda a los intereses de los partidos que actualmente están representados en los grupos parlamentarios, y no tanto que actúe como lo que debe ser: un árbitro imparcial que dirima los procesos electorales con el único mandato del voto ciudadano.
Del lado de los legisladores, se ha dicho que se busca una reforma que ponga a tono las normas locales con las federales y que no hay una consigna para echar de sus cargos a los actuales consejeros; del interior del IEEJ, su actual presidente asegura que los diputados están fraguando un ataque a la incipiente democracia en el Estado.
Es deseable que el Poder Legislativo cumpla con su tarea de actualizar y modernizar el marco jurídico en el que se regula la vida institucional del Estado, pero los avances que se han logrado con la participación ciudadana en las instituciones deben ser intocables.
Se trata de la renovación de instituciones que han cobrado carta de naturalización en Jalisco, y que han contribuido a ensanchar los espacios en los que los ciudadanos tienen participación. La elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), la renovación del Tribunal Electoral de Estado de Jalisco (TEEJ) y las inminentes modificaciones a las estructuras del Instituto Electoral del Estado de Jalisco (IEEJ) y del Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei) han dado pie para que se asome en las negociaciones entre los grupos parlamentarios una intencionada determinación de influir en las designaciones de quienes conducirán los destinos de esas instancias.
En el caso del IEEJ, el órgano encargado de organizar, vigilar y sancionar los procesos electorales locales, han trascendido ya una serie de propuestas de cambios que, en una parte, se presentan como la necesaria adecuación del marco legal del Estado a los cambios realizados por el Congreso de la Unión a nivel federal, que transformó algunas de las atribuciones y la composición misma del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).
Pero las reformas locales van más allá, y entre ellas se habla de la modificación del actual IEEJ a un Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en el que podría integrarse un consejo totalmente diferente al que actualmente está en funciones, por mandato de ley, y que cesaría en su vigencia hasta el año 2010.
En algunos de estos cambios que se discuten en el Congreso del Estado, varios protagonistas de la vida pública de la Entidad, entre ellos analistas y académicos, han visto una indebida intromisión del Legislativo, con el aparente propósito de integrar un instituto que responda a los intereses de los partidos que actualmente están representados en los grupos parlamentarios, y no tanto que actúe como lo que debe ser: un árbitro imparcial que dirima los procesos electorales con el único mandato del voto ciudadano.
Del lado de los legisladores, se ha dicho que se busca una reforma que ponga a tono las normas locales con las federales y que no hay una consigna para echar de sus cargos a los actuales consejeros; del interior del IEEJ, su actual presidente asegura que los diputados están fraguando un ataque a la incipiente democracia en el Estado.
Es deseable que el Poder Legislativo cumpla con su tarea de actualizar y modernizar el marco jurídico en el que se regula la vida institucional del Estado, pero los avances que se han logrado con la participación ciudadana en las instituciones deben ser intocables.
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