En un régimen democrático, emanado legítimamente del sufragio popular, el que asume el poder sabe que es depositario de la voluntad de la mayoría y que su papel es el de ser mandatario, es decir representar los intereses de los demás. Así debe hacerlo para lo que otros quieren que se cumpla, para que las necesidades que tiene la población se satisfagan, para que los recursos públicos se apliquen con corrección y en lo que se requiere.
No puede un gobernante ignorar las demandas sociales ni eludir su responsabilidad de conducir de manera pulcra el ejercicio del presupuesto público. Y cuando pretende impulsar acciones que considera relevantes para el bien común, sus actos deben estar bien fundamentados en el marco legal que da vigencia a los actos de Gobierno.
Algunas de estas consideraciones se perdieron de vista cuando la actual administración estatal anunció que destinaría recursos públicos a la construcción del Santuario de los Mártires, que se erige desde hace tiempo al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara, enclavado en el Cerro del Tesoro. A posteriori, cuando se había levantado ya un clamor de miles de ciudadanos que consideraban vulnerados los principios del Estado laico, el gobernador de Jalisco llegó a decir que había tomado esa decisión porque él sabe qué es lo que quieren los jaliscienses y porque él fue electo en un proceso democrático, lo que le permitía ignorar —e incluso denostar— a “esos poquitos” que se oponían a la entrega de 30 millones de pesos para el templo.
Más allá de lo que significa para el culto religioso el levantamiento de un santuario en el que se pueda venerar a los mártires que fueron elevados a los altares por la Iglesia Católica, los cuestionamientos que se hicieron desde finales de marzo (días después de que se entregó el primer cheque por 30 millones de pesos, de los 90 millones que se pretendieron destinar a la obra) tenían su base en la validez que podría tener la asignación de dinero público a un recinto religioso.
El gobernador pareció aferrarse a la decisión tomada y las cosas se agravaron cuando en un acto público ofendió a los opositores a su medida. Más de mes y medio después del mensaje ofensivo, la Arquidiócesis de Guadalajara emitió una comunicación en la que pedía al Patronato Pro Construcción del Santuario que devolviera los 30 millones de pesos recibidos del erario, a lo que ayer sus integrantes respondieron de manera positiva.
Dentro de unos días ese dinero regresará a las arcas públicas, porque tanto el Arzobispado como los promotores de la obra consideran que es mejor preservar las condiciones de concordia entre los jaliscienses y evitar que una decisión desafortunada promueva enconos. Parece una decisión sensata la adoptada, y es un buen motivo para que se reflexione acerca de los límites que el marco jurídico y el régimen democrático les imponen a los gobernantes.
No puede un gobernante ignorar las demandas sociales ni eludir su responsabilidad de conducir de manera pulcra el ejercicio del presupuesto público. Y cuando pretende impulsar acciones que considera relevantes para el bien común, sus actos deben estar bien fundamentados en el marco legal que da vigencia a los actos de Gobierno.
Algunas de estas consideraciones se perdieron de vista cuando la actual administración estatal anunció que destinaría recursos públicos a la construcción del Santuario de los Mártires, que se erige desde hace tiempo al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara, enclavado en el Cerro del Tesoro. A posteriori, cuando se había levantado ya un clamor de miles de ciudadanos que consideraban vulnerados los principios del Estado laico, el gobernador de Jalisco llegó a decir que había tomado esa decisión porque él sabe qué es lo que quieren los jaliscienses y porque él fue electo en un proceso democrático, lo que le permitía ignorar —e incluso denostar— a “esos poquitos” que se oponían a la entrega de 30 millones de pesos para el templo.
Más allá de lo que significa para el culto religioso el levantamiento de un santuario en el que se pueda venerar a los mártires que fueron elevados a los altares por la Iglesia Católica, los cuestionamientos que se hicieron desde finales de marzo (días después de que se entregó el primer cheque por 30 millones de pesos, de los 90 millones que se pretendieron destinar a la obra) tenían su base en la validez que podría tener la asignación de dinero público a un recinto religioso.
El gobernador pareció aferrarse a la decisión tomada y las cosas se agravaron cuando en un acto público ofendió a los opositores a su medida. Más de mes y medio después del mensaje ofensivo, la Arquidiócesis de Guadalajara emitió una comunicación en la que pedía al Patronato Pro Construcción del Santuario que devolviera los 30 millones de pesos recibidos del erario, a lo que ayer sus integrantes respondieron de manera positiva.
Dentro de unos días ese dinero regresará a las arcas públicas, porque tanto el Arzobispado como los promotores de la obra consideran que es mejor preservar las condiciones de concordia entre los jaliscienses y evitar que una decisión desafortunada promueva enconos. Parece una decisión sensata la adoptada, y es un buen motivo para que se reflexione acerca de los límites que el marco jurídico y el régimen democrático les imponen a los gobernantes.
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