México
Tren parlamentario
Reforma electoral
La Cámara de Senadores se ha puesto a mirar hacia la elección de 2012, y, a través de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y de Estudios Legislativos, comenzó ayer a “darle una revisada” a la reforma política del Estado. Lo hacen, evidentemente, pensando en que octubre próximo será el comienzo formal del proceso electoral presidencial, y si el Poder Legislativo quiere hacer cambios a la ley electoral tendrá que hacerlo 90 días antes.
Ayer, en lo que no dejó de ser una reunión sorpresiva, la tríada de comisiones aquella se ha comenzado a plantear la posibilidad de reformar la Constitución y la ley electoral vigente en los temas siguientes: reelección legislativa, candidaturas independientes, veto presidencial, reconducción presupuestal y financiamientos de precampañas.
La electoral, es la reforma vértice fundamental de la reforma del Estado. Así lo han considerado tirios y troyanos desde aquel enero de 1995, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León convocó a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para la firma de un pacto que desembocara en una gran reforma política del Estado.
Se habló entonces de 17 temas fundamentales, uno de ellos el electoral. Y entre los asuntos figuraba, por ejemplo, la reforma político administrativa del entonces Departamento del Distrito Federal. Dos años después, convertida la Ciudad de México en una ciudad con Gobierno electo, quedaba políticamente en poder de la oposición, concretamente el PRD.
Esta decisión de la gente de la Ciudad de México, de votar por un partido de oposición recalcitrante, influyó negativamente en el entonces partido en el poder para que el proceso de reformar al Estado se quedara frenado.
Y desde entonces, cada vez que se habla de reforma del Estado es equivalente a abrir la llave para que sólo gotee agua muy poco; o apenas lo suficiente como para ilusionar a la gente de que las cosas cambiarían, dándole al ciudadano mayores márgenes de participación directa en las cosas de la República.
Ayer, verbigracia, políticos que saben que hablando de ampliar la democracia les puede redituar simpatías en el corto plazo —como Santiago Creel Miranda, senador del PAN, que aspira a convertirse en el candidato presidencial por su partido—, ya opinaban que la reforma política también debería incluir cambios legislativos que desembocasen en la factibilidad de crear gobiernos por coalición.
Hablaba de una figura de gobierno muy propia de los sistemas parlamentarios, cuando las minorías, sumadas, pueden constituir mayorías gobernantes, lo mismo en los territorios del Congreso como en el presidencial.
Obviamente, el senador aspirante a la Presidencia también propuso legislar para la instauración legal de la segunda vuelta presidencial.
En los ámbitos senatoriales, este lunes, se hablaba incluso de un posible dictamen antes de que concluyese el actual periodo ordinario de sesiones, el sábado 30 de abril.
Si hubiera algún cambio en materia electoral, el Congreso de la Unión tendría por fuerza que hacerlo a más tardar 90 días antes de que, en octubre, se dé el banderazo de inicio del proceso electoral de 2012.
Si el Senado cumple con su aspiración, de votarla esta semana, la Cámara de Diputados tendría que hacer lo mismo antes del sábado, también. O, en todo caso, convocar a un periodo extraordinario para concluir el proceso legislativo de la reforma electoral, tres meses antes de octubre.
En tanto, ahí mismo, en el Senado, se avistaba un dictamen más concreto: el de las leyes que confluirían en una nueva norma “antilavado” de dinero de procedencia ilícita. Y en la Cámara de Diputados, ayer mismo, tirios y troyanos miraban con insistencia hacia la Comisión de Justicia, adonde estaría a punto de ser dictaminada la Ley de Seguridad Nacional.
Un sector de la oposición ha comenzado a advertir que la ley de marras sería como el costal de Ulises, que el día en que se le abrió escaparon de su interior los vientos alisios, aquellos que llevaron y trajeron al navegante por mares, perdido él y su tripulación, durante 10 años.
Ya noche, casi las 21 horas, las comisiones unidas aquellas aprobaron, en lo general, reformas electorales. Se trataba, fundamentalmente, de darles más juego político a los ciudadanos, con la creación de la consulta popular, las candidaturas ciudadanas y el derecho de iniciativa ciudadana.
El PRD se reservaba todos los artículos, para su votación en lo particular.
Ayer, en lo que no dejó de ser una reunión sorpresiva, la tríada de comisiones aquella se ha comenzado a plantear la posibilidad de reformar la Constitución y la ley electoral vigente en los temas siguientes: reelección legislativa, candidaturas independientes, veto presidencial, reconducción presupuestal y financiamientos de precampañas.
La electoral, es la reforma vértice fundamental de la reforma del Estado. Así lo han considerado tirios y troyanos desde aquel enero de 1995, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León convocó a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para la firma de un pacto que desembocara en una gran reforma política del Estado.
Se habló entonces de 17 temas fundamentales, uno de ellos el electoral. Y entre los asuntos figuraba, por ejemplo, la reforma político administrativa del entonces Departamento del Distrito Federal. Dos años después, convertida la Ciudad de México en una ciudad con Gobierno electo, quedaba políticamente en poder de la oposición, concretamente el PRD.
Esta decisión de la gente de la Ciudad de México, de votar por un partido de oposición recalcitrante, influyó negativamente en el entonces partido en el poder para que el proceso de reformar al Estado se quedara frenado.
Y desde entonces, cada vez que se habla de reforma del Estado es equivalente a abrir la llave para que sólo gotee agua muy poco; o apenas lo suficiente como para ilusionar a la gente de que las cosas cambiarían, dándole al ciudadano mayores márgenes de participación directa en las cosas de la República.
Ayer, verbigracia, políticos que saben que hablando de ampliar la democracia les puede redituar simpatías en el corto plazo —como Santiago Creel Miranda, senador del PAN, que aspira a convertirse en el candidato presidencial por su partido—, ya opinaban que la reforma política también debería incluir cambios legislativos que desembocasen en la factibilidad de crear gobiernos por coalición.
Hablaba de una figura de gobierno muy propia de los sistemas parlamentarios, cuando las minorías, sumadas, pueden constituir mayorías gobernantes, lo mismo en los territorios del Congreso como en el presidencial.
Obviamente, el senador aspirante a la Presidencia también propuso legislar para la instauración legal de la segunda vuelta presidencial.
En los ámbitos senatoriales, este lunes, se hablaba incluso de un posible dictamen antes de que concluyese el actual periodo ordinario de sesiones, el sábado 30 de abril.
Si hubiera algún cambio en materia electoral, el Congreso de la Unión tendría por fuerza que hacerlo a más tardar 90 días antes de que, en octubre, se dé el banderazo de inicio del proceso electoral de 2012.
Si el Senado cumple con su aspiración, de votarla esta semana, la Cámara de Diputados tendría que hacer lo mismo antes del sábado, también. O, en todo caso, convocar a un periodo extraordinario para concluir el proceso legislativo de la reforma electoral, tres meses antes de octubre.
En tanto, ahí mismo, en el Senado, se avistaba un dictamen más concreto: el de las leyes que confluirían en una nueva norma “antilavado” de dinero de procedencia ilícita. Y en la Cámara de Diputados, ayer mismo, tirios y troyanos miraban con insistencia hacia la Comisión de Justicia, adonde estaría a punto de ser dictaminada la Ley de Seguridad Nacional.
Un sector de la oposición ha comenzado a advertir que la ley de marras sería como el costal de Ulises, que el día en que se le abrió escaparon de su interior los vientos alisios, aquellos que llevaron y trajeron al navegante por mares, perdido él y su tripulación, durante 10 años.
Ya noche, casi las 21 horas, las comisiones unidas aquellas aprobaron, en lo general, reformas electorales. Se trataba, fundamentalmente, de darles más juego político a los ciudadanos, con la creación de la consulta popular, las candidaturas ciudadanas y el derecho de iniciativa ciudadana.
El PRD se reservaba todos los artículos, para su votación en lo particular.
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