México
Tren parlamentario
Cuando se viaja en dos vías
Quería, sin duda, insuflar en la gente el pensamiento de que trabajaba. Y se ponía a caminar sobre el carril de la función legislativa, aprobando una, dos, tres, cuatro reformas de leyes secundarias y un punto de acuerdo con claras dedicatorias a robustecer a la justicia social; aunque no le faltaron las críticas en el sentido de que se ha puesto a legislar muy a lo corto, dosificando justicia a un pueblo hambriento de justicia.
La Cámara de Diputados no iba muy lejos, sin embargo, cuando el Ejecutivo Federal alcanzó a los legisladores de San Lázaro para restregarles en la cara que la preeminencia jurídica en México la tiene todavía el Presidente de la República, y no el Poder del contrapeso político, el Legislativo. Esa preeminencia que ha hecho ver al Congreso de la Unión, todos estos años, como una mera comparsa; un dique roto por donde la impunidad en el ejercicio del poder público va y viene, oronda.
Al mediodía, San Lázaro había recibido de la Comisión Federal de Telecomunicaciones —cuyo director general es Mony de Swaan Addati, el ujier de Juan Molinar Horcasitas que no bajan los opositores de ser una marioneta del ex secretario de Comunicaciones y Transportes— un texto en el que le informa que “no resulta legalmente procedente revocar las concesiones que se otorgó a la empresa denominada NII Digital S de RL de CV, como resultado de la Licitación 21”.
El documento que la Cofetel remitió ayer a la Cámara de Diputados constituía la respuesta oficial a un punto de acuerdo que el Pleno de San Lázaro aprobó el 30 de noviembre de 2010, en la que los diputados exhortaban a Mony de Swaan (en realidad, a Felipe Calderón y a su entonces titular de la SCT, Molinar Horcasitas) a revocar el título de concesión que entonces acababa la Cofetel de otorgar a NII Digital.
“El título”, respondía ayer Cofetel sobre la solicitud de revocación de la concesión de marras, “no establece en sus condiciones ninguna prohibición a los accionistas de la sociedad para enajenar sus acciones y sólo les obliga a dar aviso a la SCT, por lo que cualquier operación accionaria de la concesionaria no se puede entender como un cambio a otra persona moral”.
En resumen, aquel punto de acuerdo del 30 de noviembre sólo sirvió para intentar ante la gente un posicionamiento político de los opositores que no iba a tener, se sabía de antemano, consecuencias jurídicas de ninguna especie. Legalmente, la Cámara de Diputados —y por ahí, muy cerca, anda la de Senadores— no tiene el poder suficiente para obligar al Ejecutivo Federal a que se someta a sus mandatos, a que acate, como debería ser según aquel espíritu de las leyes que inspiró, en 1748 Montesquieu, el nacimiento del sistema de Gobierno republicano.
Algo así sucedía, ayer mismo, durante la asamblea ordinaria, cuando muy orondos, muy sácalepunta pues, los diputados aprobaron un punto de acuerdo en el que exhortaron al Presidente Felipe Calderón Hinojosa a que “modifique, ajuste y reestructure” la tarifa de energía eléctrica en todas las escuelas públicas del país.
Ganas de nutrir la farsa en la que suele desenvolverse el Congreso de la Unión, así se los restregaba Mario di Costanzo, cuando les decía que si de veras querían influir en las tarifas eléctricas, pues entonces se deberían todos poner de acuerdo en cambiar la política energética y llamar a cuentas al Ejecutivo Federal.
Pero ese Pleno se hizo el occiso. Exactamente igual que cuando los también petistas, Jaime Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña piden al Pleno y a la Mesa Directiva explicaciones de por qué los que integran la Junta de Coordinación Política (o sea: Francisco Rojas, Josefina Vázquez Mota, Alejandro Encinas, Pedro Vázquez, Pedro Jiménez, José Luis Guerra y Reyes Tamez) siguen haciéndose tiololos para no elegir a los tres consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), que por ley tendrían que haber elegido ya desde noviembre de 2010.
El trabajo legislativo en San Lázaro se justificaba ayer, sin embargo, con las siguientes aprobaciones: reformas al Código Penal Federal para aumentar las penas al delito de acoso sexual; reformas a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, reformas a la Ley General de Educación y reformas a la Ley del Infonavit.
Las cuatro, sin duda, robustecerán la defensa de los derechos humanos en México. Y en torno de éstas, la crítica consistió en la dosificación de la justicia. Y en su lentitud. Porque cuando menos dos de las cuatro todavía irán a Xicoténcatl para continuar su proceso legislativo.
La Cámara de Diputados no iba muy lejos, sin embargo, cuando el Ejecutivo Federal alcanzó a los legisladores de San Lázaro para restregarles en la cara que la preeminencia jurídica en México la tiene todavía el Presidente de la República, y no el Poder del contrapeso político, el Legislativo. Esa preeminencia que ha hecho ver al Congreso de la Unión, todos estos años, como una mera comparsa; un dique roto por donde la impunidad en el ejercicio del poder público va y viene, oronda.
Al mediodía, San Lázaro había recibido de la Comisión Federal de Telecomunicaciones —cuyo director general es Mony de Swaan Addati, el ujier de Juan Molinar Horcasitas que no bajan los opositores de ser una marioneta del ex secretario de Comunicaciones y Transportes— un texto en el que le informa que “no resulta legalmente procedente revocar las concesiones que se otorgó a la empresa denominada NII Digital S de RL de CV, como resultado de la Licitación 21”.
El documento que la Cofetel remitió ayer a la Cámara de Diputados constituía la respuesta oficial a un punto de acuerdo que el Pleno de San Lázaro aprobó el 30 de noviembre de 2010, en la que los diputados exhortaban a Mony de Swaan (en realidad, a Felipe Calderón y a su entonces titular de la SCT, Molinar Horcasitas) a revocar el título de concesión que entonces acababa la Cofetel de otorgar a NII Digital.
“El título”, respondía ayer Cofetel sobre la solicitud de revocación de la concesión de marras, “no establece en sus condiciones ninguna prohibición a los accionistas de la sociedad para enajenar sus acciones y sólo les obliga a dar aviso a la SCT, por lo que cualquier operación accionaria de la concesionaria no se puede entender como un cambio a otra persona moral”.
En resumen, aquel punto de acuerdo del 30 de noviembre sólo sirvió para intentar ante la gente un posicionamiento político de los opositores que no iba a tener, se sabía de antemano, consecuencias jurídicas de ninguna especie. Legalmente, la Cámara de Diputados —y por ahí, muy cerca, anda la de Senadores— no tiene el poder suficiente para obligar al Ejecutivo Federal a que se someta a sus mandatos, a que acate, como debería ser según aquel espíritu de las leyes que inspiró, en 1748 Montesquieu, el nacimiento del sistema de Gobierno republicano.
Algo así sucedía, ayer mismo, durante la asamblea ordinaria, cuando muy orondos, muy sácalepunta pues, los diputados aprobaron un punto de acuerdo en el que exhortaron al Presidente Felipe Calderón Hinojosa a que “modifique, ajuste y reestructure” la tarifa de energía eléctrica en todas las escuelas públicas del país.
Ganas de nutrir la farsa en la que suele desenvolverse el Congreso de la Unión, así se los restregaba Mario di Costanzo, cuando les decía que si de veras querían influir en las tarifas eléctricas, pues entonces se deberían todos poner de acuerdo en cambiar la política energética y llamar a cuentas al Ejecutivo Federal.
Pero ese Pleno se hizo el occiso. Exactamente igual que cuando los también petistas, Jaime Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña piden al Pleno y a la Mesa Directiva explicaciones de por qué los que integran la Junta de Coordinación Política (o sea: Francisco Rojas, Josefina Vázquez Mota, Alejandro Encinas, Pedro Vázquez, Pedro Jiménez, José Luis Guerra y Reyes Tamez) siguen haciéndose tiololos para no elegir a los tres consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), que por ley tendrían que haber elegido ya desde noviembre de 2010.
El trabajo legislativo en San Lázaro se justificaba ayer, sin embargo, con las siguientes aprobaciones: reformas al Código Penal Federal para aumentar las penas al delito de acoso sexual; reformas a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, reformas a la Ley General de Educación y reformas a la Ley del Infonavit.
Las cuatro, sin duda, robustecerán la defensa de los derechos humanos en México. Y en torno de éstas, la crítica consistió en la dosificación de la justicia. Y en su lentitud. Porque cuando menos dos de las cuatro todavía irán a Xicoténcatl para continuar su proceso legislativo.
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