México
Reforma politico-electoral debe ser revisada
Senado debe regular gasto en las elecciones y no ingresos, revela diagnóstico
MÉXICO, D.F. (24/JUN/2013).- Integralia y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias entregaron al Senado un diagnóstico de lo que eventualmente debería contemplar la reforma político-electoral en materia de financiamiento y fiscalización de los procesos electorales.
De acuerdo con el estudio, las campañas —a pesar de las reformas electorales de 2007 que redujeron el financiamiento público a partidos— son más costosas por muchos factores que no fueron legislados, como es el caso del dinero privado o los desvíos de recursos públicos de los distintos gobiernos.
Entre los principales problemas que tiene el sistema electoral, de acuerdo al diagnóstico, están los cuantiosos recursos líquidos que la mayor parte de las veces no se reporta a las autoridades electorales, así como la corrupción que se detona por el intercambio de quienes dan dinero a cambio de un pago futuro en contratos de obra pública, permisos, entre otros.
A esto se le añade el desvío de recursos públicos en algunos gobiernos locales para apoyar a campañas, así como “las prácticas tradicionales, pero crecientes” del clientelismo electoral o los intentos de compra del voto, movilización de militantes y condicionamiento de los programas sociales.
Proponen transitar hacia un modelo de fiscalización enfocado en el gasto y no en el ingreso, pues existen múltiples formas de obtener ingresos por medios ilegales.
En cuanto el costo de las campañas, el estudio sostiene que además de las prerrogativas, los partidos y las campañas se fondean mediante aportaciones privadas, así como de financiamiento no reportado que proviene de personas físicas y morales que violan la ley.
También considera que los topes de campaña no responden a una lógica para hacer más legal, transparente y equitativo el gasto; éstos parecen más una justificación política que una intención de bajar costos.
De acuerdo con el estudio, las campañas —a pesar de las reformas electorales de 2007 que redujeron el financiamiento público a partidos— son más costosas por muchos factores que no fueron legislados, como es el caso del dinero privado o los desvíos de recursos públicos de los distintos gobiernos.
Entre los principales problemas que tiene el sistema electoral, de acuerdo al diagnóstico, están los cuantiosos recursos líquidos que la mayor parte de las veces no se reporta a las autoridades electorales, así como la corrupción que se detona por el intercambio de quienes dan dinero a cambio de un pago futuro en contratos de obra pública, permisos, entre otros.
A esto se le añade el desvío de recursos públicos en algunos gobiernos locales para apoyar a campañas, así como “las prácticas tradicionales, pero crecientes” del clientelismo electoral o los intentos de compra del voto, movilización de militantes y condicionamiento de los programas sociales.
Proponen transitar hacia un modelo de fiscalización enfocado en el gasto y no en el ingreso, pues existen múltiples formas de obtener ingresos por medios ilegales.
En cuanto el costo de las campañas, el estudio sostiene que además de las prerrogativas, los partidos y las campañas se fondean mediante aportaciones privadas, así como de financiamiento no reportado que proviene de personas físicas y morales que violan la ley.
También considera que los topes de campaña no responden a una lógica para hacer más legal, transparente y equitativo el gasto; éstos parecen más una justificación política que una intención de bajar costos.