México
Por unas miradas
El asunto es que una vez más una tragedia deja al descubierto el fracaso reiterado de todos los gobiernos del Distrito Federal
A la hora en que escribo estas líneas, la Procuraduría mantiene como principal hipótesis sobre el móvil que condujo a José J. Balderas a dispararle a quemarropa a Salvador Cabañas, las miradas coquetas que habrían intercambiado el cuñado de Cabañas y la bailarina cubana que estaba sentada en una mesa contigua con “el empresario” conocido como “El JJ”, y su guardaespaldas.
Nada ganamos tratando de descifrar las razones de esos trágicos y absurdos instantes en que el alcohol y la prepotencia culminaron muy probablemente con la carrera de un gran deportista. El asunto es que una vez más una tragedia deja al descubierto el fracaso reiterado de todos los gobiernos del Distrito Federal para garantizar condiciones de seguridad aceptables para que los capitalinos disfrutemos de una legítima vida nocturna.
Después de cada tragedia, e independientemente de lo que la haya desencadenado, descubrimos que todos esos sitios funcionaban violando flagrantemente la ley. Fueron 22 muertos el saldo del incendio de la discoteca el “Lobohombo” en el año 2000; consecuencias: el dueño se fugó y la delegada Dolores Padierna respondió a la presión pública y mediática cerrando errática e histéricamente centros nocturnos en la delegación Cuauhtémoc. El operativo en el “New’s Divine” en junio de 2008 provocó la muerte de 12 jóvenes; consecuencias: rodaron las cabezas del secretario de Seguridad Pública y del procurador capitalino, se metió a la cárcel al dueño y se modificó, una vez más, la Ley de Establecimientos Mercantiles. Pero como lo revelan las condiciones en que operaba el bar “Bar”, ni los castigos ejemplares ni los repetidos cambios en las leyes han servido para regularizar el funcionamiento de estos lugares. Y es que el problema ha sido y sigue siendo la corrupción consentida y aceptada en todos los niveles involucrados en la aplicación de la norma.
Cada semana los verificadores salen a las calles a cobrar sus “cuotas”, como una auténtica mafia de extorsionadores blandiendo la amenaza de la clausura. Este dinero se reparte verticalmente, del verificador al coordinador de verificadores, luego al director de gobierno y después, según los casos, puede subir al director general jurídico y de gobierno y a los mismísimos delegados. Gracias a esto se pagan salarios bajos, entre seis mil y 12 mil pesos, se garantiza una jugosa caja chica y se obtienen nimios favores y tratos de virrey para los funcionarios en los antros. Esto es con lo que no han podido.
Nada ganamos tratando de descifrar las razones de esos trágicos y absurdos instantes en que el alcohol y la prepotencia culminaron muy probablemente con la carrera de un gran deportista. El asunto es que una vez más una tragedia deja al descubierto el fracaso reiterado de todos los gobiernos del Distrito Federal para garantizar condiciones de seguridad aceptables para que los capitalinos disfrutemos de una legítima vida nocturna.
Después de cada tragedia, e independientemente de lo que la haya desencadenado, descubrimos que todos esos sitios funcionaban violando flagrantemente la ley. Fueron 22 muertos el saldo del incendio de la discoteca el “Lobohombo” en el año 2000; consecuencias: el dueño se fugó y la delegada Dolores Padierna respondió a la presión pública y mediática cerrando errática e histéricamente centros nocturnos en la delegación Cuauhtémoc. El operativo en el “New’s Divine” en junio de 2008 provocó la muerte de 12 jóvenes; consecuencias: rodaron las cabezas del secretario de Seguridad Pública y del procurador capitalino, se metió a la cárcel al dueño y se modificó, una vez más, la Ley de Establecimientos Mercantiles. Pero como lo revelan las condiciones en que operaba el bar “Bar”, ni los castigos ejemplares ni los repetidos cambios en las leyes han servido para regularizar el funcionamiento de estos lugares. Y es que el problema ha sido y sigue siendo la corrupción consentida y aceptada en todos los niveles involucrados en la aplicación de la norma.
Cada semana los verificadores salen a las calles a cobrar sus “cuotas”, como una auténtica mafia de extorsionadores blandiendo la amenaza de la clausura. Este dinero se reparte verticalmente, del verificador al coordinador de verificadores, luego al director de gobierno y después, según los casos, puede subir al director general jurídico y de gobierno y a los mismísimos delegados. Gracias a esto se pagan salarios bajos, entre seis mil y 12 mil pesos, se garantiza una jugosa caja chica y se obtienen nimios favores y tratos de virrey para los funcionarios en los antros. Esto es con lo que no han podido.
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