México
PRD y Nueva Alianza proponen seguro de desempleo
El seguro de desempleo se presenta como política pública para subsanar el problema de miles de mexicanos
CIUDAD DE MÉXICO (18/SEP/2012).- Las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados impulsan reformas para implementar el seguro de desempleo en México.
Las propuestas están inscritas en medio de la discusión de la reforma laboral.
Los diputados del PRD, Martí Batres y Gerardo Villanueva, agendaron una iniciativa para crear esta figura e insertarla en la ley.
Por separado, la coordinadora del Partido Nueva Alianza, Lucila Garfias, también inscribió en la Gaceta una reforma para expedir la Ley Federal del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos.
Los perredistas impulsan esta ley de desempleo basados en la política del Gobierno del Distrito Federal, y propone que se beneficie a quienes perdieron su empleo a partir de julio de 2008.
"Basada en la experiencia del gobierno del Distrito Federal la propuesta presente sugiere que el Seguro de Desempleo beneficie a aquellos que perdieron su empleo a partir de julio de 2008 (momento en que se inicia el impacto de la crisis mundial en la economía mexicana) y debería otorgar una prestación similar a la de la Ciudad de México de un salario mínimo (independientemente del monto del último salario obtenido por el trabajador desempleado)".
Señalan que si el mismo esquema que opera actualmente en el DF se establece a nivel nacional, con una proyección de 800 mil beneficiarios anualmente, la carga al presupuesto ascendería a poco más de nueve mil 500 millones de pesos atendiendo el salario mínimo de 2012, lo que representa 300 millones de pesos menos en comparación con el costo total del nuevo avión presidencial y estableciendo que un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) es equivalente a cerca de 140 mil millones de pesos, según se señala en el estudio "Perspectivas Progresistas, Razones para un Seguro de Desempleo", un esquema a nivel nacional representaría poco menos del 0.07 por ciento del PIB.
A su vez, Garfias advierte que México es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que no cuenta con el seguro de desempleo.
Señala que su iniciativa tiene como propósito expandir los derechos sociales para lograr una sociedad con equidad, así como otorgar una protección básica a las y los trabajadores asalariados, incluyendo a los grupos vulnerables y discriminados, de la economía que hayan perdido su empleo y, al mismo tiempo, se puedan crear las condiciones para su incorporación al mercado del trabajo y al goce del derecho constitucional al empleo.
"Porque el trabajo es el fundamento social y base del bienestar de la población de un país. Solamente pueden alcanzarse niveles de desarrollo y de prosperidad en los hogares, cuando existe un número suficiente de empleos estables, bien remunerados y protegidos por la Ley. Nuestro país es el único perteneciente a la OCDE sin un Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos, medida recomendada para incentivar una mejor estructura de los mercados laborales y para fortalecer la red de protección social en favor de la población en condiciones de vulnerabilidad", señala en su iniciativa.
En la propuesta se indica que el desempleado deberá comprobar su estatus, pero podrá ver cancelado el apoyo si consigue trabajo.
Además el gobernador de la entidad federativa deberá incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente, la asignación que garantice, efectivamente, el derecho al Seguro que se regula en la presente ley, a favor de todas las personas desempleadas que cumplan los requisitos establecidos en la misma y los demás que señale la Secretaría para tal efecto.
"Los recursos que la federación disponga para otorgar se canalizaran a través de subsidios mediante la firma de convenios en términos de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la distribución se realizará en función del porcentaje de desempleo que se registre", dijo.
Para Martí Batres y Gerardo Villanueva la tasa de desempleo del 4.84 % registrada en el segundo trimestre del año debe sumarse la cifra de personas disponibles para trabajar pero que se suman en la Población No Económicamente Activa, es decir seis millones 118 mil 856 mexicanos y cuatro millones 16 mil 660 más que realizando algún trabajo no reciben remuneración por ello dando un total de 12 millones 603 mil 678 desempleados formales.
"La situación es aún más crítica si se suma a los miles de jóvenes que, de manera anual, se incorporan a la población económicamente activa, la repatriación de miles de mexicanos que laboran especialmente en Estados Unidos y demás variables.
Así pues, en materia de empleo, el panorama es sumamente preocupante. Frente a ese escenario y a la incapacidad que ha demostrado el gobierno federal de generar los empleos suficientes para cubrir las expectativas se deben tomar las medidas sociales necesarias para ayudar a los más vulnerables, y dentro de estas medidas debe procederse al establecimiento del seguro de desempleo".
Los diputados del PRD argumentan que en el presupuesto de 2009, el gobierno del Distrito Federal destinó 405 millones para atender a poco mas de 60 mil capitalinos, dos años después en 2011 destinó 577 millones 475 mil 810 pesos para una cobertura de más de 70 mil personas, debe agregarse que este seguro no es contributivo, ya que es financiado con los recursos fiscales del gobierno capitalino.
"Lo anterior resulta un elemento muy importante pues los esquemas contributivos como los que operan en países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay o Venezuela prevén el apoyo únicamente a los trabajadores con contrato los cuales están obligados a aportar parte de su salario al fondo del seguro de desempleo, similar a los esquemas de seguridad social de México, el problema de este tipo de financiamiento radica en que si el trabajador no labora para una empresa cuyo tipo de contrato le permita cotizar en instancias como IMSS o ISSSTE simplemente no podría acceder a los beneficios establecidos, es decir, el modelo de seguro de desempleo que se aplica en el Distrito Federal es superior al que opera en otros lugares del mundo, es mejor".
Batres y Villanueva señalan que adoptar un Seguro de Desempleo en México tendría diversos beneficios para los trabajadores y sus familias, permite a los trabajadores disminuir en alguna medida la pérdida de ingresos que se produce durante los periodos de desempleo estabilizando la capacidad de consumo al tiempo mismo que facilita mediante esquemas vinculatorios y de capacitación, la búsqueda de una nueva fuente de ingresos.
"Así, el seguro de desempleo se presenta como política pública que apunta a subsanar la incapacidad del gobierno frente a la generación de mayores fuentes de empleo. Así pues frente a la tendencia política que propone que nada cambie a pesar del enorme daño que han sufrido las familias trabajadoras desde hace casi 30 años el seguro de desempleo representaría una medida urgente y necesaria.
Su principal valor es, de acuerdo a lo anterior, la de mostrar, tal y como ha sucedido en la Ciudad de México, que aunque parciales y al principio limitadas, las políticas públicas pueden y deben construirse como una alternativa y un punto de partida para diseñar un futuro".
Las propuestas están inscritas en medio de la discusión de la reforma laboral.
Los diputados del PRD, Martí Batres y Gerardo Villanueva, agendaron una iniciativa para crear esta figura e insertarla en la ley.
Por separado, la coordinadora del Partido Nueva Alianza, Lucila Garfias, también inscribió en la Gaceta una reforma para expedir la Ley Federal del Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos.
Los perredistas impulsan esta ley de desempleo basados en la política del Gobierno del Distrito Federal, y propone que se beneficie a quienes perdieron su empleo a partir de julio de 2008.
"Basada en la experiencia del gobierno del Distrito Federal la propuesta presente sugiere que el Seguro de Desempleo beneficie a aquellos que perdieron su empleo a partir de julio de 2008 (momento en que se inicia el impacto de la crisis mundial en la economía mexicana) y debería otorgar una prestación similar a la de la Ciudad de México de un salario mínimo (independientemente del monto del último salario obtenido por el trabajador desempleado)".
Señalan que si el mismo esquema que opera actualmente en el DF se establece a nivel nacional, con una proyección de 800 mil beneficiarios anualmente, la carga al presupuesto ascendería a poco más de nueve mil 500 millones de pesos atendiendo el salario mínimo de 2012, lo que representa 300 millones de pesos menos en comparación con el costo total del nuevo avión presidencial y estableciendo que un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) es equivalente a cerca de 140 mil millones de pesos, según se señala en el estudio "Perspectivas Progresistas, Razones para un Seguro de Desempleo", un esquema a nivel nacional representaría poco menos del 0.07 por ciento del PIB.
A su vez, Garfias advierte que México es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que no cuenta con el seguro de desempleo.
Señala que su iniciativa tiene como propósito expandir los derechos sociales para lograr una sociedad con equidad, así como otorgar una protección básica a las y los trabajadores asalariados, incluyendo a los grupos vulnerables y discriminados, de la economía que hayan perdido su empleo y, al mismo tiempo, se puedan crear las condiciones para su incorporación al mercado del trabajo y al goce del derecho constitucional al empleo.
"Porque el trabajo es el fundamento social y base del bienestar de la población de un país. Solamente pueden alcanzarse niveles de desarrollo y de prosperidad en los hogares, cuando existe un número suficiente de empleos estables, bien remunerados y protegidos por la Ley. Nuestro país es el único perteneciente a la OCDE sin un Seguro de Desempleo y Fomento a la Creación de Empleos, medida recomendada para incentivar una mejor estructura de los mercados laborales y para fortalecer la red de protección social en favor de la población en condiciones de vulnerabilidad", señala en su iniciativa.
En la propuesta se indica que el desempleado deberá comprobar su estatus, pero podrá ver cancelado el apoyo si consigue trabajo.
Además el gobernador de la entidad federativa deberá incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente, la asignación que garantice, efectivamente, el derecho al Seguro que se regula en la presente ley, a favor de todas las personas desempleadas que cumplan los requisitos establecidos en la misma y los demás que señale la Secretaría para tal efecto.
"Los recursos que la federación disponga para otorgar se canalizaran a través de subsidios mediante la firma de convenios en términos de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la distribución se realizará en función del porcentaje de desempleo que se registre", dijo.
Para Martí Batres y Gerardo Villanueva la tasa de desempleo del 4.84 % registrada en el segundo trimestre del año debe sumarse la cifra de personas disponibles para trabajar pero que se suman en la Población No Económicamente Activa, es decir seis millones 118 mil 856 mexicanos y cuatro millones 16 mil 660 más que realizando algún trabajo no reciben remuneración por ello dando un total de 12 millones 603 mil 678 desempleados formales.
"La situación es aún más crítica si se suma a los miles de jóvenes que, de manera anual, se incorporan a la población económicamente activa, la repatriación de miles de mexicanos que laboran especialmente en Estados Unidos y demás variables.
Así pues, en materia de empleo, el panorama es sumamente preocupante. Frente a ese escenario y a la incapacidad que ha demostrado el gobierno federal de generar los empleos suficientes para cubrir las expectativas se deben tomar las medidas sociales necesarias para ayudar a los más vulnerables, y dentro de estas medidas debe procederse al establecimiento del seguro de desempleo".
Los diputados del PRD argumentan que en el presupuesto de 2009, el gobierno del Distrito Federal destinó 405 millones para atender a poco mas de 60 mil capitalinos, dos años después en 2011 destinó 577 millones 475 mil 810 pesos para una cobertura de más de 70 mil personas, debe agregarse que este seguro no es contributivo, ya que es financiado con los recursos fiscales del gobierno capitalino.
"Lo anterior resulta un elemento muy importante pues los esquemas contributivos como los que operan en países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay o Venezuela prevén el apoyo únicamente a los trabajadores con contrato los cuales están obligados a aportar parte de su salario al fondo del seguro de desempleo, similar a los esquemas de seguridad social de México, el problema de este tipo de financiamiento radica en que si el trabajador no labora para una empresa cuyo tipo de contrato le permita cotizar en instancias como IMSS o ISSSTE simplemente no podría acceder a los beneficios establecidos, es decir, el modelo de seguro de desempleo que se aplica en el Distrito Federal es superior al que opera en otros lugares del mundo, es mejor".
Batres y Villanueva señalan que adoptar un Seguro de Desempleo en México tendría diversos beneficios para los trabajadores y sus familias, permite a los trabajadores disminuir en alguna medida la pérdida de ingresos que se produce durante los periodos de desempleo estabilizando la capacidad de consumo al tiempo mismo que facilita mediante esquemas vinculatorios y de capacitación, la búsqueda de una nueva fuente de ingresos.
"Así, el seguro de desempleo se presenta como política pública que apunta a subsanar la incapacidad del gobierno frente a la generación de mayores fuentes de empleo. Así pues frente a la tendencia política que propone que nada cambie a pesar del enorme daño que han sufrido las familias trabajadoras desde hace casi 30 años el seguro de desempleo representaría una medida urgente y necesaria.
Su principal valor es, de acuerdo a lo anterior, la de mostrar, tal y como ha sucedido en la Ciudad de México, que aunque parciales y al principio limitadas, las políticas públicas pueden y deben construirse como una alternativa y un punto de partida para diseñar un futuro".
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