México
Ombudsman reconoce ante la ONU precariedad de Derechos Humanos
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU somete a México a una evaluación
CIUDAD DE MÉXICO (03/FEB/2015).- Los derechos humanos en México enfrentan una de sus etapas más críticas y desafiantes, resumió en Ginebra el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
El ombudsman estuvo presente en la sesión de ayer, donde el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) somete a México a una evaluación, y en la que también estuvieron dos padres de los normalistas de Ayotzinapa.
En su participación, González Pérez reconoció que la desaparición forzada constituye un grave problema de seguridad en México, por lo que llamó a realizar una labor de sistematización y depuración de las bases de datos que se tienen sobre estos casos, pues no hay información fidedigna al respecto.
“México tiene como prioridad aprobar leyes contra las desapariciones forzadas y perfeccionar una base de datos para rastrear a los desaparecidos”, reconoció el representante permanente del país ante la ONU, Jorge Lomónaco.
El Estado mexicano también participó en la sesión de ayer, y aceptaron que el país enfrenta retos en materia de desapariciones.
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, aseguró que la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa pone de manifiesto que se deben fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia.
Además refirieron que entre 2006 y 2013 las procuradurías estatales y la federal iniciaron 291 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada, pero sólo seis de ellas concluyeron en una sentencia.
El Comité de la ONU aclaró que si bien la desaparición de los 43 normalistas es un caso muy emblemático, la revisión en el Comité no es el foro adecuado para tratarlo, aunque reconocieron que es un ejemplo de un problema que es mayor.
El ombudsman estuvo presente en la sesión de ayer, donde el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) somete a México a una evaluación, y en la que también estuvieron dos padres de los normalistas de Ayotzinapa.
En su participación, González Pérez reconoció que la desaparición forzada constituye un grave problema de seguridad en México, por lo que llamó a realizar una labor de sistematización y depuración de las bases de datos que se tienen sobre estos casos, pues no hay información fidedigna al respecto.
“México tiene como prioridad aprobar leyes contra las desapariciones forzadas y perfeccionar una base de datos para rastrear a los desaparecidos”, reconoció el representante permanente del país ante la ONU, Jorge Lomónaco.
El Estado mexicano también participó en la sesión de ayer, y aceptaron que el país enfrenta retos en materia de desapariciones.
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, aseguró que la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa pone de manifiesto que se deben fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia.
Además refirieron que entre 2006 y 2013 las procuradurías estatales y la federal iniciaron 291 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada, pero sólo seis de ellas concluyeron en una sentencia.
El Comité de la ONU aclaró que si bien la desaparición de los 43 normalistas es un caso muy emblemático, la revisión en el Comité no es el foro adecuado para tratarlo, aunque reconocieron que es un ejemplo de un problema que es mayor.
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