Una de las estrategias políticas que desde la Presidencia de la República se desplegaron para ir creciendo la presencia de Morena en las entidades de la República, fue la designación de lo que se llamó los “Súperdelegados del Bienestar” del Gobierno de la 4T, a partir de diciembre del 2018 que inició el sexenio recién terminado de Andrés Manuel López Obrador.Que Morena tenga hoy 24 de 32 gobernadores y gobernadoras en el país, y que la mayoría haya fungido en esa posición antes de que fuera postulado, deja claro que la fórmula, aunque cuestionable por hacer proselitismo con los programas de Gobierno, ha sido ampliamente exitosa.Por eso, será interesante observar si ya conquistadas todas estas gubernaturas, la Presidenta Claudia Sheinbaum mantiene intactas estas figuras en esas Entidades, y qué diferencia tienen en la operación de sus responsabilidades, en los estados donde hay gobiernos no postulados por Morena aún, como Jalisco.Como se recordará uno de los primeros choques que se dieron entre el gobernador saliente de Jalisco, Enrique Alfaro, y AMLO, entonces presidente electo, fue justamente el nombramiento de Carlos Lomelí, en esa posición, luego de haber perdido frente a él la elección.Al igual que en Jalisco, en otros Estados con gobiernos opositores a Morena, la designación de los superdelegados generó mucha suspicacia porque la mayoría eran ex candidatos a la gubernatura de sus Estados por el partido guinda, o en su defecto, fueron colocados ahí para que construyeran desde ese cargo sus postulaciones.Adscritos a la Secretaría del Bienestar y responsables en teoría de manejar todos los programas sociales del gobierno federal en Jalisco, han pasado por ese cargo Lomelí, Armando Zazueta Hernández y la semana pasada se ratificó a Katia Meave Ferniza, quien había sido delegada de Morena en Yucatán y superdelegada en Campeche.Todo este debate llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tres años después y en una cerrada votación, entre los que veían en los superdelegados un atentado contra el federalismo por todo el poder que desde el centro les daba el Presidente, y los que ganaron, que sostenían que lejos de afectar la soberanía de los estados hacían más eficiente el servicio público. Así las “súperdelegaciones” se declararon constitucionales en el Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.Ya despejada esta discusión para Sheinbaum, habrá que ver que política imprime para aprovechar esta y las 68 delegaciones restantes que en teoría forman parte del gobierno federal en Jalisco, y que tienen cuatro sexenios en el que la mayoría de ellas están desaparecidas.Vendría muy bien, insisto, una revisión a estas dependencias públicas para definir si su existencia es o no necesaria, ya que hasta ahora no se sabe a ciencia cierta que está pasando en estas oficinas del gobierno federal en Jalisco. Sobre todo en los tiempos del priato, eran como la extensión de la administración central y oficinas de activismo político en las entidades. Eran también agencias de colocaciones y premios de consolación para quienes no alcanzaban puestos estelares en el centro o para premiar militancias locales. Es momento, pues, de saber si algo cambiará en las delegaciones federales en el llamado segundo piso de la 4T.
