México

México exige justicia por muerte de joven en frontera con EU

Un agente de la Patrulla Fronteriza mató a un adolescente en 2010; alegó defensa personal

NUEVA ORLEANS, ESTADOS UNIDOS (21/ENE/2015).- El Gobierno mexicano solicitó a un tribunal de apelaciones estadounidense que permita a los padres de un adolescente mexicano demandar a un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que mató a tiros al muchacho de 15 años a través de la frontera.

La solicitud fue presentada este mes al Quinto Tribunal de Apelaciones, que considera la demanda interpuesta el miércoles por segunda vez por los padres de Sergio.

Esa y otras dos presentaciones solicitan al tribunal que revoque la decisión del juez de distrito David Briones de que la familia no puede demandar al agente Jesús Mesa Jr. por el incidente del 2010.

Un panel de tres jueces falló 2-1 el 30 de junio que la familia podía demandar a Mesa.

Según la demanda, Hernández y otros jovencitos estaban trepando a una alcantarilla para tocar la cerca con alambrados de púas en la frontera y después volverse. Mesa detuvo a uno de los chicos, Hernández retrocedió y Mesa le disparó, agrega la demanda.

Los investigadores estadounidenses no acusaron a Mesa, quien dijo que se estaba protegiendo de alguien que le lanzaba piedras.

"Tres videos y una investigación del Departamento de Justicia estadounidense refutaron una información inicial del FBI que insinuaba que Sergio había arrojado una piedra contra el agente", dijeron los abogados de los Hernández.

El juez Briones falló en el 2011 que la familia no podía demandar a Estados Unidos, Mesa o dos de sus supervisores porque el muchacho estaba en México cuando fue muerto.

El panel del Quinto circuito coincidió en que el gobierno federal es inmune a la demanda y que los supervisores no estuvieron involucrados. Pero dos de sus jueces dijeron que la familia podía demandar a Mesa.

La presentación mexicana dijo que respeta la interpretación estadounidense de sus leyes y su Constitución, pero que Estados Unidos debería compensar a las víctimas y responsabilizar a sus agentes si violan los derechos fundamentales de los mexicanos.
 
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