México
México Furioso, reacción de EU no tan rápida
Sí, las operaciones encubiertas pueden ser muy efectivas para combatir a las grandes organizaciones criminales. La idea es que el fin justifica los medios
De ser un Estado fallido a considerar la posibilidad de que los Zetas colaboren con Al Qaeda. Ahora WikiLeaks y la operación Furioso y Rápido. Es un milagro que los funcionarios mexicanos sigan conversando con los vecinos. Pero también son los gajes del oficio. El ser vecino de los Estados Unidos nunca será fácil. Pero también por algo será que millones de mexicanos buscan cruzar a ese país.
Y aunque los comentarios del embajador Carlos Pascual filtrados por WikiLeaks ofenden las sensibilidades del Presidente Felipe Calderón, no dijo el “bad boy” de Pascual algo que no se dijo antes —de hecho deberíamos muchos columnistas y reporteros exigir regalías, o por lo menos pedir que se nos citara como fuente en los cables filtrados—. Carlos no descubrió el hilo negro.
Ahora surge la operación Furioso y Rápido.
No es nuevo que el Gobierno de Estados Unidos use operaciones encubiertas, donde se permite o se promueve actividades delictivas para identificar, investigar y eventualmente arrestar miembros del crimen organizado. Puede ser una herramienta muy efectiva para arrestar a capos de las organizaciones, porque durante ellas se supone que se documentan las actividades de los supuestos delincuentes mediante videos, fotografías, grabaciones de voz, recolección de prueba documental, etc. Todo esto se usa ante un jurado en los Estados Unidos para condenar a supuestos delincuentes.
Para entender cómo Estados Unidos puede arrestar en un día a 600 mexicanos, días después de que mataran al agente Zapata, o cómo en 2009, en dos días, después de cuatro años de investigaciones, en la operación llamada Project Coronado se arrestó a 300 supuestos integrantes de la Familia Michoacana. Además de requerir una extraordinaria coordinación entre policías y fiscales locales y federales para llevar a cabo este operativo, seguramente hubo múltiples operativos encubiertos, donde agentes compraban y vendían drogas, conseguían armas, todas son actividades ilegales. Desde que se ejecutó este operativo, más de mil personas adicionales han sido arrestadas.
Sí, las operaciones encubiertas pueden ser muy efectivas para combatir a las grandes organizaciones criminales. La idea es que el fin justifica los medios.
Pero cuando fracasan estas operaciones, los resultados pueden ser devastadores. Se han documentado casos por ejemplo en donde agentes estadounidenses dejaron ingresar toneladas de cocaína a los Estados Unidos que llegaron a los consumidores y adictos, como parte de un operativo tratando de identificar quiénes traficaban drogas a los Estados Unidos.
Con la excepción de infiltrar personas a una organización delictiva, generalmente estas operaciones son ilegales, especialmente si se requiere que el Gobierno participe o patrocine una actividad ilegal. Ante los resultados de Furioso y Rápido uno entiende porqué no debería de permitirse. Pero también hay que reconocer que se les quita a las autoridades una herramienta importante.
¿Qué puede hacer ahora el Gobierno de México? Puede exigir que se investigue y castigue penalmente a los agentes involucrados en la operación y sus supervisores. Pedirlos en extradición para que los juzguen en México por el delito de tráfico de armas, aunque también hay que señalar que seguramente no accederá a esto el Gobierno de los Estados Unidos. Más posibilidades son que el Gobierno de México presione no sólo una investigación penal en los Estados Unidos, sino también buscar participar en la investigación administrativa ordenada por el fiscal general Eric Holder. Más efectivo sería iniciar un juicio civil, donde ya sea el Gobierno de México, o personas que han sido víctimas de estas armas introducidas al país por el operativo Rápido y Furioso, puedan exigir remuneración económica por los resultados de este operativo.
Seguramente un juicio de esta naturaleza tardaría años, y tendría un importante costo. Pero también permitiría que el tema se desvinculara de las relaciones diplomáticas entre los países, cuando seguramente se normalizarán en algunos años después de las elecciones presidenciales en ambos países.
Pero un juicio de esta naturaleza continuaría ejerciendo presiones en las agencias estadounidenses para que consideren el impacto político, en las relaciones bilaterales y en el bolsillo de las instituciones cuando se estén considerando operaciones tipo Furioso y Rápido. Una demanda civil permite que se paguen indemnizaciones millonarias a las víctimas. Muchas veces la mejor diplomacia se define con el bolsillo.
Y aunque los comentarios del embajador Carlos Pascual filtrados por WikiLeaks ofenden las sensibilidades del Presidente Felipe Calderón, no dijo el “bad boy” de Pascual algo que no se dijo antes —de hecho deberíamos muchos columnistas y reporteros exigir regalías, o por lo menos pedir que se nos citara como fuente en los cables filtrados—. Carlos no descubrió el hilo negro.
Ahora surge la operación Furioso y Rápido.
No es nuevo que el Gobierno de Estados Unidos use operaciones encubiertas, donde se permite o se promueve actividades delictivas para identificar, investigar y eventualmente arrestar miembros del crimen organizado. Puede ser una herramienta muy efectiva para arrestar a capos de las organizaciones, porque durante ellas se supone que se documentan las actividades de los supuestos delincuentes mediante videos, fotografías, grabaciones de voz, recolección de prueba documental, etc. Todo esto se usa ante un jurado en los Estados Unidos para condenar a supuestos delincuentes.
Para entender cómo Estados Unidos puede arrestar en un día a 600 mexicanos, días después de que mataran al agente Zapata, o cómo en 2009, en dos días, después de cuatro años de investigaciones, en la operación llamada Project Coronado se arrestó a 300 supuestos integrantes de la Familia Michoacana. Además de requerir una extraordinaria coordinación entre policías y fiscales locales y federales para llevar a cabo este operativo, seguramente hubo múltiples operativos encubiertos, donde agentes compraban y vendían drogas, conseguían armas, todas son actividades ilegales. Desde que se ejecutó este operativo, más de mil personas adicionales han sido arrestadas.
Sí, las operaciones encubiertas pueden ser muy efectivas para combatir a las grandes organizaciones criminales. La idea es que el fin justifica los medios.
Pero cuando fracasan estas operaciones, los resultados pueden ser devastadores. Se han documentado casos por ejemplo en donde agentes estadounidenses dejaron ingresar toneladas de cocaína a los Estados Unidos que llegaron a los consumidores y adictos, como parte de un operativo tratando de identificar quiénes traficaban drogas a los Estados Unidos.
Con la excepción de infiltrar personas a una organización delictiva, generalmente estas operaciones son ilegales, especialmente si se requiere que el Gobierno participe o patrocine una actividad ilegal. Ante los resultados de Furioso y Rápido uno entiende porqué no debería de permitirse. Pero también hay que reconocer que se les quita a las autoridades una herramienta importante.
¿Qué puede hacer ahora el Gobierno de México? Puede exigir que se investigue y castigue penalmente a los agentes involucrados en la operación y sus supervisores. Pedirlos en extradición para que los juzguen en México por el delito de tráfico de armas, aunque también hay que señalar que seguramente no accederá a esto el Gobierno de los Estados Unidos. Más posibilidades son que el Gobierno de México presione no sólo una investigación penal en los Estados Unidos, sino también buscar participar en la investigación administrativa ordenada por el fiscal general Eric Holder. Más efectivo sería iniciar un juicio civil, donde ya sea el Gobierno de México, o personas que han sido víctimas de estas armas introducidas al país por el operativo Rápido y Furioso, puedan exigir remuneración económica por los resultados de este operativo.
Seguramente un juicio de esta naturaleza tardaría años, y tendría un importante costo. Pero también permitiría que el tema se desvinculara de las relaciones diplomáticas entre los países, cuando seguramente se normalizarán en algunos años después de las elecciones presidenciales en ambos países.
Pero un juicio de esta naturaleza continuaría ejerciendo presiones en las agencias estadounidenses para que consideren el impacto político, en las relaciones bilaterales y en el bolsillo de las instituciones cuando se estén considerando operaciones tipo Furioso y Rápido. Una demanda civil permite que se paguen indemnizaciones millonarias a las víctimas. Muchas veces la mejor diplomacia se define con el bolsillo.
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