México
Mandos permitieron abusos en Atenco, acusa ministro de la Corte
El Pleno de la SCJN inició la discusión y el análisis del dictamen que presentó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo
CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la discusión y el análisis del dictamen que presentó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, en el que se concluye que en los enfrentamientos registrados en la comunidad de Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, sí se registraron violaciones graves de garantías.
Al presentar su dictamen y hacer un relato y una reconstrucción de lo que ocurrieron esos días, con base en la investigación que llevó a cabo la Corte, Gudiño aseguró que no se encontraron elementos que apoyaran la hipótesis de que se hubiera dado alguna orden de golpear, dañar o vejar a los manifestantes y detenidos; aunque eso fue, al final, lo que sucedió.
Pero —aclaró— “aun cuando la violencia no hubiese sido ordenada, sí hay elementos para considerar que fue permitida, alentada y, en esa medida autorizada, avalada por los superiores de los policías participantes en los operativos”.
De acuerdo con el ministro de la SCJN, “esa permisión o tolerancia a la violencia se advierte también en que poco, o casi nada, se investigó por parte de los propios superiores de los policías para castigar las conductas abusivas después de cometidas”.
En el caso de los policías que incurrieron en las agresiones, reportó que “en muy pocos casos culminaron en fincamiento de responsabilidades y, hasta donde obra en autos, las causas penales están abiertas”.
Durante la presentación de una versión resumida de su dictamen, de alrededor de 940 páginas, el ministro informó que en los operativos policiales fueron aseguradas alrededor de 50 mujeres, de las cuales cerca de 30 refirieron haber sido agredidas sexualmente.
En torno a este caso, dijo, “las probanzas recabadas permiten sostener que fueron —casi todas— víctimas de violencia física en partes de su cuerpo que permiten considerarse como agresiones de tipo sexual”.
Pero, destacó, “ante acusaciones de tal magnitud como las que hicieron las mujeres, la autoridad no actuó a tiempo y poco —casi nada— se hizo por parte de las autoridades ministeriales para documentar y esclarecer los hechos denunciados por ellas”.
Durante los acontecimientos registrados en Atenco, dijo, se registraron violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad sexual, a la no discriminación por género, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad personal, al debido proceso, al trato digno de los detenidos y al derecho a la justicia.
Al presentar su dictamen y hacer un relato y una reconstrucción de lo que ocurrieron esos días, con base en la investigación que llevó a cabo la Corte, Gudiño aseguró que no se encontraron elementos que apoyaran la hipótesis de que se hubiera dado alguna orden de golpear, dañar o vejar a los manifestantes y detenidos; aunque eso fue, al final, lo que sucedió.
Pero —aclaró— “aun cuando la violencia no hubiese sido ordenada, sí hay elementos para considerar que fue permitida, alentada y, en esa medida autorizada, avalada por los superiores de los policías participantes en los operativos”.
De acuerdo con el ministro de la SCJN, “esa permisión o tolerancia a la violencia se advierte también en que poco, o casi nada, se investigó por parte de los propios superiores de los policías para castigar las conductas abusivas después de cometidas”.
En el caso de los policías que incurrieron en las agresiones, reportó que “en muy pocos casos culminaron en fincamiento de responsabilidades y, hasta donde obra en autos, las causas penales están abiertas”.
Durante la presentación de una versión resumida de su dictamen, de alrededor de 940 páginas, el ministro informó que en los operativos policiales fueron aseguradas alrededor de 50 mujeres, de las cuales cerca de 30 refirieron haber sido agredidas sexualmente.
En torno a este caso, dijo, “las probanzas recabadas permiten sostener que fueron —casi todas— víctimas de violencia física en partes de su cuerpo que permiten considerarse como agresiones de tipo sexual”.
Pero, destacó, “ante acusaciones de tal magnitud como las que hicieron las mujeres, la autoridad no actuó a tiempo y poco —casi nada— se hizo por parte de las autoridades ministeriales para documentar y esclarecer los hechos denunciados por ellas”.
Durante los acontecimientos registrados en Atenco, dijo, se registraron violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad sexual, a la no discriminación por género, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad personal, al debido proceso, al trato digno de los detenidos y al derecho a la justicia.
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