México
La Corte revisará el fuero militar
Guillermo Ortiz Mayagoitia, ubicó el tema del fuero militar entre los más importantes y prioritarios
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, ubicó el tema del fuero militar entre los más importantes y prioritarios a resolver durante su segundo periodo de sesiones que inicia el 3 de agosto próximo.
La revisión de los alcances y limitaciones del fuero militar, para saber si es posible que sean juzgados por civiles los elementos del Ejército que cometan delitos en sus tareas de lucha contra el crimen, dijo, se ubica como el punto número dos de la agenda "de grandes temas que nos esperan en las próximas deliberaciones en el pleno de la Suprema Corte de Justicia".
En este caso se ha concentrado la atención de organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos que consideran que el fuero militar no debe ser un pretexto para que los militares no sean juzgados por civiles cuando incurran en delitos que afecten a la ciudadanía.
La Corte se pronunciará sobre este tema al revisar el juicio de amparo que promovió la esposa de uno de los cuatro jóvenes que fueron asesinados por militares en marzo de 2008, en la comunidad de Santiago de Caballeros, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuando los confundieron con narcotraficantes, pese a que en la camioneta en la que viajaban y que fue baleada no portaban ni armas ni droga.
El anuncio lo hizo Ortiz Mayagoitia durante la clausura del primer periodo de sesiones del alto tribunal, y una hora después de inaugurar los murales de Rafael Cauduro, que se ubican en las escalinatas de la Corte y en los que se aprecian escenas de torturas para obtener declaraciones, de homicidios, secuestros, e imágenes de represión por parte de militares y policías, así como montones de expedientes apilados en juzgados.
El mural de la justicia
Previo a la clausura del primer periodo de sesiones, Ortiz encabezó la inauguración del mural “La historia de la justicia en México”, en el que, como describió el ministro José Ramón Cossío, se encuentran imágenes violentas como las tituladas "Represores uniformados", "La violación" o "Tortura para sacar declaración".
Se trata de un mural que no está colocado en cualquier sitio, sino --destacó Cossío-- "en la llamada escalera de ministros. Es por ella (y por su elevador) por donde normalmente ascendemos a nuestras oficinas y descendemos para participar en las sesiones del pleno o de las salas.
"El mural no está colocado en cualquier lugar. Está en el espacio al que concurrimos diariamente al entrar a ejercer nuestras funciones y al concluir su ejercicio. Son esas imágenes violentas lo último que vemos al comenzar las sesiones".
Se trata, dijo el presidente de la Corte, de un mural "que denuncia una desagradable realidad, que no debe seguir siendo parte de nuestro paisaje. Es la visión del autor que nos reta a que estas escenas desaparezcan para siempre de nuestro país; para que permanezcan como imágenes, pero no como vivencias".
Porque, le dijo al muralista Cauduro, "paradójicamente lo inauguramos --maestro-- buscando comprometernos como sociedad, para abolir aquello que le ha inspirado al pintarlo".
(El Universal)
Justifica aplazamiento de caso ABC
Tragedia en Sonora
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, recordó que durante el periodo vacacional "la ley ordena que se suspenda la actividad de resolución judicial, y no la atención a la sociedad", un día después de aplazar hasta agosto la decisión de crear o no una comisión que investigue el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Al clausurar el primer periodo de sesiones de la Corte, Ortiz anunció que entre los temas prioritarios a revisar cuando se reanuden las actividades ordinarias del alto tribunal el 3 de agosto próximo, destaca precisamente el caso del siniestro en la referida guardería, que dejó 48 niños muertos.
A manera de justificación, después de las críticas que recibieron por dejar ese tema para agosto, Ortiz explicó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dividió la actividad jurisdiccional "en dos grandes periodos": uno que va del primer día hábil de enero al último día hábil de la primera quincena del mes de julio; y otro que cada año comienza el primer día hábil de agosto y termina el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre.
(El Universal)
Decepciona la defensa de México del privilegio castrense
En juego recursos de Iniciativa Mérida
CIUDAD DE MÉXICO.- En México no puede existir un régimen de excepción para investigar y castigar los delitos como el que se aplica a los militares, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW).
Dijo que es “decepcionante” que el Gobierno mexicano insista en defender --incluso en foros internacionales-- la aplicación del fuero castrense.
En entrevista, el representante de HRW reveló que la semana pasada envió una carta al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para solicitarle información sobre las supuestas sentencias que existen contra militares acusados de violaciones graves a los derechos humanos, y que no ha recibido ninguna respuesta a la petición.
Por ello decidió enviar el lunes pasado una carta a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en la que pidió no avalar la entrega de casi 130 millones de dólares de la Iniciativa Mérida, hasta que el Gobierno mexicano cumpla con el requisito legal de investigar violaciones a derechos humanos y delitos cometidos por los militares y que sean sancionados por los tribunales civiles.
Indicó que esta petición a Washington es necesaria, ante lo que calificó como “una defensa cerrada” al fuero militar por parte del Gobierno mexicano, en claro incumplimiento a los compromisos que asumió al aceptar el apoyo financiero a través de la Iniciativa Mérida.
Vivanco señaló que en la última década los juzgados y tribunales militares no habían dado a conocer una sola sentencia contra efectivos castrenses, a pesar de las denuncias constantes en su contra.
Aunque de forma inusitada el 11 de junio de 2009, ante Naciones Unidas, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguraron que “la justicia militar actualmente conoce de seis casos en fase de integración de la averiguación previa, y que en tres casos se consignaron a 32 efectivos, y se tienen registradas nueve sentencias condenatorias en contra de 14 elementos”.
Hillary Clinton certificará en torno a los abusos
Estados Unidos aseguró ayer que se toma “muy en serio” las denuncias de tortura y abusos cometidos por el Ejército mexicano en su lucha contra los cárteles de la droga, pero se negó a confirmar la retención de los fondos asignados a la Iniciativa Mérida hasta que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, emita su recomendación definitiva al Congreso para certificar la actuación del Gobierno mexicano en el terreno de los derechos humanos.
FRASE:
Sólo se explica como reflejo de la debilidad del Gobierno de Felipe Calderón, al depender cada vez más del Ejército en su lucha contra el crimen y el narcotráfico. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW).
La revisión de los alcances y limitaciones del fuero militar, para saber si es posible que sean juzgados por civiles los elementos del Ejército que cometan delitos en sus tareas de lucha contra el crimen, dijo, se ubica como el punto número dos de la agenda "de grandes temas que nos esperan en las próximas deliberaciones en el pleno de la Suprema Corte de Justicia".
En este caso se ha concentrado la atención de organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos que consideran que el fuero militar no debe ser un pretexto para que los militares no sean juzgados por civiles cuando incurran en delitos que afecten a la ciudadanía.
La Corte se pronunciará sobre este tema al revisar el juicio de amparo que promovió la esposa de uno de los cuatro jóvenes que fueron asesinados por militares en marzo de 2008, en la comunidad de Santiago de Caballeros, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuando los confundieron con narcotraficantes, pese a que en la camioneta en la que viajaban y que fue baleada no portaban ni armas ni droga.
El anuncio lo hizo Ortiz Mayagoitia durante la clausura del primer periodo de sesiones del alto tribunal, y una hora después de inaugurar los murales de Rafael Cauduro, que se ubican en las escalinatas de la Corte y en los que se aprecian escenas de torturas para obtener declaraciones, de homicidios, secuestros, e imágenes de represión por parte de militares y policías, así como montones de expedientes apilados en juzgados.
El mural de la justicia
Previo a la clausura del primer periodo de sesiones, Ortiz encabezó la inauguración del mural “La historia de la justicia en México”, en el que, como describió el ministro José Ramón Cossío, se encuentran imágenes violentas como las tituladas "Represores uniformados", "La violación" o "Tortura para sacar declaración".
Se trata de un mural que no está colocado en cualquier sitio, sino --destacó Cossío-- "en la llamada escalera de ministros. Es por ella (y por su elevador) por donde normalmente ascendemos a nuestras oficinas y descendemos para participar en las sesiones del pleno o de las salas.
"El mural no está colocado en cualquier lugar. Está en el espacio al que concurrimos diariamente al entrar a ejercer nuestras funciones y al concluir su ejercicio. Son esas imágenes violentas lo último que vemos al comenzar las sesiones".
Se trata, dijo el presidente de la Corte, de un mural "que denuncia una desagradable realidad, que no debe seguir siendo parte de nuestro paisaje. Es la visión del autor que nos reta a que estas escenas desaparezcan para siempre de nuestro país; para que permanezcan como imágenes, pero no como vivencias".
Porque, le dijo al muralista Cauduro, "paradójicamente lo inauguramos --maestro-- buscando comprometernos como sociedad, para abolir aquello que le ha inspirado al pintarlo".
(El Universal)
Justifica aplazamiento de caso ABC
Tragedia en Sonora
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, recordó que durante el periodo vacacional "la ley ordena que se suspenda la actividad de resolución judicial, y no la atención a la sociedad", un día después de aplazar hasta agosto la decisión de crear o no una comisión que investigue el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Al clausurar el primer periodo de sesiones de la Corte, Ortiz anunció que entre los temas prioritarios a revisar cuando se reanuden las actividades ordinarias del alto tribunal el 3 de agosto próximo, destaca precisamente el caso del siniestro en la referida guardería, que dejó 48 niños muertos.
A manera de justificación, después de las críticas que recibieron por dejar ese tema para agosto, Ortiz explicó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dividió la actividad jurisdiccional "en dos grandes periodos": uno que va del primer día hábil de enero al último día hábil de la primera quincena del mes de julio; y otro que cada año comienza el primer día hábil de agosto y termina el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre.
(El Universal)
Decepciona la defensa de México del privilegio castrense
En juego recursos de Iniciativa Mérida
CIUDAD DE MÉXICO.- En México no puede existir un régimen de excepción para investigar y castigar los delitos como el que se aplica a los militares, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW).
Dijo que es “decepcionante” que el Gobierno mexicano insista en defender --incluso en foros internacionales-- la aplicación del fuero castrense.
En entrevista, el representante de HRW reveló que la semana pasada envió una carta al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para solicitarle información sobre las supuestas sentencias que existen contra militares acusados de violaciones graves a los derechos humanos, y que no ha recibido ninguna respuesta a la petición.
Por ello decidió enviar el lunes pasado una carta a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en la que pidió no avalar la entrega de casi 130 millones de dólares de la Iniciativa Mérida, hasta que el Gobierno mexicano cumpla con el requisito legal de investigar violaciones a derechos humanos y delitos cometidos por los militares y que sean sancionados por los tribunales civiles.
Indicó que esta petición a Washington es necesaria, ante lo que calificó como “una defensa cerrada” al fuero militar por parte del Gobierno mexicano, en claro incumplimiento a los compromisos que asumió al aceptar el apoyo financiero a través de la Iniciativa Mérida.
Vivanco señaló que en la última década los juzgados y tribunales militares no habían dado a conocer una sola sentencia contra efectivos castrenses, a pesar de las denuncias constantes en su contra.
Aunque de forma inusitada el 11 de junio de 2009, ante Naciones Unidas, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguraron que “la justicia militar actualmente conoce de seis casos en fase de integración de la averiguación previa, y que en tres casos se consignaron a 32 efectivos, y se tienen registradas nueve sentencias condenatorias en contra de 14 elementos”.
Hillary Clinton certificará en torno a los abusos
Estados Unidos aseguró ayer que se toma “muy en serio” las denuncias de tortura y abusos cometidos por el Ejército mexicano en su lucha contra los cárteles de la droga, pero se negó a confirmar la retención de los fondos asignados a la Iniciativa Mérida hasta que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, emita su recomendación definitiva al Congreso para certificar la actuación del Gobierno mexicano en el terreno de los derechos humanos.
FRASE:
Sólo se explica como reflejo de la debilidad del Gobierno de Felipe Calderón, al depender cada vez más del Ejército en su lucha contra el crimen y el narcotráfico. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW).
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