México
La Corte hace justicia a campesinos de Atenco
Nueve de los doce prisioneros desde el 2006 salieron de la cárcel anoche, tras la decisión de los ministros
CIUDAD DE MÉXICO (01/JUL/2010).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que enfrentaban penas de 31 a 112 años de prisión, en lo que se convirtió en el revés más importante que ha recibido la administración del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en materia de procuración de justicia.
Las demandas que promovió el Gobierno mexiquense en contra de los pobladores de Atenco, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y que habían sido avaladas por el Poder Judicial de la Entidad, fueron cuestionadas y criticadas severamente por los ministros del máximo tribunal del país.
Las sentencias reclamadas pueden ser consideradas “como una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición”, aseguró el ministro Juan Silva Meza.
En particular, como encargado del caso de dos de los líderes el movimiento, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, el ministro Silva Meza afirmó que quedó “en entredicho la forma en que el Estado trata la libertad personal, la integridad, la libertad de asociación y expresión de los líderes sociales, particularmente por el crucial rol que representan por ser los líderes históricos y por el valor emblemático que tienen para su comunidad”. A su postura se sumaron los ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez.
En general, en el caso de nueve de los pobladores de Atenco, los cinco ministros de la Primera Sala votaron de manera unánime por ordenar la inmediata liberación, porque sus juicios estuvieron sustentados en pruebas ilegales o insuficientes y se violó su derecho a un debido proceso.
Donde se generó una votación dividida en la Corte fue en el caso de los tres líderes, incluido Héctor Galindo.
Los ministros Silva, Zaldívar y Sánchez Cordero votaron a su favor por considerar que si bien habían retenido a funcionarios como medio de protesta, esta conducta no correspondía a la de un secuestro equiparado, que fue la que se les fincó y por la que se les había sentenciado.
El ministro José Ramón Cossío coincidió en ordenar su liberación, pero por motivos diferentes al estimar que sí habían incurrido en un delito, que no era grave, y por el cual ya habían pagado su pena.
El ministro José de Jesús Gudiño votó en contra, porque dijo que sí eran responsables del secuestro.
Historia del conflicto
La violencia desencadenada el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco fue producto de un largo conflicto caracterizado por la ausencia de diálogo político, la criminalización de la lucha social y la violencia, señala el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
El origen del problema se remonta al 23 de octubre de 2001, cuando el Gobierno federal anuncia la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, lo que no agrada a 500 campesinos de San Mateo Atenco, a quienes se les expropiarían terrenos. Inconformes bloquean la carretera federal Texcoco-Lechería, blandiendo los machetes, acto que a partir de entonces simboliza su resistencia. Esa vez la Procuraduría de Justicia del Estado de México obtuvo tres órdenes de aprehensión en contra de los líderes del movimiento.
En 2003 el Gobierno del Estado de México se comprometió al diálogo con el FDPT, como una instancia para ir discutiendo y resolviendo las problemáticas de las comunidades.
Fue hasta el 21 de febrero de 2006 cuando hubo nuevo acercamiento, pero nada se resolvió para los campesinos. A cambio, el Estado de México incrementó la vigilancia policial en Texcoco.
El 10 de abril campesinos de la región de la montaña de Texcoco llevan sus hortalizas para venderlas en el mercado Belisario Domínguez, y cerca de 100 policías municipales y 20 funcionarios del Ayuntamiento les impiden trabajar, y se retiran.
El 20 de abril policías granaderos toman por asalto el mercado, arremeten contra mujeres, niños y ancianos. Hay varios detenidos.
Horticultores y floricultores solicitan un diálogo público y la anulación de las órdenes de aprehensión contra integrantes del FDPT.
El 2 de mayo de 2006 el alcalde de San Salvador Atenco les dice a los campesinos que podrán instalarse para vender sus productos al día siguiente, cuando termina por estallar el problema que se pudo evitar a través del diálogo, en el que fue palpable el abuso del poder de las Policía mexiquense.
Reacciones
Políticos, satisfechos
Senadores de las principales fuerzas políticas mostraron su satisfacción por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó la liberación de los presos del caso Atenco.
El coordinador del PAN, Gustavo Madero, reconoció la labor de los ministros. Manlio Fabio Beltrones, del PRI, también mostró su beneplácito por la decisión, mientras que Carlos Sotelo, del PRD, dijo que el fallo se traduce en “una de cal por las que van de arena”.
Por su parte, el Gobierno del Estado de México tendrá “absoluto respeto” con la resolución de la SCJN liberar a los presos de Atenco, señaló el gobernador Enrique Peña Nieto, en un comunicado.
Las cifras del operativo
Abuso de autoridad contra comerciantes
211 horticultores y floricultores fueron detenidos el 3 y 4 de mayo de 2006.
47 eran mujeres, las que hicieron huelga de hambre en el penal de Santiaguito.
26 de ellas denunciaron después abusos sexuales por los policías.
1 niño murió en el operativo de la Policía mexiquense al recibir un petardazo.
Las demandas que promovió el Gobierno mexiquense en contra de los pobladores de Atenco, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y que habían sido avaladas por el Poder Judicial de la Entidad, fueron cuestionadas y criticadas severamente por los ministros del máximo tribunal del país.
Las sentencias reclamadas pueden ser consideradas “como una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición”, aseguró el ministro Juan Silva Meza.
En particular, como encargado del caso de dos de los líderes el movimiento, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, el ministro Silva Meza afirmó que quedó “en entredicho la forma en que el Estado trata la libertad personal, la integridad, la libertad de asociación y expresión de los líderes sociales, particularmente por el crucial rol que representan por ser los líderes históricos y por el valor emblemático que tienen para su comunidad”. A su postura se sumaron los ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez.
En general, en el caso de nueve de los pobladores de Atenco, los cinco ministros de la Primera Sala votaron de manera unánime por ordenar la inmediata liberación, porque sus juicios estuvieron sustentados en pruebas ilegales o insuficientes y se violó su derecho a un debido proceso.
Donde se generó una votación dividida en la Corte fue en el caso de los tres líderes, incluido Héctor Galindo.
Los ministros Silva, Zaldívar y Sánchez Cordero votaron a su favor por considerar que si bien habían retenido a funcionarios como medio de protesta, esta conducta no correspondía a la de un secuestro equiparado, que fue la que se les fincó y por la que se les había sentenciado.
El ministro José Ramón Cossío coincidió en ordenar su liberación, pero por motivos diferentes al estimar que sí habían incurrido en un delito, que no era grave, y por el cual ya habían pagado su pena.
El ministro José de Jesús Gudiño votó en contra, porque dijo que sí eran responsables del secuestro.
Historia del conflicto
La violencia desencadenada el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco fue producto de un largo conflicto caracterizado por la ausencia de diálogo político, la criminalización de la lucha social y la violencia, señala el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
El origen del problema se remonta al 23 de octubre de 2001, cuando el Gobierno federal anuncia la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, lo que no agrada a 500 campesinos de San Mateo Atenco, a quienes se les expropiarían terrenos. Inconformes bloquean la carretera federal Texcoco-Lechería, blandiendo los machetes, acto que a partir de entonces simboliza su resistencia. Esa vez la Procuraduría de Justicia del Estado de México obtuvo tres órdenes de aprehensión en contra de los líderes del movimiento.
En 2003 el Gobierno del Estado de México se comprometió al diálogo con el FDPT, como una instancia para ir discutiendo y resolviendo las problemáticas de las comunidades.
Fue hasta el 21 de febrero de 2006 cuando hubo nuevo acercamiento, pero nada se resolvió para los campesinos. A cambio, el Estado de México incrementó la vigilancia policial en Texcoco.
El 10 de abril campesinos de la región de la montaña de Texcoco llevan sus hortalizas para venderlas en el mercado Belisario Domínguez, y cerca de 100 policías municipales y 20 funcionarios del Ayuntamiento les impiden trabajar, y se retiran.
El 20 de abril policías granaderos toman por asalto el mercado, arremeten contra mujeres, niños y ancianos. Hay varios detenidos.
Horticultores y floricultores solicitan un diálogo público y la anulación de las órdenes de aprehensión contra integrantes del FDPT.
El 2 de mayo de 2006 el alcalde de San Salvador Atenco les dice a los campesinos que podrán instalarse para vender sus productos al día siguiente, cuando termina por estallar el problema que se pudo evitar a través del diálogo, en el que fue palpable el abuso del poder de las Policía mexiquense.
Reacciones
Políticos, satisfechos
Senadores de las principales fuerzas políticas mostraron su satisfacción por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó la liberación de los presos del caso Atenco.
El coordinador del PAN, Gustavo Madero, reconoció la labor de los ministros. Manlio Fabio Beltrones, del PRI, también mostró su beneplácito por la decisión, mientras que Carlos Sotelo, del PRD, dijo que el fallo se traduce en “una de cal por las que van de arena”.
Por su parte, el Gobierno del Estado de México tendrá “absoluto respeto” con la resolución de la SCJN liberar a los presos de Atenco, señaló el gobernador Enrique Peña Nieto, en un comunicado.
Las cifras del operativo
Abuso de autoridad contra comerciantes
211 horticultores y floricultores fueron detenidos el 3 y 4 de mayo de 2006.
47 eran mujeres, las que hicieron huelga de hambre en el penal de Santiaguito.
26 de ellas denunciaron después abusos sexuales por los policías.
1 niño murió en el operativo de la Policía mexiquense al recibir un petardazo.