México
En cinco días, tres masacres, tres estados, 42 y... cero presos
¿Es posible y creíble que en Chihuahua, Baja California y Nayarit, ninguna autoridad sea capaz de contar siquiera con una pista de los responsables del fusilamiento de jóvenes?
Se agotan las palabras, los adjetivos, las capacidades de asombro, enojo, indignación e impotencia, ante una estadística macabra como ésa. En cinco días se han producido tres masacres, en tres estados, con 42 muertos y, claro, ni un solo detenido.
Casualidad o no, a la estadística se suma una variable más; todo empezó a unas horas de que autoridades federales efectuaran la mayor incautación y quema de mariguana en la historia. Nada menos que 134 toneladas arrebatadas al narco y que, según algunos lunáticos, fue un golpe casual.
Hoy nadie sabe a ciencia cierta si es una venganza criminal por el decomiso histórico de mariguana. Lo cierto es que el cemento con el que todos los días se construyen altos muros que parapetan y hacen posible al crimen organizado y el narcotráfico, se llama impunidad; que es posible por la incapacidad y la apatía de gobernadores, alcaldes y autoridades federales; por la corrupción policiaca y jueces vendidos, por legisladores miopes y venales y por políticos y partidos —de todos los colores—, a los que importa todo, menos los ciudadanos.
Queda claro que en Chihuahua, Baja California y Nayarit —donde se produjeron las tres ejecuciones con 42 muertos—, no hay ley y no hay Gobierno. Los ciudadanos están solos, a la buena de Dios y a la mala de los criminales. Pero la tragedia también se vive en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán… en casi todo el territorio nacional.
Lo curioso, a pesar de que dos tercios del país están bajo el control de grupos criminales, es que en todas esas entidades parece que los gobiernos, los partidos y sus respectivas burocracias de poder, ni ven ni oyen. ¿Es posible y creíble que en Chihuahua, Baja California y Nayarit, ninguna autoridad sea capaz de contar siquiera con una pista de los responsables del fusilamiento de jóvenes? ¿En serio, nadie sabe nada?
No les falta razón a quienes señalan que en el fondo de la crisis de inseguridad y florecimiento del crimen y el narco, están serias carencias sociales del Estado, como educación, empleo, salud, esparcimiento… pero nadie quiere ver la otra verdad; la de la descomposición del modelo de reparto del poder. ¿De qué hablamos?
Que a la caída del presidencialismo del PRI —en donde el presidente era el jefe de los gobernadores—, los mandatarios estatales se convirtieron en virreysuelos intocables, impunes, que hacen a su antojo. Y con ello se ha gestado una burocracia mafiosa que solapa a narcos y criminales, que no ve y menos escucha. Sin un poder superior, los gobiernos estatales son modernos caciques, a cuya sombra crece la inmundicia criminal.
Pero que nadie lo toque, porque ¡ay de aquél! Seguirán las masacres y nadie habrá visto nada. Al tiempo.
Casualidad o no, a la estadística se suma una variable más; todo empezó a unas horas de que autoridades federales efectuaran la mayor incautación y quema de mariguana en la historia. Nada menos que 134 toneladas arrebatadas al narco y que, según algunos lunáticos, fue un golpe casual.
Hoy nadie sabe a ciencia cierta si es una venganza criminal por el decomiso histórico de mariguana. Lo cierto es que el cemento con el que todos los días se construyen altos muros que parapetan y hacen posible al crimen organizado y el narcotráfico, se llama impunidad; que es posible por la incapacidad y la apatía de gobernadores, alcaldes y autoridades federales; por la corrupción policiaca y jueces vendidos, por legisladores miopes y venales y por políticos y partidos —de todos los colores—, a los que importa todo, menos los ciudadanos.
Queda claro que en Chihuahua, Baja California y Nayarit —donde se produjeron las tres ejecuciones con 42 muertos—, no hay ley y no hay Gobierno. Los ciudadanos están solos, a la buena de Dios y a la mala de los criminales. Pero la tragedia también se vive en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán… en casi todo el territorio nacional.
Lo curioso, a pesar de que dos tercios del país están bajo el control de grupos criminales, es que en todas esas entidades parece que los gobiernos, los partidos y sus respectivas burocracias de poder, ni ven ni oyen. ¿Es posible y creíble que en Chihuahua, Baja California y Nayarit, ninguna autoridad sea capaz de contar siquiera con una pista de los responsables del fusilamiento de jóvenes? ¿En serio, nadie sabe nada?
No les falta razón a quienes señalan que en el fondo de la crisis de inseguridad y florecimiento del crimen y el narco, están serias carencias sociales del Estado, como educación, empleo, salud, esparcimiento… pero nadie quiere ver la otra verdad; la de la descomposición del modelo de reparto del poder. ¿De qué hablamos?
Que a la caída del presidencialismo del PRI —en donde el presidente era el jefe de los gobernadores—, los mandatarios estatales se convirtieron en virreysuelos intocables, impunes, que hacen a su antojo. Y con ello se ha gestado una burocracia mafiosa que solapa a narcos y criminales, que no ve y menos escucha. Sin un poder superior, los gobiernos estatales son modernos caciques, a cuya sombra crece la inmundicia criminal.
Pero que nadie lo toque, porque ¡ay de aquél! Seguirán las masacres y nadie habrá visto nada. Al tiempo.
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