México
¿De qué se trata?
Pues resulta que los diputados de la Legislatura anterior en el Congreso del Estado de Jalisco aprobaron un presupuesto para el año 2010, 300 millones de pesos menor al que se ejerció en 2009, en números gruesos
Pues resulta que los diputados de la Legislatura anterior en el Congreso del Estado de Jalisco aprobaron un presupuesto para el año 2010, 300 millones de pesos menor al que se ejerció en 2009, en números gruesos. Y resulta también que dejaron un adeudo por 180 millones de pesos con diversos proveedores y contrataron a decenas de empleados cuyos sueldos incrementaron el gasto corriente en el Poder Legislativo de manera importante.
Esto quiere decir, y la información se ha difundido ampliamente esta semana, que la actual Legislatura no tendrá dinero para pagar ni siquiera la nómina, si para antes de agosto el Ejecutivo estatal no autoriza una ampliación presupuestal.
La lectura del secretario general del Congreso, Carlos Corona, es que se trató de una acción deliberada de los ahora ex diputados, a sabiendas de que la Legislatura entrante tendría una conformación en su mayoría de oposición al partido en el Gobierno.
Si esto es así (seguramente los aludidos lo negarán), se trata de un manejo perverso, irresponsable e inconsciente, alejado a más no poder del interés por el bienestar de los jaliscienses, porque, finalmente, a la sociedad nos tocará pagar las consecuencias de un acto de esta naturaleza.
No puedo omitir aquí la referencia de que cuando se discutían los presupuestos el año pasado, pesaba (y pesa aún) sobre nuestro país una grave crisis económica que llevó a la clase gobernante a comprometerse a reducir lo más posible el gasto corriente, esto en los tres órdenes de gobierno.
Habría que revisar puntualmente si se cumplió o no con eso, porque ahora sabemos, por ejemplo, que las camionetas de lujo que usan los legisladores locales fueron adquiridas en la gestión anterior. Y es sólo un botón de muestra, en el Poder Legislativo de una Entidad federativa.
La consecuencia principal es que el Ejecutivo estatal deberá cubrir los requerimientos presupuestales del Legislativo —se calcula que entre 300 y 500 millones de pesos a cargo del erario que alimentamos con los impuestos que pagamos—, porque de otra manera no podría operar y, bueno, el caso es en realidad una oportunidad, conociendo a nuestros políticos, para presionar, para el toma y daca, pretexto para la parálisis, para no impulsar ciertas iniciativas o para llevar adelante otras.
El distanciamiento entre la sociedad y la clase gobernante se profundiza y las molestias ciudadanas también. A ver si por lo menos estos diputados legislan para poner candados a estas perversidades, es decir, impedir que esta Legislatura y las que vienen, hagan lo mismo que la anterior.
Es fácil llegar a la conclusión de que con estas actitudes, que no son nuevas y quizá no sean las peores, una vez más la clase política demuestra que no está interesada, en lo absoluto, en la sociedad a la que se debe. Les servimos de pretexto y como tema para discursos demagógicos, pero nada más ¿de qué se trata?
Esto quiere decir, y la información se ha difundido ampliamente esta semana, que la actual Legislatura no tendrá dinero para pagar ni siquiera la nómina, si para antes de agosto el Ejecutivo estatal no autoriza una ampliación presupuestal.
La lectura del secretario general del Congreso, Carlos Corona, es que se trató de una acción deliberada de los ahora ex diputados, a sabiendas de que la Legislatura entrante tendría una conformación en su mayoría de oposición al partido en el Gobierno.
Si esto es así (seguramente los aludidos lo negarán), se trata de un manejo perverso, irresponsable e inconsciente, alejado a más no poder del interés por el bienestar de los jaliscienses, porque, finalmente, a la sociedad nos tocará pagar las consecuencias de un acto de esta naturaleza.
No puedo omitir aquí la referencia de que cuando se discutían los presupuestos el año pasado, pesaba (y pesa aún) sobre nuestro país una grave crisis económica que llevó a la clase gobernante a comprometerse a reducir lo más posible el gasto corriente, esto en los tres órdenes de gobierno.
Habría que revisar puntualmente si se cumplió o no con eso, porque ahora sabemos, por ejemplo, que las camionetas de lujo que usan los legisladores locales fueron adquiridas en la gestión anterior. Y es sólo un botón de muestra, en el Poder Legislativo de una Entidad federativa.
La consecuencia principal es que el Ejecutivo estatal deberá cubrir los requerimientos presupuestales del Legislativo —se calcula que entre 300 y 500 millones de pesos a cargo del erario que alimentamos con los impuestos que pagamos—, porque de otra manera no podría operar y, bueno, el caso es en realidad una oportunidad, conociendo a nuestros políticos, para presionar, para el toma y daca, pretexto para la parálisis, para no impulsar ciertas iniciativas o para llevar adelante otras.
El distanciamiento entre la sociedad y la clase gobernante se profundiza y las molestias ciudadanas también. A ver si por lo menos estos diputados legislan para poner candados a estas perversidades, es decir, impedir que esta Legislatura y las que vienen, hagan lo mismo que la anterior.
Es fácil llegar a la conclusión de que con estas actitudes, que no son nuevas y quizá no sean las peores, una vez más la clase política demuestra que no está interesada, en lo absoluto, en la sociedad a la que se debe. Les servimos de pretexto y como tema para discursos demagógicos, pero nada más ¿de qué se trata?
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