México
Dan por terminado juicio contra jueces de Rubí Marisol
Los magistrados Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga dejaron en libertad a Sergio Barraza, asesino de la joven Rubí Marisol Frayre, el año pasado
CIUDAD DE MÉXICO (05/ABR/2011).- El Congreso de Chihuahua dio por terminado, antes de llegar a una resolución, el proceso de juicio político en contra de tres jueces de Ciudad Juárez del llamado caso Rubí Marisol, luego de que presentaran su renuncia al Poder Judicial.
Se trata del proceso abierto a Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga, juzgadores que el año pasado dejaron en libertad a Sergio Barraza, asesino de la joven Rubí Marisol Frayre, a quien un segundo tribunal condenó posteriormente a 50 años de prisión por los mimos hechos, aunque para ese momento ya se encontraba prófugo de la justicia.
Por mayoría de votos, los legisladores determinaron este martes que al dejar el encargo los señalados no hay materia para el juicio político, ya que éste era con el fin de destituirlos e inhabilitarlos como servidores públicos, lo cual ahora es evidentemente improcedente.
Sergio Rafael Barraza Bocanegra, presunto responsable del homicidio de Frayre, había sido detenido el 16 de junio de 2009, pero fue liberado el 30 de abril de 2010 después de obtener una sentencia a su favor que libraron los tres jueces.
Frayre, de 16 años, fue asesinada en 2008 y a partir de entonces su madre Marisela Escobedo, comenzó a exigir justicia hasta que fue asesinada de un balazo a quemarropa por un desconocido mientras se manifestaba contra la impunidad del caso el pasado 16 de diciembre en las puertas del Palacio de Gobierno de esta ciudad.
A raíz de esos hechos el gobernador César Duarte dio a conocer que solicitaría al Congreso un proceso de desafuero en contra de los tres jueces, con el fin de que perdieran su inmunidad judicial y poder ejercer acción penal.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo nunca entabló tal proceso ni interpuso la solicitud respectiva, por lo que fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos la que presentó la queja ante el Congreso, y con ello inició el juicio político, que es una figura diferente a la que pretendía el mandatario.
El pasado 11 de marzo los tres jueces presentaron su renuncia al Poder Judicial, alegando motivos personales, a pesar de que ya habían conseguido un amparo federal en contra del juicio político.
La dimisión generó suspicacias al circular la versión de que el gobierno estatal y los juzgadores llegaron a un acuerdo para retirarles las acusaciones a cambio de que dejaran sus puestos. Tal especie fue negada por la administración local.
Se trata del proceso abierto a Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Netzahualcóyotl Zúñiga, juzgadores que el año pasado dejaron en libertad a Sergio Barraza, asesino de la joven Rubí Marisol Frayre, a quien un segundo tribunal condenó posteriormente a 50 años de prisión por los mimos hechos, aunque para ese momento ya se encontraba prófugo de la justicia.
Por mayoría de votos, los legisladores determinaron este martes que al dejar el encargo los señalados no hay materia para el juicio político, ya que éste era con el fin de destituirlos e inhabilitarlos como servidores públicos, lo cual ahora es evidentemente improcedente.
Sergio Rafael Barraza Bocanegra, presunto responsable del homicidio de Frayre, había sido detenido el 16 de junio de 2009, pero fue liberado el 30 de abril de 2010 después de obtener una sentencia a su favor que libraron los tres jueces.
Frayre, de 16 años, fue asesinada en 2008 y a partir de entonces su madre Marisela Escobedo, comenzó a exigir justicia hasta que fue asesinada de un balazo a quemarropa por un desconocido mientras se manifestaba contra la impunidad del caso el pasado 16 de diciembre en las puertas del Palacio de Gobierno de esta ciudad.
A raíz de esos hechos el gobernador César Duarte dio a conocer que solicitaría al Congreso un proceso de desafuero en contra de los tres jueces, con el fin de que perdieran su inmunidad judicial y poder ejercer acción penal.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo nunca entabló tal proceso ni interpuso la solicitud respectiva, por lo que fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos la que presentó la queja ante el Congreso, y con ello inició el juicio político, que es una figura diferente a la que pretendía el mandatario.
El pasado 11 de marzo los tres jueces presentaron su renuncia al Poder Judicial, alegando motivos personales, a pesar de que ya habían conseguido un amparo federal en contra del juicio político.
La dimisión generó suspicacias al circular la versión de que el gobierno estatal y los juzgadores llegaron a un acuerdo para retirarles las acusaciones a cambio de que dejaran sus puestos. Tal especie fue negada por la administración local.
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