México
Convergencia pidió a ''Greg'' ocultarse
Rubén Darío Rodríguez asegura que recomendó al perredista a hacer campaña electoral escondido desde ''la clandestinidad''
CANCÚN. QUINTANA ROO (13/JUN/2010).- El dirigente del Partido Convergencia en Quintana Roo, Rubén Darío Rodríguez, reveló que dicho instituto político recomendó a Gregorio “Greg” Sánchez Martínez, ex candidato a gobernador del Estado, esconderse para evitar ser aprehendido, lo cual le hubiera permitido hacer campaña desde “la clandestinidad”.
El convergente indicó que Sánchez Martínez, abanderado también del PRD y del PT --con los que van aliados--, nunca accedió, bajo el argumento de que no tenía nada que temer, al presumirse inocente.
“Convergencia siempre sostuvo que Gregorio debió haberse escondido. Nosotros le dijimos ‘no tienes por qué estar aquí, vamos a hacer campaña virtual’”. Pero él dijo “no, yo soy inocente, no tengo nada que ocultar, si tienen algo, adelante”.
“Yo en lo personal nunca compartí ese punto de vista. Si hoy él estuviera en la ‘clandestinidad’, seguiría haciendo campaña y nada de esto estaría ocurriendo”.
Rubén Darío, quien condenó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó la cancelación del registro del perredista como candidato a gobernador de Quintana Roo, criticó que el fallo fuese distinto al dictado en el caso del candidato del Partido Acción Nacional (PAN) al Gobierno de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, sobre quien pesa también un auto de formal prisión.
El caso de Sánchez Martínez es diametralmente diferente. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís, subrayó, en coincidencia con otros magistrados que, al encontrarse privado de la libertad, “Greg” no puede hacer campaña y, de resultar ganador, sería “materialmente imposible que desempeñara el cargo para el cual fue votado”.
Incluso, la magistrada presidenta expuso el caso del diputado electo a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, Julio César Godoy Toscano, quien se encontraba al inicio de la presente legislatura, en calidad de prófugo de la justicia, por lo cual le fueron suspendidos también sus derechos políticos, de acuerdo con la fracción quinta del Artículo 38 constitucional, por mandato judicial.
Lo cual implica que, si “Greg” hubiese optado, como le recomendó el Partido Convergencia, por “esconderse”, de cualquier modo le hubiese suspendido el registro como candidato y, aunque hubiese podido ser votado, no podría rendir protesta por estar sustraído de la justicia, como sucedió con Godoy.
Por su parte, lso dirigentes nacionales del PRD, PT y Convergencia que apoyan la candidatura de Gregorio “Greg” Sánchez Martínez a la gubernatura de Quintana Roo, analizarán la resolución del Tribunal Electoral sobre la cancelación del registro de su abanderado.
En un comunicado, el PRD informó que en las próximas horas la evaluación la encabezará su dirigente nacional, Jesús Ortega en reunión con Alberto Anaya, del Partido del Trabajo (PT); Luis Walton, de Convergencia, así como el coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA), Manuel Camacho Solís.
PERFILES
Políticos en la mira de la ley
Martín Orozco Sandoval
Político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), ha sido presidente municipal de Aguascalientes en el periodo de 2005 a 2007.
El 18 de febrero de 2010 el Comité Ejecutivo Nacional del PAN lo designó como candidato a la gubernatura de Aguascalientes, pero pocos días después, el Juez VI de lo Penal, Alfredo Quiroz García dictó un auto de formal prisión contra él, al determinar la existencia de indicios de tráfico de influencias y corrupción cuando fue alcalde, debido a que mediante la creación de asociaciones civiles, se apoderó de un terreno --propiedad del municipio y destinado a espacios públicos-- al que le cambió el “uso de suelo”, le duplicó el valor y lo rentan en este momento Farmacias Benavides.
El 6 e abril lo inhabilitó la contraloría municipal de Aguascalientes para ejercer cargos públicos por 14 años.
El 4 de mayo el Consejo General del Instituto Estatal Electoral decidió por unanimidad negarle el registro como candidato a gobernador de Aguascalientes por el PAN, por el auto de formal prisión, pero el partido acudió al Tribunal electoral de la Federación y el 13 de mayo ordenó al IEE registrarlo como candidato, argumentando que aun con formal prisión no ha sido sentenciado. La resolución no lo exonera de los cargos, pero de ganar las elecciones no podrían ejercer ninguna acción contra él, debido al fuero.
Julio Cesar Godoy Toscano
Político del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y medio hermano del gobernador de Michoacán Leonel Godoy, fue presidente municipal sustituto del municipio Lázaro Cárdenas en abril de 2009.
Ese mismo año fue postulado candidato a diputado federal por el Y Distrito Electoral Federal de Michoacán. Pero el 14 de julio de 2009, nueve días luego de las elecciones en México, la Secretaría de Seguridad Pública anunció que Godoy Toscano era miembro del cártel de La Familia Michoacana, que se había dictado una orden de aprehensión en su contra y desde ese momento era prófugo de la justicia.
El 25 de julio la Cámara de Diputados recibió por parte del Instituto Federal Electoral la constancia del triunfo del perredista y el 31 de ese mismo mes, Julio Cesar Godoy mandó una carta al Consejo del PRD negando los cargos de los que se le acusaba y dejó ver la posibilidad de entregarse, siempre y cuando pudiera ejercer su derecho político y pudiera ocupar su curul. Ante esto el entonces procurador General de la República, Eduardo Median Mora dijo que eso era imposible y que sería prófugo de la justicia hasta no entregarse voluntariamente.
Finalmente se le negó asumir el cargo como diputado federal, siendo el único diputado que no asumió su cargo y hasta el día de hoy se mantiene como prófugo de la justicia mexicana. Su cargo lo ocupó su suplente Israel Madrigal Ceja.
Mantendrán a Gregorio Sánchez como candidato de la coalición
Llevarán caso ante la CIDH
Partidos que forman la coalición “Todos por Quintana Roo” señalaron que van a mantener a Gregorio “Greg” Sánchez Martínez como candidato al Gobierno estatal, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le suspendió sus derechos políticos.
“Acataremos el veredicto del TEPJF, pero vamos a mantener a Gregorio como candidato aunque no aparezca en la boleta electoral, y encararemos las consecuencias legales de no registrar candidato”, declaró Rubén Darío Rodríguez García, líder estatal de Convergencia.
Afirmó que “obviamente” se acatará la resolución del tribunal que, entre otras cosas, ordena registrar un candidato sustituto en un plazo de 48 horas, pero “esencialmente la condenamos y rechazamos”.
En rueda de prensa y en un comunicado difundido, el PRD, PT y Convergencia insistieron en que llevarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso del perredista preso por delitos federales en un penal de Nayarit, con el objeto de salvaguardar sus derechos políticos.
Gerardo Mora Vallejo, aún coordinador de campaña del perredista; Emiliano Ramos Hernández, directivo estatal del PRD, y los líderes del PT y Convergencia, Hernán Villatoro Barrios y Rubén Darío Rodríguez García, respectivamente, criticaron que cinco magistrados decidieran “por quién votarán un millón de quintanarroenses”.
“El tribunal pensó que le podía ganar a los ciudadanos su derecho de determinar quiénes deben ganar”, indicó Adolfo Uribe, coordinador del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa.
Jaime Castañeda, abogado de la coalición, señaló que los magistrados violentaron el artículo 20 constitucional por no considerar la presunción de inocencia y no existir sentencia condenatoria contra Gregorio Sánchez.
En su oportunidad, Villatoro Barrios refirió que “la resolución del TEPJF suspendió los derechos políticos de Gregorio sin suprimirlos, por lo que nuestro candidato a gobernador sigue siendo el mismo. El sistema se metió en una trampa”.
Según Castañeda, no están corriendo las 48 horas para nombrar candidato suplente, pues la resolución cuarta “dice muy claro” que se instruye al Consejo Electoral de Quintana Roo para que en 24 horas emita un acuerdo y les otorgue las 48 horas para ese trámite, “por lo que primero hay que esperar que el órgano sea notificado”.
Ramos Hernández, por su parte, se deslindó de las declaraciones de su padre, el ex dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Salvador Ramos, en el sentido de que Sánchez Martínez estaría involucrado en el narcotráfico.
El convergente indicó que Sánchez Martínez, abanderado también del PRD y del PT --con los que van aliados--, nunca accedió, bajo el argumento de que no tenía nada que temer, al presumirse inocente.
“Convergencia siempre sostuvo que Gregorio debió haberse escondido. Nosotros le dijimos ‘no tienes por qué estar aquí, vamos a hacer campaña virtual’”. Pero él dijo “no, yo soy inocente, no tengo nada que ocultar, si tienen algo, adelante”.
“Yo en lo personal nunca compartí ese punto de vista. Si hoy él estuviera en la ‘clandestinidad’, seguiría haciendo campaña y nada de esto estaría ocurriendo”.
Rubén Darío, quien condenó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó la cancelación del registro del perredista como candidato a gobernador de Quintana Roo, criticó que el fallo fuese distinto al dictado en el caso del candidato del Partido Acción Nacional (PAN) al Gobierno de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, sobre quien pesa también un auto de formal prisión.
El caso de Sánchez Martínez es diametralmente diferente. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís, subrayó, en coincidencia con otros magistrados que, al encontrarse privado de la libertad, “Greg” no puede hacer campaña y, de resultar ganador, sería “materialmente imposible que desempeñara el cargo para el cual fue votado”.
Incluso, la magistrada presidenta expuso el caso del diputado electo a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, Julio César Godoy Toscano, quien se encontraba al inicio de la presente legislatura, en calidad de prófugo de la justicia, por lo cual le fueron suspendidos también sus derechos políticos, de acuerdo con la fracción quinta del Artículo 38 constitucional, por mandato judicial.
Lo cual implica que, si “Greg” hubiese optado, como le recomendó el Partido Convergencia, por “esconderse”, de cualquier modo le hubiese suspendido el registro como candidato y, aunque hubiese podido ser votado, no podría rendir protesta por estar sustraído de la justicia, como sucedió con Godoy.
Por su parte, lso dirigentes nacionales del PRD, PT y Convergencia que apoyan la candidatura de Gregorio “Greg” Sánchez Martínez a la gubernatura de Quintana Roo, analizarán la resolución del Tribunal Electoral sobre la cancelación del registro de su abanderado.
En un comunicado, el PRD informó que en las próximas horas la evaluación la encabezará su dirigente nacional, Jesús Ortega en reunión con Alberto Anaya, del Partido del Trabajo (PT); Luis Walton, de Convergencia, así como el coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA), Manuel Camacho Solís.
PERFILES
Políticos en la mira de la ley
Martín Orozco Sandoval
Político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), ha sido presidente municipal de Aguascalientes en el periodo de 2005 a 2007.
El 18 de febrero de 2010 el Comité Ejecutivo Nacional del PAN lo designó como candidato a la gubernatura de Aguascalientes, pero pocos días después, el Juez VI de lo Penal, Alfredo Quiroz García dictó un auto de formal prisión contra él, al determinar la existencia de indicios de tráfico de influencias y corrupción cuando fue alcalde, debido a que mediante la creación de asociaciones civiles, se apoderó de un terreno --propiedad del municipio y destinado a espacios públicos-- al que le cambió el “uso de suelo”, le duplicó el valor y lo rentan en este momento Farmacias Benavides.
El 6 e abril lo inhabilitó la contraloría municipal de Aguascalientes para ejercer cargos públicos por 14 años.
El 4 de mayo el Consejo General del Instituto Estatal Electoral decidió por unanimidad negarle el registro como candidato a gobernador de Aguascalientes por el PAN, por el auto de formal prisión, pero el partido acudió al Tribunal electoral de la Federación y el 13 de mayo ordenó al IEE registrarlo como candidato, argumentando que aun con formal prisión no ha sido sentenciado. La resolución no lo exonera de los cargos, pero de ganar las elecciones no podrían ejercer ninguna acción contra él, debido al fuero.
Julio Cesar Godoy Toscano
Político del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y medio hermano del gobernador de Michoacán Leonel Godoy, fue presidente municipal sustituto del municipio Lázaro Cárdenas en abril de 2009.
Ese mismo año fue postulado candidato a diputado federal por el Y Distrito Electoral Federal de Michoacán. Pero el 14 de julio de 2009, nueve días luego de las elecciones en México, la Secretaría de Seguridad Pública anunció que Godoy Toscano era miembro del cártel de La Familia Michoacana, que se había dictado una orden de aprehensión en su contra y desde ese momento era prófugo de la justicia.
El 25 de julio la Cámara de Diputados recibió por parte del Instituto Federal Electoral la constancia del triunfo del perredista y el 31 de ese mismo mes, Julio Cesar Godoy mandó una carta al Consejo del PRD negando los cargos de los que se le acusaba y dejó ver la posibilidad de entregarse, siempre y cuando pudiera ejercer su derecho político y pudiera ocupar su curul. Ante esto el entonces procurador General de la República, Eduardo Median Mora dijo que eso era imposible y que sería prófugo de la justicia hasta no entregarse voluntariamente.
Finalmente se le negó asumir el cargo como diputado federal, siendo el único diputado que no asumió su cargo y hasta el día de hoy se mantiene como prófugo de la justicia mexicana. Su cargo lo ocupó su suplente Israel Madrigal Ceja.
Mantendrán a Gregorio Sánchez como candidato de la coalición
Llevarán caso ante la CIDH
Partidos que forman la coalición “Todos por Quintana Roo” señalaron que van a mantener a Gregorio “Greg” Sánchez Martínez como candidato al Gobierno estatal, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le suspendió sus derechos políticos.
“Acataremos el veredicto del TEPJF, pero vamos a mantener a Gregorio como candidato aunque no aparezca en la boleta electoral, y encararemos las consecuencias legales de no registrar candidato”, declaró Rubén Darío Rodríguez García, líder estatal de Convergencia.
Afirmó que “obviamente” se acatará la resolución del tribunal que, entre otras cosas, ordena registrar un candidato sustituto en un plazo de 48 horas, pero “esencialmente la condenamos y rechazamos”.
En rueda de prensa y en un comunicado difundido, el PRD, PT y Convergencia insistieron en que llevarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso del perredista preso por delitos federales en un penal de Nayarit, con el objeto de salvaguardar sus derechos políticos.
Gerardo Mora Vallejo, aún coordinador de campaña del perredista; Emiliano Ramos Hernández, directivo estatal del PRD, y los líderes del PT y Convergencia, Hernán Villatoro Barrios y Rubén Darío Rodríguez García, respectivamente, criticaron que cinco magistrados decidieran “por quién votarán un millón de quintanarroenses”.
“El tribunal pensó que le podía ganar a los ciudadanos su derecho de determinar quiénes deben ganar”, indicó Adolfo Uribe, coordinador del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa.
Jaime Castañeda, abogado de la coalición, señaló que los magistrados violentaron el artículo 20 constitucional por no considerar la presunción de inocencia y no existir sentencia condenatoria contra Gregorio Sánchez.
En su oportunidad, Villatoro Barrios refirió que “la resolución del TEPJF suspendió los derechos políticos de Gregorio sin suprimirlos, por lo que nuestro candidato a gobernador sigue siendo el mismo. El sistema se metió en una trampa”.
Según Castañeda, no están corriendo las 48 horas para nombrar candidato suplente, pues la resolución cuarta “dice muy claro” que se instruye al Consejo Electoral de Quintana Roo para que en 24 horas emita un acuerdo y les otorgue las 48 horas para ese trámite, “por lo que primero hay que esperar que el órgano sea notificado”.
Ramos Hernández, por su parte, se deslindó de las declaraciones de su padre, el ex dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Salvador Ramos, en el sentido de que Sánchez Martínez estaría involucrado en el narcotráfico.
Síguenos en