México
Consejo Ciudadano reitera acusaciones contra Ortega Martínez
Acusan al gobernador interino de Guerrero de tener vínculos con las FARC
CIUDAD DE MÉXICO (28/OCT/2014).- Respaldado por correos encontrados en la computadora del ex líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal AC informó que el actual gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, pidió y recibió un préstamo de 40 mil dólares de las FARC.
Desde 2008, el Consejo Ciudadano interpuso una denuncia contra el entonces académico de la Universidad de Guerrero, de quien dijo fue vínculo de las FARC en México, lo que se derivó de correos hallados de la computadora del líder guerrillero Raúl Reyes cuando éste fue abatido en Ecuador.
“Ortega no debe ser gobernador, deber estar en la cárcel. Si la PGR no actuó contra este sujeto es debido a que las distintas administraciones federales, desde la de Carlos Salinas en adelante han solapado los crímenes de los grupos terroristas, salvo muy pocas excepciones, con la vana esperanza de así lograr apaciguarlos y no escalen su violencia. Ahora se llegó al colmo: se les entregó el poder”, aseguró la organización.
La decisión de designar a Ortega como gobernador indicó “es una decisión extremadamente grave que adoptó la clase política local, pero de la que no es ajeno el gobierno federal. La decisión es extremadamente grave porque Ortega Martínez es un secuestrador y terrorista vinculado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.
En un comunicado destacó que “simplemente es inadmisible que se ponga un gobierno en manos de un criminal. Con esto lejos de solucionarse la crisis de inseguridad en Guerrero se le profundizará. Adicionalmente se sentará un precedente atroz en el país no sólo de impunidad, sino de premiación política del crimen”.
Al respecto destacó que en marzo de 2008 denunciaron “penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) a varios mexicanos que estuvieron en el campamento terrorista y/o estaban vinculados con las FARC. Un año después hicimos una segunda ampliación en la que incluimos la petición de investigar y acusar penalmente al ahora gobernador de Guerrero”.
“La elección de Rogelio Ortega Martínez confirma la inexistencia de los poderes legítimos del Estado en Guerrero y ratifica la necesidad urgente de que el Senado de la República reconozca esta realidad y nombre gobernador provisional, que además de hacer una búsqueda efectiva de los desaparecidos investigue y acuse penalmente a todos los gobernantes y políticos coludidos con grupos criminales en el estado”, manifestó.
Por ello, informó a la opinión pública internacional y a los gobiernos como los de la Unión Europa que han urgido a la localización de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que “para buscarlos se quitó a un gobernador que solapó a los grupos criminales y en su lugar se puso a un secuestrador”.
“No tenemos la plena certeza de que Rogelio Ortega Martínez pertenezca al ERPI, pero lo que la evidencia sí revela es por lo menos hasta 2008 militó en un grupo terrorista que opera en Guerrero y que podría ser el ERPI o uno similar”, agregó.
Esta evidencia, refirió, surgió como resultado del ataque de la fuerza pública colombiana en contra de un campamento de las terroristas FARC en Sucumbíos, Ecuador, ocurrido el 1 de marzo de 2008, en donde la fuerza pública colombiana aseguró computadoras en las que había una gran cantidad de documentos de los mandos del grupo terrorista, entre ellos correos electrónicos.
En varios correos se alude con toda claridad a Rogelio Ortega Martínez con relación a secuestros “éste sujeto en enero 2002 les pidió a los representantes de las FARC en México, “Olga Marín” y “Marcos Calarcá” le prestaran 40 mil dólares y se comprometió a devolver 100 mil”.
La garantía inicial del préstamo refirió “sería que un grupo armado - del cual Ortega Martínez formaba parte - obtendría el pago del rescate por una persona a la que habían secuestrado, así como el acceso que las FARC tendrían a las arcas universitarias, en caso de que el mismo sujeto Ortega Martínez se convirtiera en rector de la Universidad”.
Los representantes de las FARC “Olga Marín” y “Marcos Calarcá” comunicaron la petición del préstamo al número dos de las FARC “Raúl Reyes” quien autorizó el préstamo, pidiendo garantías adicionales. Ortega Martínez participó en las elecciones de rector celebradas en la Universidad Autónoma de Guerrero en marzo de 2002, quedando en segundo lugar.
Los correos, mencionó, “no señalan el nombre de la persona secuestrada por Ortega Martínez y sus compinches, pero todo parece indicar que se trató de Luis Ávila Marbán, padre del diputado local del PRI, José Luis Ávila López. La víctima fue privada de su libertad el 17 de octubre de 2001 en Huitzuco, Guerrero y liberado el 26 de enero de 2002, tras el pago del rescate (trascendió que fue por un momento de 1 millón de dólares)”.
En septiembre de 2003, explicó, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones detuvieron a integrantes de una banda de secuestradores, que habían cometido plagios en diversas entidades federativas y pertenecían al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del Ejército Popular Revolucionarios (EPR). Entre los secuestros que estos plagiarios cometieron figuraba el de Luis Ávila Marbán.
En un correo de marzo de 2003, “Olga Marín” y “Marcos Calarcá” le propusieron a “Raúl Reyes” la participación de las FARC en la comisión de secuestros en México, en asociación con el grupo armado clandestino de Rogelio Ortega Martínez.
La organización señaló que desde 2001 en el estado de Guerrero se han registrado decenas de secuestros en lo que la policía tiene sospechas o la certeza de han sido cometidos por grupos terroristas.
Desde 2008, el Consejo Ciudadano interpuso una denuncia contra el entonces académico de la Universidad de Guerrero, de quien dijo fue vínculo de las FARC en México, lo que se derivó de correos hallados de la computadora del líder guerrillero Raúl Reyes cuando éste fue abatido en Ecuador.
“Ortega no debe ser gobernador, deber estar en la cárcel. Si la PGR no actuó contra este sujeto es debido a que las distintas administraciones federales, desde la de Carlos Salinas en adelante han solapado los crímenes de los grupos terroristas, salvo muy pocas excepciones, con la vana esperanza de así lograr apaciguarlos y no escalen su violencia. Ahora se llegó al colmo: se les entregó el poder”, aseguró la organización.
La decisión de designar a Ortega como gobernador indicó “es una decisión extremadamente grave que adoptó la clase política local, pero de la que no es ajeno el gobierno federal. La decisión es extremadamente grave porque Ortega Martínez es un secuestrador y terrorista vinculado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.
En un comunicado destacó que “simplemente es inadmisible que se ponga un gobierno en manos de un criminal. Con esto lejos de solucionarse la crisis de inseguridad en Guerrero se le profundizará. Adicionalmente se sentará un precedente atroz en el país no sólo de impunidad, sino de premiación política del crimen”.
Al respecto destacó que en marzo de 2008 denunciaron “penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) a varios mexicanos que estuvieron en el campamento terrorista y/o estaban vinculados con las FARC. Un año después hicimos una segunda ampliación en la que incluimos la petición de investigar y acusar penalmente al ahora gobernador de Guerrero”.
“La elección de Rogelio Ortega Martínez confirma la inexistencia de los poderes legítimos del Estado en Guerrero y ratifica la necesidad urgente de que el Senado de la República reconozca esta realidad y nombre gobernador provisional, que además de hacer una búsqueda efectiva de los desaparecidos investigue y acuse penalmente a todos los gobernantes y políticos coludidos con grupos criminales en el estado”, manifestó.
Por ello, informó a la opinión pública internacional y a los gobiernos como los de la Unión Europa que han urgido a la localización de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que “para buscarlos se quitó a un gobernador que solapó a los grupos criminales y en su lugar se puso a un secuestrador”.
“No tenemos la plena certeza de que Rogelio Ortega Martínez pertenezca al ERPI, pero lo que la evidencia sí revela es por lo menos hasta 2008 militó en un grupo terrorista que opera en Guerrero y que podría ser el ERPI o uno similar”, agregó.
Esta evidencia, refirió, surgió como resultado del ataque de la fuerza pública colombiana en contra de un campamento de las terroristas FARC en Sucumbíos, Ecuador, ocurrido el 1 de marzo de 2008, en donde la fuerza pública colombiana aseguró computadoras en las que había una gran cantidad de documentos de los mandos del grupo terrorista, entre ellos correos electrónicos.
En varios correos se alude con toda claridad a Rogelio Ortega Martínez con relación a secuestros “éste sujeto en enero 2002 les pidió a los representantes de las FARC en México, “Olga Marín” y “Marcos Calarcá” le prestaran 40 mil dólares y se comprometió a devolver 100 mil”.
La garantía inicial del préstamo refirió “sería que un grupo armado - del cual Ortega Martínez formaba parte - obtendría el pago del rescate por una persona a la que habían secuestrado, así como el acceso que las FARC tendrían a las arcas universitarias, en caso de que el mismo sujeto Ortega Martínez se convirtiera en rector de la Universidad”.
Los representantes de las FARC “Olga Marín” y “Marcos Calarcá” comunicaron la petición del préstamo al número dos de las FARC “Raúl Reyes” quien autorizó el préstamo, pidiendo garantías adicionales. Ortega Martínez participó en las elecciones de rector celebradas en la Universidad Autónoma de Guerrero en marzo de 2002, quedando en segundo lugar.
Los correos, mencionó, “no señalan el nombre de la persona secuestrada por Ortega Martínez y sus compinches, pero todo parece indicar que se trató de Luis Ávila Marbán, padre del diputado local del PRI, José Luis Ávila López. La víctima fue privada de su libertad el 17 de octubre de 2001 en Huitzuco, Guerrero y liberado el 26 de enero de 2002, tras el pago del rescate (trascendió que fue por un momento de 1 millón de dólares)”.
En septiembre de 2003, explicó, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones detuvieron a integrantes de una banda de secuestradores, que habían cometido plagios en diversas entidades federativas y pertenecían al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del Ejército Popular Revolucionarios (EPR). Entre los secuestros que estos plagiarios cometieron figuraba el de Luis Ávila Marbán.
En un correo de marzo de 2003, “Olga Marín” y “Marcos Calarcá” le propusieron a “Raúl Reyes” la participación de las FARC en la comisión de secuestros en México, en asociación con el grupo armado clandestino de Rogelio Ortega Martínez.
La organización señaló que desde 2001 en el estado de Guerrero se han registrado decenas de secuestros en lo que la policía tiene sospechas o la certeza de han sido cometidos por grupos terroristas.
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