México

Con y sin policías municipales

En este momento hay 417 municipios que no cuentan con un solo policía

¿Podemos resolver el problema de inseguridad en el país con la unificación de la Policía?

La propuesta de reforma constitucional enviada esta semana al Congreso de la Unión por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa para crear el mando único policial, que prevé 32 jefes policiacos subordinados a cada gobernador del país, podría resolver algunos aspectos de la inseguridad, no obstante el impacto tardará tiempo en verse y podría ser limitado.

En este espacio y en mi programa de TV Seguridad Total, hemos abordado desde hace varios años el debate de qué hacer con las policías municipales ¿Desaparecerlas? ¿Seguir invirtiendo en la depuración y profesionalización? La realidad es que en pocos municipios del país los policías locales cumplen su función.

En muchas entidades se han convertido en el brazo armado del crimen organizado, en otras ciudades estas corporaciones se dedican al espionaje y la recolección de inteligencia para alguna banda criminal, en otras entidades simple y llanamente no hacen nada, ya sea por el miedo, la incompetencia o la corrupción.

En este momento hay 417 municipios que no cuentan con un solo policía.

La presidenta municipal de Naucalpan y presidenta de la Asociación de Municipios de México, Azucena Olivares, me comentó en una entrevista que quienes promueven la centralización del mando desconocen que las policías son un elemento fundamental que permite a los alcaldes gobernar: “Sin ellas no respetan al presidente municipal en muchos pueblos”.

Uno entiende por qué un porcentaje importante de los presidentes municipales estaría en contra de esta propuesta. ¿Qué sucederá cuando las mismas fricciones y diferencias políticas entre un gobernador y el edil afecten la seguridad de un municipio? ¿Cómo se definirán las prioridades en la estrategia de seguridad para un municipio? ¿Estas prioridades las definirá el Gobierno federal o el estatal?

Pero con la realidad que se enfrenta en diferentes partes del país, muchos presidentes municipales simple y llanamente prefieren no tener bajo su mando a la Policía Municipal. El saliente acalde Juárez, José Reyes Ferriz, afirma que “en esos casos de ciudades pequeñas y medianas sería muy importante tener una Policía nacional que no tuvieran ellos la necesidad de tener cuerpos policíacos…”

Lo que ha propuesto el Gobierno federal no es tanto la desaparición de las policías, sino que se implemente un esquema como el de Colombia, en donde todas las policías están bajo el mando de la Federación.

El Presidente Calderón expuso que “se busca poner orden en la competencia y mandos de las policías locales; establecer, así una mayor coordinación y una sistematización homologada, tanto del reclutamiento, la selección y el establecimiento de controles de confianza, como lo de los reconocimientos, los ascensos, las prestaciones y el ingreso de las policías en todo el país”.

Se contempla en la reformas propuestas el que los municipios puedan acreditar a sus policías, para realizar funciones de proximidad vecinal, de vigilancia y aplicación de los bandos y reglamentos municipales; pero deberán coadyuvar con la Policía estatal, bajo su mando, cuando así se requiera en las tareas y fines de la seguridad, lo que se pretende es que la reacción en contra de los delitos sea corresponsabilidad de las policías federal, estatales y municipales.

Esta reforma podría tener un impacto en la lucha en contra del crimen organizado, pero el problema fundamental de esta propuesta es que aún bajo este nuevo esquema, no se puede esperar mucho cambio si no se toman acciones contundentes para enfrentar el problema de corrupción a todos los niveles.

Aunque mucho se ha hecho para tratar de depurar las corporaciones, la corrupción es y parece que continuará siendo, uno de los flagelos que más limitan la capacidad del Estado para luchar en contra del crimen organizado.

La propuesta de la Presidencia no contempla reformas para inhibir la corrupción que aqueja los policías municipales, para que simple y llanamente no se transfiera a los estatales.

Esta propuesta también asume la buena voluntad y responsabilidad política de los gobernadores de que no usarán esta reforma en contra de los presidentes municipales de la oposición.

Y como hemos visto en este proceso de enfrentar y reducir la inseguridad del país, existe una gran irresponsabilidad política en todos los niveles y ámbitos.

Además, de no tener un sistema de justicia penal que tenga la capacidad de investigar, detener y enjuiciar a estos criminales dentro de un esquema bajo el Estado de derecho, por más que se fortalezca la Policía, será un esfuerzo inútil.

Finalmente, hay que subrayar que de aprobarse esta reforma el impacto real no se sentiría hasta después de varios años. La pregunta obligada entonces, es ¿para enfrentar la violencia del día de hoy, qué vamos a hacer?
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