México
Ciudadanos quedan fuera de medición del crimen
Alejandro Martí, presidente de México SOS, dijo que permitir que el Estado ‘‘sea juez y parte’’ demuestra un retroceso
CIUDAD DE MÉXICO (29/JUL/2010).- Organizaciones civiles rechazaron la decisión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), encabezado por el Presidente Felipe Calderón, de excluir a la sociedad civil de la medición de la criminalidad en el país, que realizaba desde 2002 el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI).
En conferencia de prensa, el presidente del ICESI, Luis de la Barreda Solórzano, y representantes de otras 12 organizaciones cuestionaron la publicación del 16 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que designa al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como el único responsable de realizar la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI).
Federico Reyes Heroles, presidente de la fundación Este País y de Transparencia Mexicana, afirmó que la exclusión del ICESI “envía una grave señal para la democracia mexicana, porque implica terminar deliberadamente con el contrapeso que representa la sociedad civil en la medición del fenómeno criminal”.
Ven “presiones” en determinación
Eduardo Gallo, presidente de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), no descartó que la decisión haya sido resultado de presiones por parte de algunos gobernadores, a quienes irritaron los resultados de la encuesta 2009, presentados en la sesión plenaria del CNSP del 26 de noviembre de ese año.
Entre quienes externaron su molestia en aquella ocasión se encuentran el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y los gobernadores de Morelos, Marco Antonio Adame; Tabasco, Andrés Granier; Chihuahua, José Reyes Baeza; y Baja California, José Guadalupe Osuna.
Reyes Heroles destacó que la encuesta y sus indicadores son indispensables para conocer de manera imparcial la magnitud de la criminalidad.
Con ese aval, México participó por primera ocasión, a través de la ENSI y el ICESI, en la Encuesta Anual de Criminalidad y Victimización que hace la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En su intervención, Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, comentó que “no es posible que el Estado sea juez y parte. Si esto es así, estaríamos regresando a la época de la dictadura de partido”.
Las organizaciones advirtieron que de modificarse la encuesta se puede romper el ciclo histórico y no contar con datos que puedan compararse con otros instrumentos.
Compromiso
Mayor gasto
La Encuesta Nacional Sobre Inseguridad actualmente consta de tres partes: la encuesta de victimización, la de percepción ciudadana sobre la inseguridad en los estados y en las principales ciudades del país, y la de evaluación del desempeño de las autoridades.
Los titulares de las organizaciones aseguran que hacer la encuesta con el INEGI representará una erogación superior hasta en 30% o 40% sobre los 30 millones de pesos que costó la edición más reciente de la ENSI, en la cual se aplicaron 70 mil cuestionarios.
La evaluación ciudadana es un compromiso establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad aprobado el 21 de agosto de 2008. En ese acuerdo se invitó a las instancias ciudadanas a participar en la medición, evaluación y seguimiento de la situación de seguridad pública y el desempeño de las autoridades.
En conferencia de prensa, el presidente del ICESI, Luis de la Barreda Solórzano, y representantes de otras 12 organizaciones cuestionaron la publicación del 16 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que designa al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como el único responsable de realizar la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI).
Federico Reyes Heroles, presidente de la fundación Este País y de Transparencia Mexicana, afirmó que la exclusión del ICESI “envía una grave señal para la democracia mexicana, porque implica terminar deliberadamente con el contrapeso que representa la sociedad civil en la medición del fenómeno criminal”.
Ven “presiones” en determinación
Eduardo Gallo, presidente de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), no descartó que la decisión haya sido resultado de presiones por parte de algunos gobernadores, a quienes irritaron los resultados de la encuesta 2009, presentados en la sesión plenaria del CNSP del 26 de noviembre de ese año.
Entre quienes externaron su molestia en aquella ocasión se encuentran el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y los gobernadores de Morelos, Marco Antonio Adame; Tabasco, Andrés Granier; Chihuahua, José Reyes Baeza; y Baja California, José Guadalupe Osuna.
Reyes Heroles destacó que la encuesta y sus indicadores son indispensables para conocer de manera imparcial la magnitud de la criminalidad.
Con ese aval, México participó por primera ocasión, a través de la ENSI y el ICESI, en la Encuesta Anual de Criminalidad y Victimización que hace la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En su intervención, Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, comentó que “no es posible que el Estado sea juez y parte. Si esto es así, estaríamos regresando a la época de la dictadura de partido”.
Las organizaciones advirtieron que de modificarse la encuesta se puede romper el ciclo histórico y no contar con datos que puedan compararse con otros instrumentos.
Compromiso
Mayor gasto
La Encuesta Nacional Sobre Inseguridad actualmente consta de tres partes: la encuesta de victimización, la de percepción ciudadana sobre la inseguridad en los estados y en las principales ciudades del país, y la de evaluación del desempeño de las autoridades.
Los titulares de las organizaciones aseguran que hacer la encuesta con el INEGI representará una erogación superior hasta en 30% o 40% sobre los 30 millones de pesos que costó la edición más reciente de la ENSI, en la cual se aplicaron 70 mil cuestionarios.
La evaluación ciudadana es un compromiso establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad aprobado el 21 de agosto de 2008. En ese acuerdo se invitó a las instancias ciudadanas a participar en la medición, evaluación y seguimiento de la situación de seguridad pública y el desempeño de las autoridades.
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