México
Calderón y las kalashnikovs
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Felipe Calderón desató la guerra contra el narco por motivos políticos y por motivos políticos podría terminar con ella, o por lo menos intentarlo. La elección cuestionada de 2006 lo orilló a incurrir en el combate frontal contra los cárteles para legitimarse como Presidente; la elección de 2012 le obligaría a terminarlo si no quiere entregarle el poder al PRI.
Presidencia cree que el PAN aún puede ganar los comicios de 2012, si consigue tres objetivos: un candidato más o menos atractivo, una economía en crecimiento y una respuesta contundente a la inseguridad.
De los tres, lo de la economía es lo más halagüeño, pues cerrará el sexenio con tasas de crecimiento de alrededor de 4.5% en los dos últimos años (harina de otro costal es el reto de transmitir una sensación de bienestar al votante a partir de este crecimiento).
Por su parte, el asunto del candidato no será fácil aunque el PAN tiene aún todavía muchas posibilidades abiertas, incluso la de abrevar por fuera de su frágil caballada.
El tema de la inseguridad, en cambio, está en chino, o mejor dicho en iraquí. Como lo ha comprobado Estados Unidos en Vietnam, Afganistán o Iraq, es mucho más fácil comenzar una guerra que terminarla. Y sin embargo tendrá que intentarlo. Lo cierto es que el PAN no puede aspirar a que los electores le concedan otra vez la presidencia, cuando los cárteles le han quitado ya un pedazo del territorio y la cifra de ejecuciones siga creciendo. Si el Gobierno federal no es capaz de replegar la presencia del narco y disminuir las balaceras en las calles, restaurantes y centros comerciales, su campaña electoral está condenada al fracaso.
A mediados del sexenio, Calderón y su equipo genuinamente creían que su estrategia de ataque frontal provocaría una curva sangrienta en ascenso, pero que pasado determinado punto la curva comenzaría a descender, gracias al descabezamiento de los cuadros de los cárteles y su desorganización creciente. Juraban que el recrudecimiento de la “guerra civil” entre ellos mismos terminaría por extenuarlos. Hoy saben que, incluso si esa tesis fuera correcta, los 15 meses que restan para las elecciones no alcanzarán para ver una mejoría significativa. Por el contrario, todavía podría agravarse.
Por lo mismo, en Los Pinos ya se habla en voz baja de un cambio de estrategia. Y les guste o no, ese cambio pasa por negociar con una parte del “enemigo”. De la misma forma en que Washington ha tenido que sentarse a platicar con los sunitas en Iraq y explora conversaciones con los talibanes más moderados en Afganistán, el Gobierno federal debería revisar sus opciones para alcanzar una tregua, aunque no pudiera reconocerla oficialmente.
A estas alturas, lo mejor que podría sucederle a México es una “colombianización” del tráfico y consumo de estupefacientes. Contra lo que se cree, el gobierno de Álvaro Uribe no acabó con los cárteles, simplemente logró que se profesionalizaran. La coca procedente de Colombia sigue consumiéndose en Nueva York, lo único que se ha evitado es la presencia desequilibrante de los Pablos Escobar y sus exabruptos sangrientos. Hoy el tráfico es más una operación de hombres de negocios que de pistoleros.
No hay manera de terminar por decreto con una actividad económica que genera más recursos que el turismo o las remesas de los migrantes, y sólo se encuentra por detrás del petróleo. Los fenómenos económicos masivos no pueden ser suprimidos por las leyes ni por métodos policíacos, sólo pueden ser encauzados (en el mejor de los casos). Mientras exista una demanda billonaria habrá una maquinaria habilitada para abastecerla, y contra eso no hay poder humano.
Por eso es que los ex presidentes de México, Colombia y Brasil, Ernesto Zedillo, César Gaviria y Fernando Henrique Cardoso consideraron que ante el fracaso de las políticas contra la producción y tráfico de drogas era necesario despenalizar el consumo de la mariguana. Pero la oposición de Estados Unidos a ese respecto, nos deja prácticamente sin más salidas que desangrarnos en una guerra interminable y sin sentido o una negociación de carácter práctico.
En realidad Estados Unidos tolera el tráfico en sus mercados para abastecer la demanda de una población con adicciones crecientes. De otra manera no se explica su escaso interés en eliminar la droga que circula en sus calles. ¿Cómo es posible que detengan a varios cientos de narcotraficantes en varias ciudades norteamericanas en unas horas y sin derramar un tiro, en represalia por el asesinato de su agente Jaime Zapata, hace unas semanas?
Es decir, si Zapata no hubiera muerto, hubieran continuado operando, prácticamente bajo la vigilancia de las autoridades, como hasta ahora lo hacían. Y como lo siguen haciendo otros miles sin ser molestados.
¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Ciertamente los narcotraficantes mexicanos ya no sólo se dedican al trasiego de drogas hacia la frontera. Ahora se disputan los mercados urbanos locales. El problema es que al hacerlo en medio de esa guerra civil a los que les condena el permanente descabezamientos de sus cuadros, se desatan todos los excesos de la violencia. Un ejemplo basta para ilustrarlo: la muerte del capo “Nacho” Coronel en Guadalajara, en julio del año pasado, volvió a calentar una plaza que tenía varias años apaciguada.
Nuestra tragedia no es que tengamos un poderoso crimen organizado; mafias más poderosas existen en Las Vegas, Marsella o en Nueva York. La tragedia es que nuestro crimen organizado es muy desorganizado, gracias en buena medida a la acción del Gobierno federal. ¿Es posible convivir con un crimen organizado que abandone las prácticas más nocivas para la comunidad como el secuestro y la extorsión generalizada? ¿Es posible que los cárteles evolucionen a una segunda (en realidad tercera) generación de cuadros con mayores habilidades para manejar las computadoras y la logística que las kalashnikovs?
Si tal fuese el caso, el verdadero combate a las drogas serían las campañas masivas de prevención contra adicciones, como en el caso del cigarro o del alcohol. Una estrategia para acotar tendencialmente el consumo, en lugar de tratar de cerrar las fábricas y convertir a sus empresarios en bandoleros clandestinos.
No son temas sencillos para las autoridades de cualquier país. Pero los resultados están a la vista: los demás gobiernos lo están haciendo. Sólo nosotros estamos en guerra abierta, Ejército incluido, y por razones de legitimidad política del Presidente. Ha llegado el momento de que Calderón revise su guerra aunque sea, otra vez, por razones electorales.
Presidencia cree que el PAN aún puede ganar los comicios de 2012, si consigue tres objetivos: un candidato más o menos atractivo, una economía en crecimiento y una respuesta contundente a la inseguridad.
De los tres, lo de la economía es lo más halagüeño, pues cerrará el sexenio con tasas de crecimiento de alrededor de 4.5% en los dos últimos años (harina de otro costal es el reto de transmitir una sensación de bienestar al votante a partir de este crecimiento).
Por su parte, el asunto del candidato no será fácil aunque el PAN tiene aún todavía muchas posibilidades abiertas, incluso la de abrevar por fuera de su frágil caballada.
El tema de la inseguridad, en cambio, está en chino, o mejor dicho en iraquí. Como lo ha comprobado Estados Unidos en Vietnam, Afganistán o Iraq, es mucho más fácil comenzar una guerra que terminarla. Y sin embargo tendrá que intentarlo. Lo cierto es que el PAN no puede aspirar a que los electores le concedan otra vez la presidencia, cuando los cárteles le han quitado ya un pedazo del territorio y la cifra de ejecuciones siga creciendo. Si el Gobierno federal no es capaz de replegar la presencia del narco y disminuir las balaceras en las calles, restaurantes y centros comerciales, su campaña electoral está condenada al fracaso.
A mediados del sexenio, Calderón y su equipo genuinamente creían que su estrategia de ataque frontal provocaría una curva sangrienta en ascenso, pero que pasado determinado punto la curva comenzaría a descender, gracias al descabezamiento de los cuadros de los cárteles y su desorganización creciente. Juraban que el recrudecimiento de la “guerra civil” entre ellos mismos terminaría por extenuarlos. Hoy saben que, incluso si esa tesis fuera correcta, los 15 meses que restan para las elecciones no alcanzarán para ver una mejoría significativa. Por el contrario, todavía podría agravarse.
Por lo mismo, en Los Pinos ya se habla en voz baja de un cambio de estrategia. Y les guste o no, ese cambio pasa por negociar con una parte del “enemigo”. De la misma forma en que Washington ha tenido que sentarse a platicar con los sunitas en Iraq y explora conversaciones con los talibanes más moderados en Afganistán, el Gobierno federal debería revisar sus opciones para alcanzar una tregua, aunque no pudiera reconocerla oficialmente.
A estas alturas, lo mejor que podría sucederle a México es una “colombianización” del tráfico y consumo de estupefacientes. Contra lo que se cree, el gobierno de Álvaro Uribe no acabó con los cárteles, simplemente logró que se profesionalizaran. La coca procedente de Colombia sigue consumiéndose en Nueva York, lo único que se ha evitado es la presencia desequilibrante de los Pablos Escobar y sus exabruptos sangrientos. Hoy el tráfico es más una operación de hombres de negocios que de pistoleros.
No hay manera de terminar por decreto con una actividad económica que genera más recursos que el turismo o las remesas de los migrantes, y sólo se encuentra por detrás del petróleo. Los fenómenos económicos masivos no pueden ser suprimidos por las leyes ni por métodos policíacos, sólo pueden ser encauzados (en el mejor de los casos). Mientras exista una demanda billonaria habrá una maquinaria habilitada para abastecerla, y contra eso no hay poder humano.
Por eso es que los ex presidentes de México, Colombia y Brasil, Ernesto Zedillo, César Gaviria y Fernando Henrique Cardoso consideraron que ante el fracaso de las políticas contra la producción y tráfico de drogas era necesario despenalizar el consumo de la mariguana. Pero la oposición de Estados Unidos a ese respecto, nos deja prácticamente sin más salidas que desangrarnos en una guerra interminable y sin sentido o una negociación de carácter práctico.
En realidad Estados Unidos tolera el tráfico en sus mercados para abastecer la demanda de una población con adicciones crecientes. De otra manera no se explica su escaso interés en eliminar la droga que circula en sus calles. ¿Cómo es posible que detengan a varios cientos de narcotraficantes en varias ciudades norteamericanas en unas horas y sin derramar un tiro, en represalia por el asesinato de su agente Jaime Zapata, hace unas semanas?
Es decir, si Zapata no hubiera muerto, hubieran continuado operando, prácticamente bajo la vigilancia de las autoridades, como hasta ahora lo hacían. Y como lo siguen haciendo otros miles sin ser molestados.
¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Ciertamente los narcotraficantes mexicanos ya no sólo se dedican al trasiego de drogas hacia la frontera. Ahora se disputan los mercados urbanos locales. El problema es que al hacerlo en medio de esa guerra civil a los que les condena el permanente descabezamientos de sus cuadros, se desatan todos los excesos de la violencia. Un ejemplo basta para ilustrarlo: la muerte del capo “Nacho” Coronel en Guadalajara, en julio del año pasado, volvió a calentar una plaza que tenía varias años apaciguada.
Nuestra tragedia no es que tengamos un poderoso crimen organizado; mafias más poderosas existen en Las Vegas, Marsella o en Nueva York. La tragedia es que nuestro crimen organizado es muy desorganizado, gracias en buena medida a la acción del Gobierno federal. ¿Es posible convivir con un crimen organizado que abandone las prácticas más nocivas para la comunidad como el secuestro y la extorsión generalizada? ¿Es posible que los cárteles evolucionen a una segunda (en realidad tercera) generación de cuadros con mayores habilidades para manejar las computadoras y la logística que las kalashnikovs?
Si tal fuese el caso, el verdadero combate a las drogas serían las campañas masivas de prevención contra adicciones, como en el caso del cigarro o del alcohol. Una estrategia para acotar tendencialmente el consumo, en lugar de tratar de cerrar las fábricas y convertir a sus empresarios en bandoleros clandestinos.
No son temas sencillos para las autoridades de cualquier país. Pero los resultados están a la vista: los demás gobiernos lo están haciendo. Sólo nosotros estamos en guerra abierta, Ejército incluido, y por razones de legitimidad política del Presidente. Ha llegado el momento de que Calderón revise su guerra aunque sea, otra vez, por razones electorales.
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