México
85 mil para cada diputado
Reducir las dietas legislativas no genera ahorros sustantivos al erario, pero es un símbolo de libertad de los legisladores
Y es poco. Trabajan de sol a sol, en un edificio en el que no caben los 20 administrativos que hay por cada legislador, con equipos adversarios, sin posibilidad de reelección y con la obligación enojosa de reportar los gastos que hacen en viajes y restaurantes.
A eso hay que añadirle la incertidumbre con el partido, la monserga de los periodistas preguntones, la necesidad de entender temas que ni siquiera sabían que existían. Los diputados sufren. Por eso no se capacitan, por eso no hay un buen marco jurídico, por eso engordan con los cortes argentinos de los restaurantes en los que se encuentran entre sí. De hecho, lo que hace falta es que los motiven: que ganen el doble, sí señor.
El miércoles, el coordinador priista en la bancada local, Roberto Marrufo, aseguró que el único motivo por el se bajaría el sueldo de 85 mil a 76 mil 500 pesos (10%) es el de la solidaridad de sus compañeros (o que lo obligue la ley que él vota). No sus promesas de campaña, no una política del partido, no una visión sobre la austeridad legislativa. No. Lo único que lo hará cumplir su promesa de campaña es que todos los diputados, toditos a la de tres, bajen su sueldo, y todos igualito. Si no, no. Ni aunque se lo pida el Papa.
El tema es trilladísimo y ya casi no queda grosería que emitir, pero el tema sigue lastimando las arcas públicas, la dignidad de los legisladores y la confianza de los ciudadanos en éstos. La indignación tiene un sustrato absolutamente justificado: los legisladores encarnan la inutilidad caricaturizada de la clase política del Estado y arrastran el descrédito que tenía un Congreso de cobardes y pusilánimes súbditos del gobernador en turno.
Reducir las dietas legislativas no genera ahorros sustantivos al erario, pero es un símbolo de libertad de los legisladores, un gesto mínimo para redignificar la tarea deliberativa. Los ciudadanos piden mejores diputados y en la mejoría se incluye una retribución no ofensiva.
¿Pero cuánto debe ganar un diputado? ¿Debe medirse en función de otros estados, de otros funcionarios, de su trabajo? Las preguntas no son nuevas, y ha habido notables esfuerzos desde la academia por diseñar modelos de evaluación del desempeño de los legisladores y, en teoría, vincular más adelante este desempeño con la retribución. Pero he aquí que quien toma la decisión al respecto es (sí, lo imaginó bien) el propio legislador, el sufriente diputado que no gana lo que cree que debe.
Por eso una y otra vez se insta a quienes tienen una curul para que muestren consideración ante el reclamo, inocuo y de poco alcance, pero también justificado, para reducir su salario. Y una y otra vez, los legisladores responden como la caricatura que hay de ellos: sin visión política y sin respeto. Y el círculo vicioso se repite ad nauseaum.
A eso hay que añadirle la incertidumbre con el partido, la monserga de los periodistas preguntones, la necesidad de entender temas que ni siquiera sabían que existían. Los diputados sufren. Por eso no se capacitan, por eso no hay un buen marco jurídico, por eso engordan con los cortes argentinos de los restaurantes en los que se encuentran entre sí. De hecho, lo que hace falta es que los motiven: que ganen el doble, sí señor.
El miércoles, el coordinador priista en la bancada local, Roberto Marrufo, aseguró que el único motivo por el se bajaría el sueldo de 85 mil a 76 mil 500 pesos (10%) es el de la solidaridad de sus compañeros (o que lo obligue la ley que él vota). No sus promesas de campaña, no una política del partido, no una visión sobre la austeridad legislativa. No. Lo único que lo hará cumplir su promesa de campaña es que todos los diputados, toditos a la de tres, bajen su sueldo, y todos igualito. Si no, no. Ni aunque se lo pida el Papa.
El tema es trilladísimo y ya casi no queda grosería que emitir, pero el tema sigue lastimando las arcas públicas, la dignidad de los legisladores y la confianza de los ciudadanos en éstos. La indignación tiene un sustrato absolutamente justificado: los legisladores encarnan la inutilidad caricaturizada de la clase política del Estado y arrastran el descrédito que tenía un Congreso de cobardes y pusilánimes súbditos del gobernador en turno.
Reducir las dietas legislativas no genera ahorros sustantivos al erario, pero es un símbolo de libertad de los legisladores, un gesto mínimo para redignificar la tarea deliberativa. Los ciudadanos piden mejores diputados y en la mejoría se incluye una retribución no ofensiva.
¿Pero cuánto debe ganar un diputado? ¿Debe medirse en función de otros estados, de otros funcionarios, de su trabajo? Las preguntas no son nuevas, y ha habido notables esfuerzos desde la academia por diseñar modelos de evaluación del desempeño de los legisladores y, en teoría, vincular más adelante este desempeño con la retribución. Pero he aquí que quien toma la decisión al respecto es (sí, lo imaginó bien) el propio legislador, el sufriente diputado que no gana lo que cree que debe.
Por eso una y otra vez se insta a quienes tienen una curul para que muestren consideración ante el reclamo, inocuo y de poco alcance, pero también justificado, para reducir su salario. Y una y otra vez, los legisladores responden como la caricatura que hay de ellos: sin visión política y sin respeto. Y el círculo vicioso se repite ad nauseaum.
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