La desigualdad y la insatisfacción política cimbran a América Latina

Lo que empezó como una manifestación para no pagar el aumento del Metro en Chile, se extendió por Latinoamérica con exigencias que han puesto a los gobiernos contra las cuerdas.

El presidente chileno echó para atrás el incremento al pasaje; en Ecuador, el mandatario reculó y dejó los subsidios a los combustibles como estaban antes de las marchas. 

Para Guadalupe González, académica del ITESO, esto “es una inconformidad con un modelo que aparentemente empobreció a la población”.

Aunque no con los mismos motivos, en Colombia el Ejecutivo enfrenta una caída en su popularidad. Brasil pospuso sus reformas económicas por temor a un contagio de disturbios.

“La emergencia de movimientos sociales refleja que los pueblos están hartos de un modelo que ofreció eliminar sus desigualdades y las creció”, apuntó Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del Departamento de Estudios de Movimientos Sociales de la UdeG.

2019, un año de descontento en América Latina

América Latina inició el 2019 con la primera revuelta del fin de la década en Venezuela.

Luego del juramento como presidente de Nicolás Maduro, el legislador Juan Guiadó se autonombró presidente interino y logró el apoyo de más de medio centenar de países. 

La crisis política también linda con una económica, ya que ese país tiene graves problemas de hiperinflación, falta de medicinas y alimentos. Esto ha generado una diáspora de cuatro millones de venezolanos, según reporta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). En siete meses desde noviembre de 2018, el número de refugiados y migrantes aumentó en un millón.

Pero Venezuela es sólo un síntoma de una enfermedad que se esparció durante este año en la región. Ecuador y Argentina se convulsionaron por las medidas implantadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en el caso gaucho, la ciudadanía cambió de Gobierno, al elegir al izquierdista Alberto Fernández.  Mientras que el pueblo indígena ecuatoriano logró echar abajo un decreto que eliminaba los subsidios al combustible. 

En Chile, nación con un largo historial de protestas, se esparció la crisis debido al aumento al transporte público. Desde octubre, han sido asesinadas 24 personas en el contexto de los disturbios y organizaciones de derechos humanos reportan 200 heridos en los ojos por ataques directos. 

Mientras que Colombia padece una revuelta debido a que el actual presidente rompió los pactos de paz y aceptó políticas del FMI.

Especialistas coincidieron en que los motivos del descontento son diversos y tienen diferentes vías de solución; desde llamar a nuevas elecciones hasta cambiar el modelo de desarrollo implementado en la región.

Hugo Chávez deja un caos en Venezuela

Tras la muerte del ex presidente Hugo Chávez, Venezuela entró en una combustión política que no ha dejado de arder. El 8 de marzo de 2013, tres días después del fallecimiento del ex comandante, Nicolás Maduro es juramentado como mandatario interino, cargo que refrendará un mes después tras imponerse, por un margen menor a 1.5% de los votos, a Henrique Capriles. Sin embargo, la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se fortaleció y comenzó a ganar presencia y espacios de poder en la Asamblea Legislativa. 

La actual crisis en Venezuela tiene ahí su origen, un conflicto político debido a la poca legitimidad con la que fue electo el actual presidente, quien además ha minado todas las instituciones que no son afines al “chavismo” y no ha logrado contener la hiperinflación monetaria, que tiene a su moneda prácticamente sin valor. 

En 2015, el movimiento opositor se apoderó de la mayoría en el poder legislativo y adquirió  más presencia en el debate sobre el Gobierno y sus políticas públicas. En 2018, la Mesa de la Unidad Democrática impulsó a Henri Falcón como su candidato para competir por la presidencia contra Maduro. El chavista ganó la elección con 68% de los votos, pero una alianza de 14 países latinoamericanas y Canadá, conocida como el Grupo de Lima, declaró que los comicios eran ilegítimos y comenzaron a cortar sus relaciones diplomáticas.

“Hay una crisis humanitaria muy fuerte y hay un cerrazón a no ceder. Uno a quedarse en el poder y otro por echarlo y se llevaron a los ciudadanos en las patas. Tiene problemas de las tres variables -social, política y económica- muy fuertes”,  expresó Enrique Ávila Palet, académico de la Universidad Panamericana.

El 10 de enero de este año, Maduro inició su nuevo mandato de seis años entre acusaciones de fraude y de pretender perpetuarse en el poder. Por lo que el 23 de ese mismo mes, Juan Guaidó se declaró presidente interino; fue reconocido por más de medio centenar de países.  

Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del departamento de estudio de Movimientos Sociales en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, indicó  que en parte de la crisis actual tiene responsabilidad Estados Unidos , país que “de alguna manera puso también a Guaidó en el poder”.

“Guaidó no es un presidente porque lo puso una asamblea que el tribunal aceptó que había caído en desacato y que debió haber sido disuelta. Incluso Estados Unidos lo reconoce, pero eso no sirve de nada. Los intentos de golpe de Estado pudieron haber tenido mayor impacto pero no lograron corromperlos (a los militares)”, dijo.

Colombia rompe acuerdo de paz  

La más reciente crisis que asola el continente se dio en un país que hasta hace un par de años celebraba la reconciliación nacional tras los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  (FARC).

Gobernada por el presidente de derecha Iván Duque, Colombia impulsa cambios en su economía que han despertado a las clases trabajadoras y estudiantiles. El mandatario mandó un paquete de medidas, llamada “el paquetazo”, que elimina el fondo de pensiones y aumenta la edad de pensiones; fue considerada lesiva en las centrales y sindicatos obreros. También se señala al Gobierno de intentar privatizar empresas estatales como Ecopetrol, la paraestatal petrolera. 

Por su parte, los estudiantes se han movilizado durante toda la administración de Duque debido al incumplimiento de la promesa de invertir mil 300 millones de dólares en universidades públicas y privadas. 

Pero no sólo los cambios económicos han alimentado el descontento. Colombia es un país que padeció a la mayor y más antigua guerrilla del continente, las FARC. Dos días después de ser electo presidente, el 19 de junio de 2018, Duque señaló que no estaba dispuesto a seguir con los acuerdos de paz que llevaron a la desmovilización de los combatientes. La firma fue impulsada por el ex presidente Juan Manuel Santos, quien propició el diálogo entre Gobierno y guerrilleros en Oslo y La Habana. Tras las charlas, se estampó el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, en Bogotá, el 24 de noviembre de 2016.

“El presidente Duque quiso hacer unos ajustes al cuestionar y echar para abajo los Acuerdos de Paz por la presión del ex presidente Álvaro Uribe. Provocó reacciones que en Colombia no se veían hace muchísimos años. Comenzó con estudiantes y ahora también los trabajadores y otros sectores se han unido”, señaló Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del departamento de estudio de Movimientos Sociales en el CUCSH.
Desde entonces, los partidos de oposición condenan los asesinatos de 170 combatientes que firmaron la paz. Mientras que los indígenas colombianos piden mayor protección, pues han matado a 126 miembros de su comunidad desde agosto del año pasado, cuando asumió.

Guadalupe González Chávez, académica de Relaciones Internacionales del ITESO, señaló que Colombia tiene muchas desigualdades, incluso entre regiones mientras que el actual Gobierno perdió popularidad. 

“Necesita del diálogo. Lo prometido es importante. La gente pide que se profundice en los acuerdos socioeconómicos y se vuelva al Acuerdo de Paz”, explicó.

Chile se encamina a pacto social

Considerada una de las democracias ejemplares en el continente, Chile lleva años padeciendo una crisis económica apenas perceptible para quien no está en ese país.

Servicios privatizados, salarios bajos, pensiones insuficientes y deudas en miles de pesos para estudiar son sólo algunas de las claves del descontento que llevaron a los chilenos a las calles.

Pese a que ese país tiene una larga tradición de protestas tras la caída de la dictaduras las marchas multitudinarias no tienen parangón en la historia moderna andina.

La flama que inició el fuego de las protestas la provocó el Panel de Expertos del Transporte Público luego de anunciar, el 4 de octubre, un aumento en los precios en los servicios de metro y autobuses. Esa misma semana comenzaron a gestarse las protestas y el día 17 los estudiantes se “saltaron” el pago del Metro, lo que desencadenó las decenas de marchas. 

Tras esa primera muestra de descontento, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera, declaró que su administración estaba “en guerra” contra los manifestantes. Un día después de esa frase, más de un millón de ciudadanos salió a exigir la cancelación de aumento al Metro y pidió una nueva constitución.

Jaime Tamayo Rodríguez explicó que una de las razones del estallido fue que en el sistema, que se quiso presentar como el mejor modelo neoliberal del mundo, se manejaban salarios altos pero todo servicio, que debería ser proporcionado por el Estado, se tenía que pagar. Como la educación y la salud. “Es una inconformidad social con un modelo que aparentemente empobreció a la población”, resaltó.

La crisis también provocó que se cancelaran las cumbres de los países del Asia Pacífico (APEC) y la climática de la ONU (COP-25). Además, la misma ONU envió personal para monitorear e investigar las denuncias de abuso policial contra los manifestantes. Desde el inicio, entidades de derechos humanos reportan 24 muertos y casi tres mil heridos; entre los que destacan al menos 230 chilenos que han perdido la vista de un ojo debido a disparos por parte del grupo de Carabineros.

Además de ello, González Chávez subrayó que, a diferencia del resto de los países, Chile no había cambiado su constitución para tener más derechos sociales, sino que todo lo privatizaron. “Había un Gobierno liberal y conservador que decía que todo tenía que ser privado y llegó un límite en la capacidad de bolsa de gastos en la que la gente dice ‘ya no puedo’. Se rompió la dinámica social cuando entró la policía al metro y el mismo presidente ha dicho que debió haberse hecho de otra manera”, dijo.

Los 20 días que cambiaron Bolivia

Un plebiscito convocado en febrero de 2016 para avalar que, el ahora ex presidente, Evo Morales se presentara a competir por un cuarto mandato inoculó el germen del descontento en la oposición de Bolivia. El ex mandatario perdió el referendo y presentó un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral, que finalmente reformó la constitución y le permitió competir. 

Tras ese movimiento, Morales llegó a los comicios el pasado 20 de octubre para competir contra Carlos Mesa, en una elección que se anticipaba reñida. Tras los primeros conteos, el opositor sorprendió y todo indicaba que forzaría a una segunda vuelta electoral; hasta que se cayó e sistema con más de 85% de las mesas escrutadas. Un día después se reanudó el conteo y dio por ganador a Evo, sin necesidad de segunda vuelta, con 46.4% de los votos.

Y entonces se desató el caos. El opositor Carlos Mesa denunció fraude y miles salieron a las calles para protestar contra la decisión del Tribunal Superior Electoral; en las ciudades de  Potosí, Sucre y Cobija quemaron las oficinas de ese organismo. El 22 de octubre, centrales obreras, políticos de derecha y parte de la sociedad civil convocan a una huelga por tiempo indefinido y exigen la dimisión de Morales. 

Días después, la Organización de los Estados Americanos (OEA), recomienda nuevas elecciones debido a “irregularidades” en el proceso mientras que Evo ofrece un recuento “voto por voto” para calmar la situación. El 1 de noviembre, pese a las recomendaciones de la OEA, el tribunal declara ganador a Morales, lo que propiciará que la Policía se amotine y las Fuerzas Armadas de Bolivia pidan la renuncia. “Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial”, declaró el comandante en jefe Willimas Kaliman.

Evo cedió a la presión militar y se exilia en México, mientras que la abogada y ex presentadora de televisión , Jeanine Áñez, se declaró presidenta interina.
Jaime Tamayo Rodríguez señaló que sí hubo golpe de Estado y, al retirarse Evo Morales de su cargo, permitió que las estructuras de su Gobierno siguieran presentes. 

“Van a tener que dejarlos participar en elecciones. Tienen dos terceras partes del Congreso, por más que quieran desmantelar el movimiento de Evo, va a ser muy difícil”, indicó el especialista en temas internacionales.

La mandataria interina acusó Evo Morales de delitos como terrorismo y sedición con base en “pruebas” como un video en el que se atribuye su voz para supuestamente incitar a bloqueos de ciudades en Bolivia. Además llamó a nuevas elecciones, que aún no han sido convocadas.

La ira ecuatoriana contra el FMI

Ecuador despertó el día que llegó la primavera de 2019 con un préstamo de cuatro mil 200 millones de dólares en créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI), institución financiera que pidió que el Gobierno bajara su déficit fiscal, reducción de gastos, aumento de ingresos y reformar al Código Laboral.  

El descontento en sindicatos y sociedad civil  se hizo patente debido a que las reformas reducían los costos de contratación y despidos.  

Meses después, el 1 de octubre, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció que tras cuatro décadas suspendía el subsidio a los combustibles en todo el país, valorada en mil 300 millones de dólares a los precios del diésel y la gasolina, y el mantenimiento de 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La respuesta no se hizo esperar y el gremio de transportistas se fue a un paro indefinido mientras que los miles de indígenas comenzaron a marchar rumbo a Quito. Tras las primeras protestas, el Gobierno decreta un estado de excepción. 

Ante la presión en la capital, Moreno traslada la sede de su Gobierno de ciudad y se muda a Guayaquil, mientras que el Poder Judicial suspende actividades por la irrupción de manifestantes en su sede. 

Ávila señaló que en el caso de este país, más que social es un asunto económico por el que comenzó todo, pues se pide una serie de reformas tributaria y laboral y a la vez se rechaza lo impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Además, una de las soluciones tendría que ser satisfacer las demandas de los grupos sociales y hasta renunciar.

Pese a los llamados al diálogo por parte del Gobierno, la mayor organización indígena de Ecuador anuncia más protestas, que sumaban entonces cinco muertos y más de mil detenidos. 

Díez días después,  Lenín Moreno cedió y anuló el decreto a cambio del cese de los disturbios.  “Una solución para la paz y para el país: el Gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan. Se recobra la paz”.

Por su parte, Tamayo coincidió en que se tienen que modificar las políticas implementadas, sin embargo, aquí la movilización de los indígenas está jugando un rol importante pues lo obligaron a dar marcha atrás a las políticas neoliberales y podrían hasta quitarlo del poder.

Aunque también, en las próximas elecciones lo más probable es que pierdan por la “traición” del presidente Lenín Moreno.

Argentina, entre el descontento y la democracia

El escrutinio definitivo de las elecciones argentinas del 27 de octubre, realizado por la Justicia electoral, otorgó la victoria de Alberto Fernández, opositor de izquierda y peronista, con 48.24% de los votos frente a 40.28% obtenido por el actual mandatario, el conservador Mauricio Macri.

Argentina llegó a las elecciones tras las protestas contra las políticas económicas de Macri, que el 4 de abril llevó a la calle a sindicatos y sociedad civil en un paro sin precedentes. 

El descontento se debió a la recesión económica que provocó, según analistas, que no hayan mercado ni moneda local, así como desempleo y jubilados con ingresos precarios. 

En este caso, los expertos coincidieron en que el regreso del neoliberalismo con Mauricio Macri lo único que trajo fue más problemas como pobreza, desigualdad, desempleo y desesperanza, por lo que volvieron al peronismo.

Tanto el nuevo gobernante como el anterior son acusados de corrupción, por lo que Ávila señaló que “no le auguro buenos resultados al país. No sé cómo van a solucionar el problema de corrupción”.

Tres semanas después volvieron a protestar con una huelga general en medio de la caída del peso argentino frente al dólar, lo que ocasionó que se elevara la inflación y por ende aumentaron los indicadores de pobreza, que en el segundo semestre dese ubicó en 32% de la población, según los datos oficiales.

Tras ganar los comicios, Fernández sugirió que el FMI no envíe los 11 mil millones de dólares que restan por llegar del préstamo de 56 mil 300 millones concedido en 2018.
“Porque es querer calmar la borrachera mientras uno sigue tomando vino. Al día siguiente te levantas y lo que eran 45 mil dólares se te convirtieron en 57 mil millones y tienes un problema más grande. Yo no quiero agrandar más ese problema, quiero resolverlo con sensatez”, aseveró.

Los investigadores señalaron en que el modelo neoliberal y conservador de Macri no resultó bueno para los ciudadanos del país, por lo que se buscó regresar a la izquierda del Peronismo.

“Lo que estamos viviendo es la emergencia de movimientos sociale. Recientemente los movimientos reflejan que los pueblos están hartos de un modelo que ofreció eliminar sus desigualdades y las creció al aplicar medidas rígidas y no corresponden al modelo que se brindó”, señaló Tamayo.

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