Sistema anticorrupción: presión sobre diputados
Legisladores rechazan un atorón; afirman que siguen negociando y cumplirán con el plazo nacional
GUADALAJARA, JALISCO (07/ABR/2017).- Pese a que un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que Jalisco, junto con otros seis estados, podrían poner en riesgo la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, ante las deficiencias en sus reformas constitucionales y la falta de una ley en la materia, diputados locales aseguran que podrán sacarla a tiempo y sin deficiencias.
El presidente de la Mesa Directiva, Ismael del Toro Castro, aseguró que el sistema local quedará listo a tiempo y rechazó que Jalisco represente un riesgo como lo consideró el IMCO.
De acuerdo a legisladores, las reformas pendientes y la Ley del Sistema Local Anticorrupción quedarían aprobadas incluso en junio próximo, semanas antes de la fecha límite para su implementación, establecida para el 18 de julio.
Por su parte, el coordinador de la bancada panista, Miguel Ángel Monraz Ibarra, aseguró que se han dado pasos importantes para combatir la impunidad y la corrupción, “desde nuestra visión se están llegando a acuerdos que nos permitan antes del mes de julio tener las reformas constitucionales complementarias y las reformas secundarias que le den vida y forma (al SLA)”. Con estas modificaciones, dijo, se le dará herramientas a los distintos organismos, no solamente para supervisar, vigilar y evaluar el combate a la corrupción, sino para contar con sanciones ejemplares.
MUCHO TRABAJO Y POCO TIEMPO PARA HACERLO
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) da un avance de 55% a Jalisco en la aplicación del Sistema Local Anticorrupción. Sin embargo, destaca que lo que se ha hecho hasta el momento tiene muchas deficiencias.
| Lo que falta por arreglar | Lo que dice el IMCO | Lo que dicen los diputados | ||
| Fiscalía Anticorrupción | Jalisco no tiene avances para definir las facultades del órgano superior de fiscalización y que tenga autonomía técnica y de gestión. | A decir de diputados el tema sí sigue en debate, pero no hay diferencias entre las fracciones parlamentarias y se aprobaría pronto. El acuerdo es que el fiscal tenga autonomía y no dependa del Ejecutivo, Legislativo o Judicial. | ||
| Tribunal de lo Administrativo del Estado | No se ha establecido la operación del Tribunal de lo Administrativo (TAE) ni sus facultades dentro del Sistema Local Anticorrupción. | Los diputados afirman que se discute la transformación del TAE que se convertiría en un Tribunal de Justicia Administrativa. Hay varias propuestas en la mesa que siguen bajo análisis, sin embargo, es uno de los aspectos con más atraso que deberá resolverse en los próximos meses. El debate principal es la forma como se deberá conformar el órgano. | ||
| Auditoría | No se han fijado con claridad facultades de la Auditoría, contraloría y órganos internos de control, para investigar y sancionar a servidores públicos. | Los legisladores aún deben encargarse de designar un nuevo auditor tras la salida de Alonso Godoy. Reconocen negociación para definir las facultades de la Auditoría, contralorías y órganos de control en el nuevo sistema local. | ||
| Reformas adicionales | No existe la Ley del Sistema Local Anticorrupción y tampoco se avanza en incorporar el nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos ante faltas administrativas y actos de corrupción. | Los legisladores siguen analizando modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo, al Código Penal del Estado, a la Ley de Servidores Públicos, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, entre otras. |
Lo que ya está aprobado
• Nace el Sistema Local Anticorrupción, con dos comités: el coordinador donde se integran las autoridades vinculadas en la materia y otro de participación ciudadana.
• Se incorpora el delito de enriquecimiento ilícito como sujeto al procedimiento de extinción de dominio.
• La obligación de los servidores públicos para presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses (3de3).
• Se incorpora la figura de un fiscal especial encargado de perseguir delitos relacionados con actos de corrupción.
• Se establece la obligación de crear órganos internos de control para entidades estatales y municipales.