Jalisco
Se duplican procesos judiciales contra deudores de Pensiones
Los pasivos de 35 entidades públicas con Ipejal aumentaron a mil 370.2 millones de pesos, producto de la retención o desvío de cuotas de burócratas y patrones
GUADALAJARA, JALISCO (26/MAR/2015).- De las 35 entidades públicas que hasta el mes pasado no habían reportado las aportaciones de los servidores públicos y las cuotas patronales al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), casi la mitad se encuentra en la situación más grave al enfrentar procesos judiciales por arrastrar el mayor retraso.
La cifra de entidades en esta situación se duplicó en el último año, al pasar de ocho ayuntamientos y organismos con procesos judiciales en febrero de 2014, a un total de 14 el mes pasado. En la lista se encuentran los ayuntamientos de Guadalajara, Autlán, La Barca, Tamazula, Zapotlán el Grande, Chapala, Tala, Mascota y Puerto Vallarta (con su Consejo Municipal del Deporte y el DIF); así como el Instituto de la Juventud de Tonalá, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) y Servicios y Transportes.
Aunque se solicitaron entrevistas con la Sepaf, la Secretaría de Educación, Servicios y Transportes y con los ayuntamientos de Guadalajara y Puerto Vallarta, todos evitaron pronunciarse sobre sus pasivos millonarios.
Luis Enrique Miranda del Río, director jurídico del Ipejal, explica que estas entidades son las que han tenido el mayor atraso y no se han regularizado, “si en un determinado tiempo no cumplen con sus obligaciones se van a proceso judicial”.
La Dirección Jurídica giró a las 14 entidades un oficio “donde se les hace exigible el cumplimiento de sus obligaciones… la idea es que se firme un convenio o se tenga una acción en pago de predios que se desincorporen del patrimonio municipal”.
El funcionario estima que ocho de cada 10 convenios es consecuencia de un proceso judicial, pero “si estos procesos son infructuosos y no se alcanza un convenio, entonces se somete al Consejo Directivo y a otras instancias”.
De las 35 instituciones con deudas, el organismo ha conseguido crear convenios con 15, con lo que pretende recuperar alrededor de 136 millones de pesos con diferentes condiciones en cada caso. El problema es que seis incumplen los acuerdos de pago para saldar sus deudas acumuladas: los ayuntamientos de Tala, Gómez Farías, Tamazula, el Instituto de la Juventud de Tonalá, el Consejo Municipal del Deporte de Tonalá y el Instituto Jalisciense de la Vivienda.
En cambio, entre los que se encuentran cumpliendo los pagos pactados de sus deudas totales o parciales destacan los municipios de Guadalajara, Zapotlán el Grande, Chapala y Tuxpán, entre otros organismos públicos descentralizados.
La capital del Estado, por ejemplo, ha pagado 26 mensualidades con un saldo de 53.3 millones de pesos a la segunda quincena de febrero.
“Lo que tratamos de convenir es precisamente que, de aquí en adelante, la entidad no se atrase en las quincenas corrientes que se le sigan generando, pero en lo que tenga atrasado se hace un convenio de acuerdo con las necesidades y posibilidades de cada dependencia”, explica Miranda del Río.
Con la alcaldía de Tonalá, por ejemplo, se firmó un convenio para liquidar el pasivo con la venta de terrenos municipales. Sin embargo, el Instituto de la Juventud y el Consejo Municipal del Deporte de Tonalá incumplen con los convenios de pago.
LA VOZ DEL EXPERTO
Es urgente una auditoría externa
Luis Ignacio Román Morales (investigador del ITESO).
El académico del Departamento de Economía del ITESO lanza un llamado a generar una auditoría completamente autónoma de los principales procesos de endeudamiento que nunca se debieron haber hecho, pero se debe “contratar a una institución elegida por organizaciones civiles para identificar dónde está la bronca fundamental”.
La segunda recomendación es generar una estrategia de gasto distinta, en la que lo primero que tengan que hacer los gobiernos sea forzosamente cumplir con sus obligaciones de ley. También exhorta a cuidar el manejo de las formas de contratación dentro del sector público, pues parte de lo que puede ocurrir es que se siga generando una recurrencia mayor a la lógica de subcontratación contra el trabajador.
El problema, considera, va más allá de los adeudos ante la seguridad social, “en los últimos años hay una profunda desorganización de las finanzas públicas en buena parte de las entidades y municipios”. Lo anterior tiene que ver con las reticencias del sector público para ser vigilados y supervisados en su deuda completa por parte del Gobierno federal.
Vallarta es el líder
En el primer lugar de la lista, con la deuda más elevada, sobresale el municipio de Puerto Vallarta, con 354 millones de pesos por el retraso de 87 quincenas. Le sigue Tonalá y Guadalajara, con 279 millones cada uno, al no aportar 72 y siete quincenas, respectivamente.
Los tres principales deudores aumentaron sus pasivos con Pensiones en el último año. El que menos lo hizo fue Tonalá, con 46 millones, seguido por Puerto Vallarta, con 74 millones. Guadalajara, en cambio, pasó a deber 279 millones 227 mil pesos al corte de la segunda quincena del mes pasado.
Lo anterior posicionó al municipio entre las entidades que acumulan los mayores retrasos, situación que le acreditó un proceso judicial. Se solicitó entrevista con los ayuntamientos de Puerto Vallarta y Guadalajara, pero las direcciones de Egresos evadieron el tema.
Para Luis Ignacio Román Morales, investigador del ITESO, este tipo de adeudos no deberían existir: “Está prohibido por ley, se debe vigilar con más detalle”.
El problema, añade, es que si los municipios mandaran todas las aportaciones como la ley mandata, “seguramente se reducirían muchísimos recursos que se van hacia las actividades a partir de las cuales se legitiman, como pueden ser obras de infraestructura, obras sociales o de carácter administrativo”.
CUMPLIDAS
De las 14 entidades con proceso judicial, sólo seis tienen convenio, pero la mitad incumple: los municipios de Tala, Tamazula y el Instituto de la Juventud de Tonalá.
AFILIADOS
El Ipejal tiene una población afiliada cercana a los 120 mil trabajadores de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ayuntamientos, magisterio, organismos públicos descentralizados y voluntarios.
En total hay 134 entidades públicas afiliadas.
CONVENIOS
Destaca que suman 134.9 millones de pesos de nueve entidades públicas que tienen convenios con el Ipejal, así como otros 1.4 millones de pesos de seis entidades que incumplen los convenios de pago.
Pasivos de entidades públicas con Ipejal
Segunda quincena de febrero de 2015:
1,370.2 millones de pesos.
Segunda quincena de febrero de 2014:
713.8 millones de pesos.
Aumento: 656.4 millones de pesos
Los 35
Adeudos por aportaciones o retenciones vencidas de entidades públicas patronales
Requeridas de pago
Entidad pública Quincenas vencidas Total (pesos)
Secretaría de Educación --- 117’430,045
Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas --- 94’347,906
Instituto de Formación para el Trabajo 5 8’159,278
Code 1 2’268,124
Secretaría de Desarrollo Rural 2 2,’146,337
Ejecutores fiscales locales --- 1’984,819
Sistecozome 4 1’423,595
Sistecozome (operadores) 4 1’137,372
Instituto Jalisciense de la Vivienda 2 883,005
DIF Guadalajara --- 121,481
Parque Solidaridad --- 248,925
Instituto de la Juventud de Tlaquepaque 28 155,883
Sistema de Transporte Colectivo
de Puerto Vallarta 4 99,889
Ejecutores fiscales foráneos --- 69,573
Ayuntamiento de Gómez Farías 4 66,424
Zapotlán el Grande (Dare) 3 13,819
Consejo de la Judicatura --- 8,122
Ayuntamiento de Casimiro Castillo
(agentes viales) 2 3,591
Industria de Rehabilitación Social --- 3,024
Con proceso judicial
Ayuntamiento de Puerto Vallarta 87 354’095,199
Ayuntamiento de Guadalajara 7 279’227,493
Ayuntamiento de Tonalá* 72 279’777,028
Servicios y Transportes 168 155’755,598
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande 17 27’244,983
Ayuntamiento de Tamazula 18 10’830,616
Secretaría de Finanzas
(Grupo 20 de Policía Auxiliar) 55 7’386,549
Ayuntamiento de Chapala 22 6’378,898
Ayuntamiento de Tala 23 6’343,993
Secretaría de Finanzas
(Grupo 16 Policía Auxiliar) 10 4’588,598
DIF Puerto Vallarta 5 3’766,595
Ayuntamiento de Autlán de Navarro 11 1’921,082
Consejo del Deporte de Puerto Vallarta 15 1’707,224
Ayuntamiento de Mascota (agentes viales) 103 294,133
Instituto de la Juventud de Tonalá 22 256,004
Ayuntamiento de La Barca 15 116,298
* Estaba en proceso judicial, pero ya firmó convenio.
Total de adeudos: 1,370’261,523
Nota: corte a la segunda quincena de febrero.
QUEDA LEY EN LETRA MUERTA
Oculta Ipejal número de burócratas afectados
Los pasivos a Pensiones de las entidades públicas que han desviado o retenido las aportaciones patronales y de servidores públicos crecieron 656.4 millones de pesos en el último año, al pasar de 713.8 millones a mil 370.2 millones de pesos. También aumentó el número de instituciones deudoras de 31 a 35.
— ¿A qué se debe el incremento del monto de los adeudos? ¿Por qué se duplica? —se le cuestiona a Luis Enrique Miranda del Río, director jurídico de Pensiones.
— Son altibajos, de repente la cartera vencida está bastante exorbitante y de repente va a estar abajo. Obedece a cuestiones presupuestales de las dependencias públicas.
— ¿Por qué existen retenciones o desvíos?
— Los municipios ahora, con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, deben ajustarse a ciertas cuestiones. No deberían existir atrasos, pero existen… pueden deberse a estos ajustes contables o a pasivos laborales que las entidades no tenían contemplados. Ese pudiera ser algún supuesto, tendríamos que analizar cada caso en particular, pero en términos generales sería por contingencias no previstas.
El otro problema es que el Instituto no informa sobre el número de servidores públicos afectados por esta práctica irregular, que les impide acceder a los créditos y al conjunto de prestaciones hipotecarias de corto plazo y préstamos de liquidez.
La información se omite en los listados que publica mensualmente sobre los adeudos de entidades públicas: “Tendrías que solicitar a cada una de las 35 dependencias deudoras cuántos trabajadores tiene afiliados a Pensiones”, admite Miranda del Río.
En junio de 2012, la pasada administración del Ipejal sí reveló que 20 ayuntamientos y organismos públicos descentralizados de Jalisco retuvieron o desviaron las cuotas de 19 mil 898 trabajadores. Hoy se omite la información.
De los adeudos que acumulan las entidades públicas tampoco se publica el monto de los pasivos heredados por anteriores administraciones y los que se han venido generando después de esa fecha.
Al respecto, el funcionario aclara que las quincenas vencidas de las entidades pueden corresponder a las nuevas administraciones o a las pasadas, “no estamos obligados a subir así la información”.
Es delito, pero no hay sanciones
Desde julio de 2013, no reportar las cuotas de los burócratas y patrones al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) es un delito que acredita sanciones administrativas y cárcel de tres a 15 años. La novedad es que a casi dos años de las modificaciones al Código Penal ningún caso ha sido consignado. No hay sancionados.
El Instituto está facultado para solicitar a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) la retención de las participaciones federales o estatales a las entidades que incurran en la falta de pago de aportaciones. El problema es que ni Pensiones ni el Gobierno del Estado proporcionaron la lista de entidades a las que se les han retenido sus participaciones desde la aprobación de la reforma.
De las entidades que tienen un proceso judicial, ¿hay alguna sanción en su contra?, se le cuestiona a Luis Enrique Miranda del Río, director jurídico de Pensiones, pero evade la respuesta: “La sanción propiamente ya sería la consecuencia si no se llega a un convenio (con la entidad), ahorita nuestra intención y la instrucción es lograr que se concilie, lograr que podamos regularizar la mayor parte”.
— ¿Por qué no hay ningún sancionado a pesar de que hay incumplidos con procesos judiciales y el incremento de los adeudos?
— Existen convenios y la voluntad de pago por parte de las entidades públicas, si mandáramos oficios y ninguno lo atiende, y si tratáramos de tener un acercamiento y no hay respuesta, pues evidentemente ya hubiera algunas sanciones, pero siempre ha habido respuesta a través de ofrecimientos de pago y convenios.
Sería, dice, “un poco arbitrario presentar denuncias a diestra y siniestra cuando hay una voluntad de regularizarse”. La voluntad, sin embargo, no se refleja en una disminución de los adeudos a Pensiones, pues en el último año estos crecieron 656 millones de pesos. Desde 2009, las deudas están incontrolables.
Los más retrasados
De las 35 entidades públicas que no reportan los pagos patronales y de trabajadores, el organismo público descentralizado Servicios y Transportes es el más retrasado de todos: no ha reportado las cuotas correspondientes desde hace 168 quincenas, por lo que presenta un proceso judicial con pasivos por 155 millones 755 mil pesos.
Le siguen los ayuntamientos de Mascota y Puerto Vallarta, con un total de 103 y 87 quincenas vencidas y montos de 294 mil pesos y 354 millones, respectivamente.
Se buscó al Ayuntamiento de Puerto Vallarta y a Servicios y Transportes, pero también evadieron hablar sobre el tema.
CÓDIGO PENAL
Cárcel y multas
Delitos en materia de seguridad social de los servidores públicos:
Artículo 10: La falta de pago de aportaciones, retenciones, actualizaciones o recargos dará lugar a la ejecución forzosa mediante la retención en aportaciones, participaciones y cualesquiera otros recursos líquidos, que se efectuará a petición del Instituto de Pensiones y se aplicará por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
Artículo 299: Sólo proceden por querella del Instituto de Pensiones. En el caso del delito señalado en Artículo 301, también procede por querella del servidor público afectado por no enterar sus retenciones.
Artículo 300: Cuando el daño, perjuicio o beneficio indebido por los delitos previstos en este título sea cuantificable, el Instituto lo hará en la querella.
Artículo 302: Se impondrán de tres a 10 años de prisión a los funcionarios públicos de las entidades públicas patronales que no enteren las retenciones realizadas a los servidores públicos, dentro de los plazos que señala la Ley del Instituto de Pensiones, salvo que exista convenio que les otorgue alguna prórroga o mecanismo de pago alterno.
Artículo 303: A quienes obtengan del Instituto, mediante engaño o el aprovechamiento del error, para sí o para otro, en efectivo o en especie, una o más prestaciones a las que no tengan derecho, así como a los servidores públicos de las entidades patronales que participen con los afiliados, pensionados beneficiarios en la obtención de dichas prestaciones, se les impondrán las siguientes penas:
I: De uno a tres años de prisión y multa por 50 a 500 días de salario mínimo, cuando el valor de lo defraudado no exceda del importe de 500 días de salario mínimo.
II: De dos a 10 años de prisión y multa por el importe de 200 a 3,000 días de salario, cuando el valor de los defraudado exceda de 500 días de salario, pero no exceda de tres mil días de salario mínimo.
III: De cuatro a 15 años de prisión y multa por mil a 10 mil días de salario, cuando el valor de lo defraudado exceda de tres mil días de salario mínimo.
j Artículo 304: Dos a seis años de prisión a quien:
I.- A quien proporcione o presente documentos falsos ante el Instituto, con la finalidad de obtener, en efectivo o especie, una o más prestaciones que en derecho no le correspondan, sin importar si obtiene el beneficio pretendido.
II.- Mienta intencionalmente sobre su antigüedad de servicio o de cotización ante el Instituto o ante cualquier otra autoridad administrativa o judicial, con la finalidad de obtener un beneficio con ello.
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¿Cuál debe ser la postura de los sindicatos ante los desvíos o retenciones de las cuotas de burócratas?
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La cifra de entidades en esta situación se duplicó en el último año, al pasar de ocho ayuntamientos y organismos con procesos judiciales en febrero de 2014, a un total de 14 el mes pasado. En la lista se encuentran los ayuntamientos de Guadalajara, Autlán, La Barca, Tamazula, Zapotlán el Grande, Chapala, Tala, Mascota y Puerto Vallarta (con su Consejo Municipal del Deporte y el DIF); así como el Instituto de la Juventud de Tonalá, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) y Servicios y Transportes.
Aunque se solicitaron entrevistas con la Sepaf, la Secretaría de Educación, Servicios y Transportes y con los ayuntamientos de Guadalajara y Puerto Vallarta, todos evitaron pronunciarse sobre sus pasivos millonarios.
Luis Enrique Miranda del Río, director jurídico del Ipejal, explica que estas entidades son las que han tenido el mayor atraso y no se han regularizado, “si en un determinado tiempo no cumplen con sus obligaciones se van a proceso judicial”.
La Dirección Jurídica giró a las 14 entidades un oficio “donde se les hace exigible el cumplimiento de sus obligaciones… la idea es que se firme un convenio o se tenga una acción en pago de predios que se desincorporen del patrimonio municipal”.
El funcionario estima que ocho de cada 10 convenios es consecuencia de un proceso judicial, pero “si estos procesos son infructuosos y no se alcanza un convenio, entonces se somete al Consejo Directivo y a otras instancias”.
De las 35 instituciones con deudas, el organismo ha conseguido crear convenios con 15, con lo que pretende recuperar alrededor de 136 millones de pesos con diferentes condiciones en cada caso. El problema es que seis incumplen los acuerdos de pago para saldar sus deudas acumuladas: los ayuntamientos de Tala, Gómez Farías, Tamazula, el Instituto de la Juventud de Tonalá, el Consejo Municipal del Deporte de Tonalá y el Instituto Jalisciense de la Vivienda.
En cambio, entre los que se encuentran cumpliendo los pagos pactados de sus deudas totales o parciales destacan los municipios de Guadalajara, Zapotlán el Grande, Chapala y Tuxpán, entre otros organismos públicos descentralizados.
La capital del Estado, por ejemplo, ha pagado 26 mensualidades con un saldo de 53.3 millones de pesos a la segunda quincena de febrero.
“Lo que tratamos de convenir es precisamente que, de aquí en adelante, la entidad no se atrase en las quincenas corrientes que se le sigan generando, pero en lo que tenga atrasado se hace un convenio de acuerdo con las necesidades y posibilidades de cada dependencia”, explica Miranda del Río.
Con la alcaldía de Tonalá, por ejemplo, se firmó un convenio para liquidar el pasivo con la venta de terrenos municipales. Sin embargo, el Instituto de la Juventud y el Consejo Municipal del Deporte de Tonalá incumplen con los convenios de pago.
LA VOZ DEL EXPERTO
Es urgente una auditoría externa
Luis Ignacio Román Morales (investigador del ITESO).
El académico del Departamento de Economía del ITESO lanza un llamado a generar una auditoría completamente autónoma de los principales procesos de endeudamiento que nunca se debieron haber hecho, pero se debe “contratar a una institución elegida por organizaciones civiles para identificar dónde está la bronca fundamental”.
La segunda recomendación es generar una estrategia de gasto distinta, en la que lo primero que tengan que hacer los gobiernos sea forzosamente cumplir con sus obligaciones de ley. También exhorta a cuidar el manejo de las formas de contratación dentro del sector público, pues parte de lo que puede ocurrir es que se siga generando una recurrencia mayor a la lógica de subcontratación contra el trabajador.
El problema, considera, va más allá de los adeudos ante la seguridad social, “en los últimos años hay una profunda desorganización de las finanzas públicas en buena parte de las entidades y municipios”. Lo anterior tiene que ver con las reticencias del sector público para ser vigilados y supervisados en su deuda completa por parte del Gobierno federal.
Vallarta es el líder
En el primer lugar de la lista, con la deuda más elevada, sobresale el municipio de Puerto Vallarta, con 354 millones de pesos por el retraso de 87 quincenas. Le sigue Tonalá y Guadalajara, con 279 millones cada uno, al no aportar 72 y siete quincenas, respectivamente.
Los tres principales deudores aumentaron sus pasivos con Pensiones en el último año. El que menos lo hizo fue Tonalá, con 46 millones, seguido por Puerto Vallarta, con 74 millones. Guadalajara, en cambio, pasó a deber 279 millones 227 mil pesos al corte de la segunda quincena del mes pasado.
Lo anterior posicionó al municipio entre las entidades que acumulan los mayores retrasos, situación que le acreditó un proceso judicial. Se solicitó entrevista con los ayuntamientos de Puerto Vallarta y Guadalajara, pero las direcciones de Egresos evadieron el tema.
Para Luis Ignacio Román Morales, investigador del ITESO, este tipo de adeudos no deberían existir: “Está prohibido por ley, se debe vigilar con más detalle”.
El problema, añade, es que si los municipios mandaran todas las aportaciones como la ley mandata, “seguramente se reducirían muchísimos recursos que se van hacia las actividades a partir de las cuales se legitiman, como pueden ser obras de infraestructura, obras sociales o de carácter administrativo”.
CUMPLIDAS
De las 14 entidades con proceso judicial, sólo seis tienen convenio, pero la mitad incumple: los municipios de Tala, Tamazula y el Instituto de la Juventud de Tonalá.
AFILIADOS
El Ipejal tiene una población afiliada cercana a los 120 mil trabajadores de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ayuntamientos, magisterio, organismos públicos descentralizados y voluntarios.
En total hay 134 entidades públicas afiliadas.
CONVENIOS
Destaca que suman 134.9 millones de pesos de nueve entidades públicas que tienen convenios con el Ipejal, así como otros 1.4 millones de pesos de seis entidades que incumplen los convenios de pago.
Pasivos de entidades públicas con Ipejal
Segunda quincena de febrero de 2015:
1,370.2 millones de pesos.
Segunda quincena de febrero de 2014:
713.8 millones de pesos.
Aumento: 656.4 millones de pesos
Los 35
Adeudos por aportaciones o retenciones vencidas de entidades públicas patronales
Requeridas de pago
Entidad pública Quincenas vencidas Total (pesos)
Secretaría de Educación --- 117’430,045
Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas --- 94’347,906
Instituto de Formación para el Trabajo 5 8’159,278
Code 1 2’268,124
Secretaría de Desarrollo Rural 2 2,’146,337
Ejecutores fiscales locales --- 1’984,819
Sistecozome 4 1’423,595
Sistecozome (operadores) 4 1’137,372
Instituto Jalisciense de la Vivienda 2 883,005
DIF Guadalajara --- 121,481
Parque Solidaridad --- 248,925
Instituto de la Juventud de Tlaquepaque 28 155,883
Sistema de Transporte Colectivo
de Puerto Vallarta 4 99,889
Ejecutores fiscales foráneos --- 69,573
Ayuntamiento de Gómez Farías 4 66,424
Zapotlán el Grande (Dare) 3 13,819
Consejo de la Judicatura --- 8,122
Ayuntamiento de Casimiro Castillo
(agentes viales) 2 3,591
Industria de Rehabilitación Social --- 3,024
Con proceso judicial
Ayuntamiento de Puerto Vallarta 87 354’095,199
Ayuntamiento de Guadalajara 7 279’227,493
Ayuntamiento de Tonalá* 72 279’777,028
Servicios y Transportes 168 155’755,598
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande 17 27’244,983
Ayuntamiento de Tamazula 18 10’830,616
Secretaría de Finanzas
(Grupo 20 de Policía Auxiliar) 55 7’386,549
Ayuntamiento de Chapala 22 6’378,898
Ayuntamiento de Tala 23 6’343,993
Secretaría de Finanzas
(Grupo 16 Policía Auxiliar) 10 4’588,598
DIF Puerto Vallarta 5 3’766,595
Ayuntamiento de Autlán de Navarro 11 1’921,082
Consejo del Deporte de Puerto Vallarta 15 1’707,224
Ayuntamiento de Mascota (agentes viales) 103 294,133
Instituto de la Juventud de Tonalá 22 256,004
Ayuntamiento de La Barca 15 116,298
* Estaba en proceso judicial, pero ya firmó convenio.
Total de adeudos: 1,370’261,523
Nota: corte a la segunda quincena de febrero.
QUEDA LEY EN LETRA MUERTA
Oculta Ipejal número de burócratas afectados
Los pasivos a Pensiones de las entidades públicas que han desviado o retenido las aportaciones patronales y de servidores públicos crecieron 656.4 millones de pesos en el último año, al pasar de 713.8 millones a mil 370.2 millones de pesos. También aumentó el número de instituciones deudoras de 31 a 35.
— ¿A qué se debe el incremento del monto de los adeudos? ¿Por qué se duplica? —se le cuestiona a Luis Enrique Miranda del Río, director jurídico de Pensiones.
— Son altibajos, de repente la cartera vencida está bastante exorbitante y de repente va a estar abajo. Obedece a cuestiones presupuestales de las dependencias públicas.
— ¿Por qué existen retenciones o desvíos?
— Los municipios ahora, con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, deben ajustarse a ciertas cuestiones. No deberían existir atrasos, pero existen… pueden deberse a estos ajustes contables o a pasivos laborales que las entidades no tenían contemplados. Ese pudiera ser algún supuesto, tendríamos que analizar cada caso en particular, pero en términos generales sería por contingencias no previstas.
El otro problema es que el Instituto no informa sobre el número de servidores públicos afectados por esta práctica irregular, que les impide acceder a los créditos y al conjunto de prestaciones hipotecarias de corto plazo y préstamos de liquidez.
La información se omite en los listados que publica mensualmente sobre los adeudos de entidades públicas: “Tendrías que solicitar a cada una de las 35 dependencias deudoras cuántos trabajadores tiene afiliados a Pensiones”, admite Miranda del Río.
En junio de 2012, la pasada administración del Ipejal sí reveló que 20 ayuntamientos y organismos públicos descentralizados de Jalisco retuvieron o desviaron las cuotas de 19 mil 898 trabajadores. Hoy se omite la información.
De los adeudos que acumulan las entidades públicas tampoco se publica el monto de los pasivos heredados por anteriores administraciones y los que se han venido generando después de esa fecha.
Al respecto, el funcionario aclara que las quincenas vencidas de las entidades pueden corresponder a las nuevas administraciones o a las pasadas, “no estamos obligados a subir así la información”.
Es delito, pero no hay sanciones
Desde julio de 2013, no reportar las cuotas de los burócratas y patrones al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) es un delito que acredita sanciones administrativas y cárcel de tres a 15 años. La novedad es que a casi dos años de las modificaciones al Código Penal ningún caso ha sido consignado. No hay sancionados.
El Instituto está facultado para solicitar a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) la retención de las participaciones federales o estatales a las entidades que incurran en la falta de pago de aportaciones. El problema es que ni Pensiones ni el Gobierno del Estado proporcionaron la lista de entidades a las que se les han retenido sus participaciones desde la aprobación de la reforma.
De las entidades que tienen un proceso judicial, ¿hay alguna sanción en su contra?, se le cuestiona a Luis Enrique Miranda del Río, director jurídico de Pensiones, pero evade la respuesta: “La sanción propiamente ya sería la consecuencia si no se llega a un convenio (con la entidad), ahorita nuestra intención y la instrucción es lograr que se concilie, lograr que podamos regularizar la mayor parte”.
— ¿Por qué no hay ningún sancionado a pesar de que hay incumplidos con procesos judiciales y el incremento de los adeudos?
— Existen convenios y la voluntad de pago por parte de las entidades públicas, si mandáramos oficios y ninguno lo atiende, y si tratáramos de tener un acercamiento y no hay respuesta, pues evidentemente ya hubiera algunas sanciones, pero siempre ha habido respuesta a través de ofrecimientos de pago y convenios.
Sería, dice, “un poco arbitrario presentar denuncias a diestra y siniestra cuando hay una voluntad de regularizarse”. La voluntad, sin embargo, no se refleja en una disminución de los adeudos a Pensiones, pues en el último año estos crecieron 656 millones de pesos. Desde 2009, las deudas están incontrolables.
Los más retrasados
De las 35 entidades públicas que no reportan los pagos patronales y de trabajadores, el organismo público descentralizado Servicios y Transportes es el más retrasado de todos: no ha reportado las cuotas correspondientes desde hace 168 quincenas, por lo que presenta un proceso judicial con pasivos por 155 millones 755 mil pesos.
Le siguen los ayuntamientos de Mascota y Puerto Vallarta, con un total de 103 y 87 quincenas vencidas y montos de 294 mil pesos y 354 millones, respectivamente.
Se buscó al Ayuntamiento de Puerto Vallarta y a Servicios y Transportes, pero también evadieron hablar sobre el tema.
CÓDIGO PENAL
Cárcel y multas
Delitos en materia de seguridad social de los servidores públicos:
Artículo 10: La falta de pago de aportaciones, retenciones, actualizaciones o recargos dará lugar a la ejecución forzosa mediante la retención en aportaciones, participaciones y cualesquiera otros recursos líquidos, que se efectuará a petición del Instituto de Pensiones y se aplicará por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
Artículo 299: Sólo proceden por querella del Instituto de Pensiones. En el caso del delito señalado en Artículo 301, también procede por querella del servidor público afectado por no enterar sus retenciones.
Artículo 300: Cuando el daño, perjuicio o beneficio indebido por los delitos previstos en este título sea cuantificable, el Instituto lo hará en la querella.
Artículo 302: Se impondrán de tres a 10 años de prisión a los funcionarios públicos de las entidades públicas patronales que no enteren las retenciones realizadas a los servidores públicos, dentro de los plazos que señala la Ley del Instituto de Pensiones, salvo que exista convenio que les otorgue alguna prórroga o mecanismo de pago alterno.
Artículo 303: A quienes obtengan del Instituto, mediante engaño o el aprovechamiento del error, para sí o para otro, en efectivo o en especie, una o más prestaciones a las que no tengan derecho, así como a los servidores públicos de las entidades patronales que participen con los afiliados, pensionados beneficiarios en la obtención de dichas prestaciones, se les impondrán las siguientes penas:
I: De uno a tres años de prisión y multa por 50 a 500 días de salario mínimo, cuando el valor de lo defraudado no exceda del importe de 500 días de salario mínimo.
II: De dos a 10 años de prisión y multa por el importe de 200 a 3,000 días de salario, cuando el valor de los defraudado exceda de 500 días de salario, pero no exceda de tres mil días de salario mínimo.
III: De cuatro a 15 años de prisión y multa por mil a 10 mil días de salario, cuando el valor de lo defraudado exceda de tres mil días de salario mínimo.
j Artículo 304: Dos a seis años de prisión a quien:
I.- A quien proporcione o presente documentos falsos ante el Instituto, con la finalidad de obtener, en efectivo o especie, una o más prestaciones que en derecho no le correspondan, sin importar si obtiene el beneficio pretendido.
II.- Mienta intencionalmente sobre su antigüedad de servicio o de cotización ante el Instituto o ante cualquier otra autoridad administrativa o judicial, con la finalidad de obtener un beneficio con ello.
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