Jalisco
La libertad ganada de Vizcarra Mayorga
CRÓNICA NEGRA
Nunca el
Ayuntamiento de Tonalá generó tanta tinta en las redacciones de los periódicos como después de la mañana del 24 de abril, en que una sesión de cabildo convocada más temprano que de costumbre, a las 8:00 de la mañana fue drásticamente cerrada con el fuerte golpe de dos puñetazos en la mesa por el presidente municipal,
Jorge Vizcarra Mayorga. La reacción furibunda fue provocada cuando le anunciaron al oído que su director de Mejoramiento urbano y Servicios Generales, Carlos Romo Guízar había sido sacudido por golpes más contundentes que los que vertió en la mesa: 14 casquillos de calibre 38 súper. Cuatro esquirlas y cuatro proyectiles, fueron encontrados alrededor del cuerpo que yacía a las afueras de su casa, en el cruce de las calles Trinchera y Adelitas, en la colonia Francisco Villa.
La distancia entre el domicilio de Romo Guízar y la camioneta, propiedad de su jefe Jorge Vizcarra, estacionada a las afueras de su casa, no fue suficiente para que pudiera librarse de que dos individuos que viajaban en un automotor Cavalier en color blanco, le asestaran los disparos que darían forma a la primera parte del capítulo de la novela tonalteca cuyos momentos más cruciales después del asesinato del director de Mejoramiento urbano ocurrieron el 3 de septiembre del 2008, cuando apresan por presunta autoría intelectual al presidente municipal, y exactamente un año después, el mismo tres de septiembre pero del 2009, cuando le fue concedido el amparo que interpuso ante el Primer Tribunal Colegiado contra el auto de formal prisión.
Si hubiera una canción de corrido sobre el caso Vizcarra, la fecha del 3 de septiembre jugaría un lugar importante no sólo por ser el momento en que fue detenido y puesto en libertad, sino también por tratarse del cumpleaños del ahora presidente municipal de Tonalá depuesto. El mismo 3 de septiembre, pero del 2007, cinco meses después del asesinato de Romo Guízar, y en medio de una investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en su contra como autor intelectual del crimen, Vizcarra Mayorga festejó su cumpleaños número 34 sin escatimar en la celebración a la que acudieron personalidades de la política estatal y el espectáculo, tocaron bandas y autores reconocidos de música vernácula.
Como era de esperarse, la polémica en torno a esa celebración levantó más polvo que las calles del municipio más pobre de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Trabajadores del Ayuntamiento, cercanos a Vizcarra ya habían sido procesados, y la mira de la Procuraduría se cernía ahora sobre éste y su secretario general, Ricardo Sigala Orozco, quien puede ser considerado como la última pieza del rompecabezas tras su, hasta ahora, indescifrable paradero como prófugo de la justicia. Los móviles del asesinato se referían al control del municipio y máquinas tragamonedas que al amparo de la permisibilidad del Ayuntamiento, operaban generando jugosas ganancias para sus propietarios, pero también, al vínculo con el crimen organizado y narcomenudeo.
No era poca cosa. El mismo 25 de abril en que la noticia del asesinato aparecía en todos los medios de circulación local, el grueso expediente de Carlos Romo Guízar fue dado a conocer por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia: abuso de confianza, encubrimiento, despojo, robo de vehículos y fraude, habían sido algunas de las causas por las que fue en múltiples ocasiones procesado y posteriormente puesto en libertad; además de que el funcionario público, quien nació el 6 de diciembre de 1958, también se hacía llamar José Carlos o Juan Carlos y que – aseguró en su momento la administración de Tonalá- al ingresar como trabajador, mostró su carta de no antecedentes penales.
Además, funcionarios tonaltecas, con anterioridad a ese 24 de abril, ya habían ventilado ante medios de comunicación agresiones en su contra por parte de “gente desconocida”; como Leonel Andrade Padilla, síndico del Ayuntamiento, y quien aseguraba ser golpeado al llegar a su domicilio, Ricardo Sígala Orozco, recibió llamadas anónimas y coronas de muerto en su casa, a Miguel Ángel Vallejo Arizpe, director de Padrón y Licencias, le incendiaron su vehículo y a Iván Antonio Peña Rocha, contralor municipal, le rompieron los cristales de su casa a pedradas. Lo cual no impidió que todos, finalmente fueran procesados por la procuraduría. En los saldos negros, con posterioridad al crimen, Francisco Javier Grajeda Castillo de 36 años de edad, director jurídico de la Policía municipal, fue acribillado a las afueras de su domicilio.
Sin embargo, los más importantes eran Vizcarra y Sigala, sobre todo cuando de manera repentina, dejaron de aparecer físicamente y tras la orden de arresto de la PGJEJ, se convirtieron en “prófugos de la justicia” durante meses, hasta que el 3 de septiembre del 2008 fue encontrado en Texas, Estados Unidos y deportado a México; convirtiéndose en uno de los personajes más nombrados en la esfera pública. Durante los meses de desaparición de Vizcarra, su imagen no dejó de ser noticia. Aparecían filtraciones en diarios sobre supuestas negociaciones entre el ex presidente de Tonalá y su partido, Acción Nacional para entregarse a la Procuraduría. En momentos incluso, se le dio por muerto.
No sólo era el primer presidente municipal tonalteca emanado del panismo con un espacio en una celda en el Penal de Puente Grande, sino – para muchos- el ejemplo de que el crimen organizado ya había penetrado niveles de gobierno de manera preocupante.
Pero el procedimiento legal que emprendía Vizcarra desde su celda en Puente Grande a través de su abogado, daba resultados a cuentagotas. En febrero pasado, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal ya le había concedido un amparo en contra del auto de formal prisión tras considerar la falta de elementos suficientes para sustentar un juicio por el delito de homicidio, y sólo era cuestión de tiempo para que el primer Tribunal Colegiado lo ratificara. Lo hizo, el dos de septiembre, justamente un día antes del cumpleaños del ex alcalde tonalteca.
La distancia entre el domicilio de Romo Guízar y la camioneta, propiedad de su jefe Jorge Vizcarra, estacionada a las afueras de su casa, no fue suficiente para que pudiera librarse de que dos individuos que viajaban en un automotor Cavalier en color blanco, le asestaran los disparos que darían forma a la primera parte del capítulo de la novela tonalteca cuyos momentos más cruciales después del asesinato del director de Mejoramiento urbano ocurrieron el 3 de septiembre del 2008, cuando apresan por presunta autoría intelectual al presidente municipal, y exactamente un año después, el mismo tres de septiembre pero del 2009, cuando le fue concedido el amparo que interpuso ante el Primer Tribunal Colegiado contra el auto de formal prisión.
Si hubiera una canción de corrido sobre el caso Vizcarra, la fecha del 3 de septiembre jugaría un lugar importante no sólo por ser el momento en que fue detenido y puesto en libertad, sino también por tratarse del cumpleaños del ahora presidente municipal de Tonalá depuesto. El mismo 3 de septiembre, pero del 2007, cinco meses después del asesinato de Romo Guízar, y en medio de una investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en su contra como autor intelectual del crimen, Vizcarra Mayorga festejó su cumpleaños número 34 sin escatimar en la celebración a la que acudieron personalidades de la política estatal y el espectáculo, tocaron bandas y autores reconocidos de música vernácula.
Como era de esperarse, la polémica en torno a esa celebración levantó más polvo que las calles del municipio más pobre de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Trabajadores del Ayuntamiento, cercanos a Vizcarra ya habían sido procesados, y la mira de la Procuraduría se cernía ahora sobre éste y su secretario general, Ricardo Sigala Orozco, quien puede ser considerado como la última pieza del rompecabezas tras su, hasta ahora, indescifrable paradero como prófugo de la justicia. Los móviles del asesinato se referían al control del municipio y máquinas tragamonedas que al amparo de la permisibilidad del Ayuntamiento, operaban generando jugosas ganancias para sus propietarios, pero también, al vínculo con el crimen organizado y narcomenudeo.
No era poca cosa. El mismo 25 de abril en que la noticia del asesinato aparecía en todos los medios de circulación local, el grueso expediente de Carlos Romo Guízar fue dado a conocer por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia: abuso de confianza, encubrimiento, despojo, robo de vehículos y fraude, habían sido algunas de las causas por las que fue en múltiples ocasiones procesado y posteriormente puesto en libertad; además de que el funcionario público, quien nació el 6 de diciembre de 1958, también se hacía llamar José Carlos o Juan Carlos y que – aseguró en su momento la administración de Tonalá- al ingresar como trabajador, mostró su carta de no antecedentes penales.
Además, funcionarios tonaltecas, con anterioridad a ese 24 de abril, ya habían ventilado ante medios de comunicación agresiones en su contra por parte de “gente desconocida”; como Leonel Andrade Padilla, síndico del Ayuntamiento, y quien aseguraba ser golpeado al llegar a su domicilio, Ricardo Sígala Orozco, recibió llamadas anónimas y coronas de muerto en su casa, a Miguel Ángel Vallejo Arizpe, director de Padrón y Licencias, le incendiaron su vehículo y a Iván Antonio Peña Rocha, contralor municipal, le rompieron los cristales de su casa a pedradas. Lo cual no impidió que todos, finalmente fueran procesados por la procuraduría. En los saldos negros, con posterioridad al crimen, Francisco Javier Grajeda Castillo de 36 años de edad, director jurídico de la Policía municipal, fue acribillado a las afueras de su domicilio.
Sin embargo, los más importantes eran Vizcarra y Sigala, sobre todo cuando de manera repentina, dejaron de aparecer físicamente y tras la orden de arresto de la PGJEJ, se convirtieron en “prófugos de la justicia” durante meses, hasta que el 3 de septiembre del 2008 fue encontrado en Texas, Estados Unidos y deportado a México; convirtiéndose en uno de los personajes más nombrados en la esfera pública. Durante los meses de desaparición de Vizcarra, su imagen no dejó de ser noticia. Aparecían filtraciones en diarios sobre supuestas negociaciones entre el ex presidente de Tonalá y su partido, Acción Nacional para entregarse a la Procuraduría. En momentos incluso, se le dio por muerto.
No sólo era el primer presidente municipal tonalteca emanado del panismo con un espacio en una celda en el Penal de Puente Grande, sino – para muchos- el ejemplo de que el crimen organizado ya había penetrado niveles de gobierno de manera preocupante.
Pero el procedimiento legal que emprendía Vizcarra desde su celda en Puente Grande a través de su abogado, daba resultados a cuentagotas. En febrero pasado, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal ya le había concedido un amparo en contra del auto de formal prisión tras considerar la falta de elementos suficientes para sustentar un juicio por el delito de homicidio, y sólo era cuestión de tiempo para que el primer Tribunal Colegiado lo ratificara. Lo hizo, el dos de septiembre, justamente un día antes del cumpleaños del ex alcalde tonalteca.
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